El Govern balear ha aprobado un decreto ley con un amplio paquete de medidas para hacer frente al impacto económico de la guerra en Oriente Medio, que incluye ayudas directas, apoyo financiero y medidas fiscales dirigidas a empresas, familias y sectores estratégicos.
El plan, validado este miércoles en un Consell de Govern extraordinario, busca contener las consecuencias económicas del conflicto en las Islas, en un contexto en el que el Ejecutivo autonómico advierte de que la crisis persistirá incluso si la guerra finaliza a corto plazo.
El portavoz del Govern y conseller de Economía, Antoni Costa, ha alertado de que “aunque mañana se acabara la guerra, esto es una indigestión de primera magnitud”, en referencia al impacto prolongado que tendrá en la economía.
Apoyo a empresas y autónomos
El decreto incluye un bloque centrado en reforzar la liquidez de empresas y autónomos mediante líneas de crédito, con el objetivo de sostener la actividad económica ante el aumento de costes.
Además, se activan ayudas directas dirigidas a los sectores más afectados, entre ellos el sector primario, el transporte y actividades vinculadas a la industria, la construcción y el comercio.
El Ejecutivo también ha puesto el foco en la rapidez de las convocatorias, asegurando que las consellerias deberán activar las ayudas en un plazo máximo de dos meses para que lleguen cuanto antes a los beneficiarios.
Medidas fiscales y alivio para familias
Entre las medidas fiscales, el Govern recupera una deducción autonómica en el IRPF para compensar el aumento de las hipotecas a tipo variable, con el objetivo de aliviar la carga financiera de las familias.
Asimismo, el decreto contempla bonificaciones en tasas portuarias y medidas específicas para sectores como la pesca, en un intento de reducir los costes derivados del contexto internacional.
El Ejecutivo también ha incluido una subida salarial del 1,5% para los empleados públicos, con efectos retroactivos desde el inicio del año.
Obra pública y estabilidad económica
Otro de los ejes del plan es la revisión de precios en contratos de obra pública y servicios, con el fin de garantizar su viabilidad ante el encarecimiento de materiales y costes.
El Govern ha reconocido su preocupación por el impacto que la crisis pueda tener en proyectos como la vivienda pública, reclamando al Estado mayor margen de actuación en la normativa de contratos.
Consenso político y nuevas medidas sociales
El Ejecutivo confía en lograr un amplio respaldo parlamentario para la convalidación del decreto, tras el apoyo adelantado de varios grupos políticos.
En paralelo, ya trabaja en un segundo paquete centrado en el ámbito social, con reuniones previstas con entidades y agentes del sector para reforzar la protección de los colectivos más vulnerables.
Impacto creciente en la economía
Este plan se enmarca en un escenario en el que el encarecimiento de la energía, el transporte y las materias primas ya está afectando a empresas y familias en Baleares, con especial incidencia en territorios como Ibiza por su doble insularidad.
El Govern asume que las consecuencias del conflicto no serán inmediatas ni limitadas en el tiempo, sino que tendrán un efecto prolongado sobre la economía de las islas, lo que justifica la adopción de medidas urgentes y extraordinarias.
