El Consell de Ibiza ha eliminado más de 1.500 anuncios de viviendas turísticas ilegales de las plataformas digitales desde el pasado 1 de enero, según el balance ofrecido por el director insular de Lucha contra el Intrusismo, Enrique Gómez Bastida. La cifra confirma que la presión sobre el mercado de alquiler turístico ilegal en Ibiza se mantiene en niveles muy altos en este inicio de 2026, aunque con una diferencia clave respecto al año pasado: ahora la detección y el bloqueo se producen de forma prácticamente inmediata, lo que impide que la oferta ilegal se asiente en las plataformas.
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El grado de cumplimiento normativo en los anuncios publicados se sitúa actualmente entre el 98% y el 99% en Airbnb y Booking, las dos principales plataformas, mientras que en Vrbo alcanza ya el 85% y se espera cerrar la temporada en niveles similares a los de las otras dos. Las tres plataformas concentran aproximadamente el 75% del mercado mundial del alquiler vacacional, lo que las convierte en el escenario decisivo para el control de la oferta ilegal. «Se imitan números de registro válidos, se copian los de otros alojamientos que son legales, se trata de simular la legalidad. El anuncio cumple las características, pero lo que están publicitando es fraudulento», adivirtió no obstante Gómez Bastida en una entrevista en Radio Ibiza.
Desde el arranque de la temporada, el 1 de abril, la media diaria de solicitudes de bloqueo se sitúa en torno a 25 anuncios, según explicó el responsable insular. Lejos de leerse como un mal dato, el Consell interpreta esa presión sostenida como una señal positiva: «Que siga habiendo una presión muy alta en las plataformas es que no están encontrando canales de comercialización alternativos con suficiente penetración en el mercado emisor», explicó Gómez Bastida. La lectura institucional es que los operadores irregulares no han logrado migrar masivamente a redes sociales, aplicaciones de mensajería o circuitos menos visibles, porque las grandes plataformas siguen siendo el único canal con alcance suficiente para captar a un cliente extranjero.
Más sanciones
La vía sancionadora también ha experimentado un salto cualitativo. En el segundo semestre de 2025, el Consell modificó la instrucción de los expedientes para iniciarlos por la cifra media de 275.000 euros, con orden de cese de actividad y clausura, en lugar de hacerlo por la mínima de 40.000 euros previa a la reforma legal. El cambio no solo aumenta la presión recaudatoria —la institución acumula más de un millón de euros en sanciones en cada uno de los últimos dos ejercicios—, sino que permite dirigir el expediente directamente al propietario del inmueble, evitando la dependencia de los datos que faciliten las plataformas sobre los anfitriones, datos que, según reconoce Gómez Bastida, «no necesariamente son verídicos ni son reales».
El volumen de expedientes también marca un cambio de escala. El año récord histórico anterior se situaba en 80 expedientes, y en los últimos doce meses se han superado los 260, con el objetivo declarado de alcanzar los 300 anuales mientras existan infracciones que perseguir. A ello se suma una reducción drástica del tiempo de tramitación: si hasta hace poco se estaban iniciando expedientes correspondientes a infracciones detectadas en 2023, ahora el periodo se ha reducido a un tercio y la apertura puede producirse en cuestión de una semana. El objetivo es que, al cierre de la temporada, el plazo entre la detección de una irregularidad y la apertura del expediente sea inferior a diez días, lo que permitiría adoptar medidas cautelares —incluida la cancelación de reservas— sobre las propias viviendas durante la temporada en curso.
Una muestra de 120 expedientes analizada por la Oficina de Lucha contra el Intrusismo revela que aproximadamente el 50% corresponde a propietarios que comercializan directamente sus viviendas de forma irregular. El resto se reparte entre arrendatarios que subarriendan con conocimiento o no del propietario, comercializadores profesionales y otras fórmulas. Aparecen también perfiles claramente organizados que reutilizan textos, imágenes y números de registro, e incluso casos de cuentas que cargan más de 50 anuncios en cuestión de minutos con la misma fotografía repetida en distintas ubicaciones del sur de Europa, en lo que apunta más a estafa pura que a alquiler turístico encubierto.
Otro dato relevante de cara al debate sobre el acceso a la vivienda en la isla: cuando el Consell dirige el expediente al propietario, una parte significativa de los inmuebles afectados acaba derivando hacia el alquiler residencial anual. «Estamos encontrando que en esas viviendas, cuando comprobamos lo que hay, es un contrato anual», confirmó Gómez Bastida, que matiza sin embargo que el trasvase de uso turístico a residencial «no va a afectar al mercado de vivienda» porque el volumen del parque residencial es muy superior. El objetivo, insistió, «no es la recaudación, sino que no se produzca la actividad ilegal», y el indicador final del éxito no estará en los anuncios retirados sino en el índice de presión humana, que mide la saturación real del destino. La temporada pasada, según el sistema de inteligencia turística del Consell, el control de la oferta ilegal se tradujo en 1,3 millones de pernoctaciones ilegales menos en la isla.
