El Govern balear afronta semanas decisivas para ordenar el futuro del transporte público discrecional en Baleares. La moratoria a la concesión de nuevas licencias de taxi y VTC expira el próximo 22 de febrero y el Ejecutivo autonómico trabaja contrarreloj para aprobar el nuevo reglamento del sector y evitar una nueva prórroga, en un contexto marcado por la inseguridad jurídica, la presión judicial y la creciente tensión entre taxis y vehículos de transporte con conductor.
La urgencia no es solo normativa. Antes de la entrada en vigor de la moratoria autonómica, varios ayuntamientos del archipiélago habían iniciado trámites para conceder nuevas licencias fijas de taxi, una circunstancia que añade presión al calendario del Govern y al debate sobre el modelo de crecimiento del sector.
El escenario actual es el resultado de un largo proceso normativo y judicial. El punto de partida se sitúa en 2018, con la aprobación del conocido como decreto Ábalos, que mantuvo las licencias VTC como autorizaciones de ámbito nacional, pero permitió a las comunidades autónomas regular cómo y en qué condiciones se presta el servicio en su territorio. A este marco se sumó una sentencia europea de junio de 2023 que cuestionó el histórico ratio de una VTC por cada 30 taxis y puso en entredicho la posibilidad de limitar el número de autorizaciones como se había hecho hasta entonces.
Cuando el actual Govern asumió el Ejecutivo autonómico en julio de 2023 se encontró con un escenario especialmente delicado: más de 10.000 solicitudes de licencias VTC pendientes en un archipiélago que cuenta con alrededor de 750 autorizaciones VTC en vigor y cerca de 3.300 taxis. “Para un territorio insular, limitado y protegido como el nuestro, eso es una auténtica avalancha”, advierte la directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, en una entrevista concedida a Mallorca diario.
Según explica Del Valle, mientras no entre en vigor el nuevo reglamento, la tramitación de nuevas autorizaciones permanece suspendida, apoyándose en la Ley del Taxi y las VTC aprobada en febrero de 2024. El Govern confía en que este marco legal, junto con el reglamento que se encuentra en su fase final de elaboración, permita gestionar el elevado volumen de solicitudes pendientes con criterios de movilidad, sostenibilidad y capacidad del territorio.
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El reglamento se encuentra actualmente a la espera del dictamen del Consell Consultiu, un trámite que el Ejecutivo considera clave para validar su competencia en una materia con fronteras competenciales complejas. El Govern analiza ahora las observaciones del órgano consultivo con el objetivo de introducir los ajustes necesarios antes de llevar el texto al Consell de Govern, con la intención de aprobarlo antes de que finalice la moratoria, a finales de febrero.
Uno de los puntos más sensibles es la posibilidad de fijar un techo máximo de vehículos por isla, sumando taxis y VTC. Del Valle recuerda que un límite de este tipo podría requerir rango legal, pero subraya que cualquier crecimiento deberá basarse en criterios objetivos como la congestión viaria, el impacto medioambiental y el interés general. “Baleares no puede crecer de forma ilimitada”, sostiene.
El Consell Consultiu también ha señalado la necesidad de concretar con mayor precisión la prohibición de que las VTC circulen sin pasajeros para captar clientes. Desde Mobilitat insisten en que la normativa ya prohíbe expresamente el deambular y el estacionamiento en zonas de gran afluencia sin un servicio previamente contratado, y que las observaciones se incorporarán para reforzar la claridad jurídica y facilitar las labores de inspección.
A este contexto se suma la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), que obliga al Govern a tramitar alrededor de 600 licencias VTC denegadas en 2022. La directora general aclara que el fallo no obliga a concederlas, sino a tramitarlas conforme al marco legal vigente, que ya contempla criterios de capacidad territorial, sostenibilidad y congestión del tráfico.
Con el debate entre taxi y VTC cada vez más crispado y con amenazas de movilización por parte de parte del sector del taxi, el Govern defiende un modelo basado en la regulación y el equilibrio. “Regular no es prohibir”, concluye Del Valle. “Es ordenar, dar seguridad jurídica y establecer reglas claras. En un territorio insular y limitado como Baleares, la regulación es la única vía para proteger el interés general y rebajar la tensión”.
