Ibiza ha perdido 22 guardias civiles tras el último movimiento nacional de vacantes resuelto este febrero, al marcharse 27 agentes y llegar únicamente 5, de los que cuatro lo hacen de forma forzosa y solo están obligados a permanecer un año, según denuncia la asociación profesional JUCIL en un comunicado difundido este 25 de febrero.
La organización alerta de que esta salida de efectivos se produce en un momento de creciente presión poblacional, turística y migratoria en Baleares, un escenario que, a su juicio, compromete la seguridad en las islas.
En el conjunto del archipiélago, Baleares pierde 70 agentes “desde ayer”, tras la resolución de las 165 vacantes ofertadas en el movimiento nacional del pasado noviembre, detalla JUCIL.
La asociación subraya que “mientras 85 agentes han obtenido destino fuera de las islas, solo se ha logrado atraer a 15 nuevos efectivos”, lo que, en su balance, refleja un saldo negativo que agrava el déficit estructural de personal en el territorio insular.
En el caso concreto de Ibiza, la situación resulta especialmente sensible. De los cinco nuevos agentes destinados a la isla, cuatro llegan de manera forzosa, circunstancia que implica que, transcurrido un año, podrían solicitar su traslado.
Desde JUCIL precisan que la peor parte, en cuanto a municipios, se la llevan en primer lugar Sant Josep y después Sant Antoni, al ser los que más efectivos pierden en esta reorganización interna.
Por su parte, Formentera queda en tablas en términos numéricos —se marcha un agente y llega otro—, aunque la asociación advierte de que siguen sin cubrirse las 19 plazas que se ampliaron en la isla menor de las pitiusas. Este dato, sostienen, mantiene la presión sobre una plantilla que ya consideraban ajustada antes de los últimos movimientos.
«La vivienda es el principal obstáculo»
JUCIL vincula esta pérdida de efectivos con “el inasumible coste de la vida en Baleares, con el acceso a la vivienda como principal obstáculo”, y señala que “la solución pasa inevitablemente por la actualización del plus de insularidad”.
La asociación recuerda que, tras meses de anuncios sobre un modelo específico para Baleares, se ha producido, a su entender, una equiparación con Canarias que deja fuera determinados complementos.
Además, el sindicato profesional enmarca la situación en un contexto que considera de “presión sin precedentes”, marcado por un aumento demográfico de más de 400.000 nuevos habitantes estables en pocos años, una elevada población flotante durante la temporada turística y el incremento de llegadas de inmigrantes irregulares por vía marítima.
En este escenario, concluyen, la reducción de plantilla en Ibiza y el conjunto de Baleares contradice la necesidad de refuerzo que, a su juicio, exigen los datos de criminalidad publicados recientemente por el Ministerio del Interior.
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