Airbnb ha anunciado que presentará un recurso de reposición contra la multa de casi 64 millones de euros que le impuso el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en diciembre de 2025, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya rechazado suspender cautelarmente la sanción.
La plataforma había solicitado paralizar el pago hasta que se resolviera el fondo del litigio, pero el tribunal ha denegado esta petición, lo que supone un revés para la compañía en el procedimiento judicial en curso.
En un comunicado, Airbnb ha calificado la multa de “contraria al marco legal español y europeo” y ha subrayado que la decisión del TSJM es “puramente procedimental”, ya que no entra a valorar el fondo del caso, que sigue su curso en los tribunales.
La empresa defiende que ha cumplido “en todo momento” con la normativa vigente en España y asegura haber colaborado con las autoridades desde la entrada en vigor de la nueva regulación sobre alquileres de corta duración.
Más de 65.000 anuncios retirados
La sanción fue impuesta por el Ministerio de Consumo tras detectar lo que considera “prácticas comerciales desleales” en la plataforma. En concreto, identificó 65.122 anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, que fueron retirados en julio de 2025.
Además, el departamento que dirige Pablo Bustinduy señaló que Airbnb publicó anuncios con números de licencia incorrectos o que no se correspondían con los registros oficiales, así como anuncios sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que constituye, a su juicio, publicidad engañosa.
Por estos hechos, Consumo calificó la infracción como grave y fijó una multa de 63,98 millones de euros. La compañía recurrió la sanción ante la justicia, lo que suspendió temporalmente su pago hasta la resolución del proceso.
Consumo defiende la sanción
Tras conocerse la decisión del TSJM, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha defendido la actuación de su departamento y ha señalado que “ninguna empresa está por encima de la ley ni de los consumidores”.
En declaraciones al programa La hora de La 1, el ministro ha asegurado que la resolución judicial refuerza ese principio, subrayando que la sanción marca un cambio de enfoque frente a la “inacción” que, a su juicio, se había producido en otras administraciones.
Bustinduy ha criticado en este sentido la gestión del Ayuntamiento de Madrid durante el mandato de José Luis Martínez-Almeida, al que ha acusado de “jactarse de no hacer nada” ante la existencia de unos 15.000 pisos turísticos ilegales en la capital.
El procedimiento judicial continúa ahora su curso, a la espera de que se resuelva el recurso presentado por Airbnb y se entre a valorar el fondo de la sanción impuesta por Consumo.
