La Asociación Hotelera de Formentera ha vuelto a alzar la voz contra el Govern balear en el conflicto de los servicios de playa, esta vez con un pronunciamiento notablemente más contundente que el emitido a mediados de mayo. La patronal exige el desbloqueo inmediato de los servicios y denuncia lo que considera «la incoherencia de la política litoral» del Ejecutivo autonómico, señalando por primera vez de forma explícita un agravio comparativo con Mallorca a raíz de la Ley Ómnibus aprobada el pasado 14 de junio.
El pronunciamiento llega coincidiendo con el inicio oficial de la temporada alta y con el Govern sin haber respondido, tres semanas después, al recurso presentado por el Consell Insular de Formentera contra la eliminación de 18 lotes de servicios de playa por parte de la Dirección General de Costas y Litoral.
El presidente de la Asociación Hotelera de Formentera, Juan Manuel Costa, califica la falta de respuesta del Govern como «profundamente irresponsable e inaceptable». A juicio de la patronal, «el silencio del Govern no es neutro, sino que refleja una decisión política de no revisar una resolución que afecta de forma directa al principal motor económico de la isla».
El agravio con Mallorca: Ley Ómnibus vs. OCAMAT
El núcleo del nuevo comunicado apunta a una comparación directa entre el trato que reciben las playas de una isla y otra. La normativa OCAMAT (Ordenación de la Ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre) es la norma autonómica que fija distancias mínimas, superficies máximas y criterios ambientales para los servicios de temporada en las playas. Los hoteleros denuncian que la Ley Ómnibus, aprobada por el Govern el pasado 14 de junio, ha relajado parte de esos límites en Mallorca, permitiendo mayor ocupación y la ampliación de chiringuitos mediante la reducción de distancias y el aumento de las superficies autorizadas.
En Formentera, en cambio, la misma normativa se aplica «de forma mucho más restrictiva para recortar o denegar servicios de playa», según el comunicado, lo que a juicio de la Asociación «crea un agravio comparativo evidente entre islas». La conclusión de Costa es directa: «No se trata de un olvido, sino de una decisión política que sitúa a Formentera en una posición de desigualdad».
Por ello, la patronal exige que la normativa OCAMAT se modifique en Formentera «en los mismos términos aplicados en Mallorca».
Críticas al argumento ambiental de Costas
Uno de los argumentos habituales para justificar la restricción en el uso del dominio público marítimo-terrestre es la protección del litoral. La Asociación Hotelera dedica una parte relevante de su comunicado a impugnar esa lógica. A su juicio, «la eliminación de los servicios en las playas no solo no protege el litoral, sino que genera efectos ambientales negativos medibles».
La patronal sostiene que la ausencia de delimitación de zonas provoca la dispersión incontrolada de usuarios, «afectando directamente a las dunas embrionarias, hábitat protegido por la Red Natura 2000«. Y añade que «la evidencia científica demuestra que la ordenación concentra el impacto y preserva el entorno».
En el terreno de los residuos, la asociación aporta datos: estima la generación de hasta 52 toneladas de residuos plásticos por temporada por el uso de equipamiento de un solo uso por parte de turistas, y cita estudios de la Universitat Autònoma de Barcelona que cifran en 330 residuos por cada 1.000 metros cuadrados diarios en playas mediterráneas en temporada alta sin gestión profesional. A ello suma que la desaparición de los concesionarios elimina también las tareas de limpieza diaria y vigilancia ambiental, «sin que exista ningún sistema alternativo que asuma estas funciones».
«Retirar hamacas no equivale a proteger el litoral», resume la patronal.
«Mala praxis institucional»
Los hoteleros son también especialmente severos con la tramitación del expediente por parte de la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua, a la que atribuyen «mala praxis institucional«: cambios de criterio, requerimientos sucesivos y una resolución denegatoria emitida «al inicio de la temporada, sin dar respuesta al recurso presentado».
El pronunciamiento incluye un cuestionamiento explícito de la capacidad técnica de la propia Conselleria: la asociación considera que estas competencias «se ejercían con mayores garantías cuando dependían de la Administración General del Estado». El dato es relevante en un momento en el que las competencias sobre litoral han sido objeto de recientes transferencias autonómicas.
Exigencias concretas
La Asociación Hotelera cierra el comunicado con cuatro reclamaciones al Govern: una respuesta inmediata al recurso presentado por el Consell Insular; la suspensión cautelar de la resolución denegatoria mientras se tramita ese recurso; la modificación de la normativa OCAMAT en Formentera «en línea con la flexibilización introducida por la Ley Ómnibus en las playas de Mallorca»; y la apertura de «un proceso real de diálogo» con el Consell y con el conjunto del sector turístico de la isla.
«La isla no puede seguir siendo objeto de decisiones unilaterales que ignoran su realidad económica, social y ambiental», concluyen.
Un frente que arrastra al conjunto de la economía insular
El nuevo pronunciamiento se produce en un contexto en el que el conflicto por los servicios de playa se ha instalado como uno de los principales focos económicos del verano en Formentera. La propia Asociación Hotelera ya había advertido a mediados de mayo de un daño reputacional cuyas consecuencias «se notarán mucho más allá de esta temporada», y Pimef, la patronal de la pequeña y mediana empresa de la isla, lo definió como «un perjuicio enorme» que arrastra a proveedores, empleo de temporada y a la propia imagen del destino de cara a los mercados emisores premium.
Con la temporada alta ya iniciada y el silencio administrativo del Govern camino de convertirse, como advierten los hoteleros, en la respuesta política de facto, el escenario para las playas de Formentera este verano parece cada vez más consolidado en la incertidumbre.
