El próximo 16 de julio marcará un nuevo capítulo en el recorrido judicial de la ley de amnistía. Ese día, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dará a conocer dos sentencias que deberán aclarar si la norma impulsada para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en 2023 es compatible con el Derecho de la Unión Europea, especialmente en lo relativo a los delitos de terrorismo y malversación.
Aunque la resolución europea ha generado una gran expectación por sus posibles consecuencias políticas y jurídicas, no será determinante para resolver la situación judicial de Carles Puigdemont. Según fuentes judiciales consultadas por Vozpópuli, la continuidad o el levantamiento de la orden nacional de detención que pesa sobre el expresidente de la Generalitat dependerá de otro procedimiento distinto: el recurso de amparo que deberá estudiar el Tribunal Constitucional a partir del próximo mes de octubre.
Qué decidirá el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
El TJUE tiene actualmente sobre la mesa dos cuestiones prejudiciales planteadas por órganos jurisdiccionales españoles relacionadas con la aplicación de la ley de amnistía. La primera fue presentada por el Tribunal de Cuentas, que expresó dudas sobre la aplicación de la norma al considerar que la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 pudo afectar a los intereses financieros de la Unión Europea.
La segunda cuestión prejudicial llegó desde la Audiencia Nacional, cuyos magistrados solicitaron al tribunal europeo que aclarara si la amnistía puede aplicarse a los delitos de terrorismo atribuidos a miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). Se trata de dos asuntos que afectan directamente a la interpretación de la ley dentro del marco jurídico europeo y cuya respuesta servirá para fijar criterio sobre la compatibilidad de la norma con el Derecho comunitario.
Las conclusiones del abogado general
Antes de la sentencia definitiva, el abogado general del TJUE, Dean Spielmann, presentó el pasado 13 de noviembre sus conclusiones. En ellas avaló, en lo esencial, la conformidad de la ley de amnistía con el ordenamiento europeo.
No obstante, esas conclusiones no tienen carácter vinculante, por lo que el tribunal europeo puede mantener ese criterio o apartarse de él cuando dicte su resolución definitiva el próximo 16 de julio. La decisión será seguida con especial atención por los tribunales españoles, ya que servirá como referencia para futuras interpretaciones de la norma.
Por qué la sentencia europea no cambia la situación de Puigdemont
A pesar de la trascendencia jurídica de la resolución del TJUE, las fuentes judiciales consultadas sostienen que no tendrá efectos directos sobre la orden de detención que pesa sobre Carles Puigdemont. La razón se encuentra en la propia redacción de la ley de amnistía. Según el criterio aplicado por el Tribunal Supremo, la norma excluye de su ámbito de aplicación a quienes hayan cometido un delito de malversación con beneficio personal de naturaleza patrimonial.
Ese fue precisamente el argumento utilizado por el magistrado Pablo Llarena para no aplicar la amnistía al expresidente catalán. En consecuencia, incluso si el TJUE concluye que la ley resulta compatible con el Derecho de la Unión Europea, esa decisión no modificaría automáticamente la situación procesal de Puigdemont.
La clave estará en el Tribunal Constitucional
El futuro judicial del expresidente de la Generalitat pasa ahora por el Tribunal Constitucional. Carles Puigdemont presentó en julio de 2025 un recurso de amparo contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la ley de amnistía. Con ese recurso pretendía rebatir la interpretación realizada por el Alto Tribunal respecto al delito de malversación.
Junto al recurso también solicitó que quedara suspendida la orden nacional de busca, detención e ingreso en prisión mientras el Constitucional resolvía el procedimiento. Según expuso entonces, esa medida era necesaria para preservar «el equilibrio institucional, la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia y la participación democrática».
Sin embargo, esa petición fue rechazada por el Tribunal Constitucional durante el pasado mes de enero. Por ese motivo, la orden de detención continúa vigente.
El recurso comenzará a estudiarse tras el verano
El análisis del recurso de amparo no comenzará de forma inmediata. Está previsto que los magistrados del Tribunal Constitucional empiecen a deliberar sobre el asunto una vez finalizado el paréntesis estival de la actividad judicial.
Será entonces cuando el órgano de garantías entre a valorar si la interpretación realizada por el Tribunal Supremo fue correcta o si, por el contrario, procede reconocer la aplicación de la ley de amnistía al expresidente catalán. Ese procedimiento es el que, según las fuentes consultadas, resultará decisivo para determinar el futuro de la orden de detención.
El papel de Cándido Conde-Pumpido
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ya había anunciado que el recurso no sería analizado hasta conocer previamente el criterio del TJUE. Su decisión consistió en posponer el estudio del recurso hasta que el tribunal europeo dictara sentencia.
La razón era que el contenido de esa resolución podía resultar relevante para determinar si correspondía estimar o desestimar el recurso de amparo presentado por Puigdemont. Una vez conocida la decisión europea, el Constitucional retomará la tramitación del procedimiento.
Aunque ambos procesos están relacionados con la ley de amnistía, su alcance es distinto. Por un lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolverá las dudas planteadas sobre la compatibilidad de la norma con el Derecho europeo en materias como terrorismo y malversación. Por otro, el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse específicamente sobre el recurso presentado por Carles Puigdemont frente a la decisión del Tribunal Supremo de excluirle de la aplicación de esa ley. Precisamente esa diferencia explica que la sentencia del TJUE no tenga efectos automáticos sobre la orden nacional de detención.
Una decisión esperada en dos frentes
La resolución del 16 de julio supondrá un paso importante para conocer el criterio europeo sobre la ley de amnistía. Sin embargo, la situación procesal de Carles Puigdemont continuará dependiendo del Tribunal Constitucional, que comenzará a estudiar su recurso de amparo tras el verano.
Hasta entonces, la orden nacional de busca, detención e ingreso en prisión seguirá vigente, ya que la petición para suspenderla ya fue rechazada y el fondo del recurso todavía permanece pendiente de resolución. De este modo, la decisión europea marcará un hito relevante en el debate jurídico sobre la ley de amnistía, pero el desenlace sobre la situación personal del expresidente catalán quedará en manos del máximo intérprete de la Constitución española.
