La investigación judicial que tiene como principal protagonista a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de incorporar un nuevo frente. El juez Juan Carlos Peinado, encargado de instruir la causa, ha decidido abrir una pieza separada para investigar un presunto delito de prevaricación y otro de fraude a los intereses de la Unión Europea relacionados con un contrato adjudicado a una empresa vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés.
La decisión llega apenas días después de que el magistrado celebrara una audiencia preliminar sobre la parte principal del procedimiento, en la que analiza si existen elementos suficientes para que Gómez se siente en el banquillo por presuntos delitos de malversación, corrupción en los negocios, tráfico de influencias y apropiación indebida. Aunque esta nueva actuación judicial no implica una acusación formal ni supone una conclusión sobre la existencia de nuevos delitos, sí amplía el alcance de una investigación que continúa generando repercusiones políticas y judiciales.
Una nueva pieza separada dentro del procedimiento
La apertura de esta nueva línea de investigación se produce tras la recepción de documentación remitida por la Fiscalía Europea. El foco se sitúa sobre un contrato adjudicado por la entidad pública Red.es a una unión temporal de empresas (UTE) integrada por Innova Next, propiedad de Juan Carlos Barrabés, y la consultora KPMG. Según las actuaciones conocidas, el expediente tendría un valor aproximado de cuatro millones de euros.
La resolución emitida por Peinado es breve, pero formaliza la creación de una pieza separada destinada exclusivamente al análisis de esa adjudicación. Dentro de esta nueva rama de la investigación aparecen como investigados Juan Carlos Barrabés, Begoña Gómez y Cristina Álvarez, asesora de Gómez en La Moncloa.
Qué sospechas analiza el juez
La decisión del magistrado se apoya en información procedente de la Fiscalía Europea, organismo que ya había mostrado interés por este contrato. Según consta en la documentación incorporada a la causa, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó posibles irregularidades en el proceso de valoración de la oferta presentada por la UTE formada por Innova Next y KPMG.
La Fiscalía Europea sostiene que del informe policial «se desprende» que durante el proceso de adjudicación se habría ignorado deliberadamente la inexistencia de un libro blanco exigido como requisito dentro de los pliegos de contratación. Ese elemento resultaba relevante dentro de los criterios de valoración utilizados para otorgar puntuaciones a los licitadores. La UTE obtuvo la máxima calificación en ese apartado y finalmente resultó adjudicataria del contrato.
La intervención de la Fiscalía Europea
La Fiscalía Europea mantenía abierta una investigación sobre diversos contratos adjudicados a empresas vinculadas a Barrabés. Dentro de esas pesquisas, Begoña Gómez compareció como testigo el pasado mes de mayo. Durante su declaración aseguró que nunca habló con miembros del Gobierno sobre concesiones públicas relacionadas con las compañías del empresario.
Posteriormente, la Fiscalía Europea decidió ampliar el alcance de sus investigaciones para incluir este contrato concreto adjudicado por Red.es. Sin embargo, la decisión fue recurrida por Barrabés ante la Audiencia Nacional.
La resolución de la Audiencia Nacional
El pasado 4 de junio, la Audiencia Nacional estimó el recurso presentado por el empresario. El tribunal anuló la ampliación de la investigación impulsada por la Fiscalía Europea y cuestionó algunos aspectos relacionados con la competencia del organismo comunitario para intervenir en este expediente.
Según el magistrado Antonio Piña, existían dudas acerca de que el contrato hubiera sido financiado con fondos europeos. De hecho, la resolución señala que la Abogacía del Estado acreditó documentalmente que la adjudicación no se financió con recursos procedentes de la Unión Europea. Además, la Audiencia Nacional recordó que ese contrato ya había formado parte de la investigación principal dirigida por Peinado.
La vía que permitió reactivar las pesquisas
Pese a revocar la actuación de la Fiscalía Europea, la Audiencia Nacional dejó abierta una posibilidad relevante. El tribunal sostuvo que la ausencia de referencias a este contrato en la resolución principal de Peinado no podía interpretarse como un archivo definitivo de los hechos.
«La no existencia de mención en el auto de transformación no se puede equiparar a un sobreseimiento provisional o libre«, señaló el órgano judicial. Esa precisión jurídica permitió que la documentación regresara al juzgado de Peinado. Ahora, el magistrado ha decidido utilizar esa vía para abrir una investigación específica centrada exclusivamente en esta adjudicación.
La posición de Begoña Gómez
Fuentes cercanas a Begoña Gómez insisten en que la esposa del presidente del Gobierno no mantiene ninguna vinculación con el contrato objeto de análisis. Según esas mismas fuentes, no existe siquiera una carta de recomendación relacionada con esa adjudicación.
La defensa mantiene que Gómez nunca intervino en los procedimientos de contratación analizados por la Fiscalía Europea. No obstante, su nombre vuelve a aparecer dentro de una investigación judicial que sigue ampliándose. La nueva pieza separada obliga ahora a realizar nuevas diligencias, solicitar informes y analizar documentación adicional.
La espera por la decisión sobre el juicio
Mientras tanto, las partes continúan pendientes de una resolución fundamental. Tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes, el juez debe decidir si procede abrir juicio oral contra Begoña Gómez por los cuatro delitos investigados en la pieza principal o si acuerda el archivo de las actuaciones. Las defensas consideran improbable la segunda opción.
También está pendiente de resolución la solicitud planteada por la acusación popular, encabezada por Hazte Oír, para que se retirara el pasaporte a Gómez. Esa petición incluye además la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer periódicamente ante un juzgado cada quince días.
Los cuatro delitos de la investigación principal
La parte central de la causa continúa girando alrededor de cuatro posibles delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. La tesis principal sostenida por el juez es que Begoña Gómez habría aprovechado su posición como esposa del presidente del Gobierno para impulsar su actividad profesional. Asimismo, la investigación analiza el papel desempeñado por Cristina Álvarez, asesora en La Moncloa, en determinadas actividades desarrolladas por Gómez.
Peinado ha llegado a comparar la presunta trama investigada con situaciones propias de otras épocas históricas. En una resolución dictada en abril afirmó: «Por mucho que se busque […] no podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado».
