La organización ecologista GEN-GOB ha presentado una denuncia ante la Dirección General de Aviación Civil, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Fomento y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) contra la mayor reforma del aeropuerto de Ibiza que impulsa Aena, al considerar que supone un aumento «ilegal» de su capacidad. La entidad reclama medidas cautelares de paralización inmediata de las actuaciones previstas en el marco regulatorio DORA III (2027-2031), que a su juicio implican «una modificación sustancial e ilegal» del Plan Director vigente.
El núcleo de la denuncia es la distancia entre la planificación aprobada y la operativa real. Según el GEN-GOB, el Plan Director del aeropuerto —aprobado por la Orden FOM/3414/2010— fijó un flujo de 5,67 millones de pasajeros anuales, con un máximo de 7 millones. La gestión actual supera ya los 9 millones, y el DORA III contempla adecuar la infraestructura para una capacidad máxima de 10 millones de viajeros. Para la entidad, ese salto supone incrementar el número de pasajeros «en un 50%» por encima del techo previsto en el documento de referencia, al que —recuerda— deben someterse todas las actuaciones del aeródromo.
La denuncia sostiene además que el proyecto elevaría las operaciones aéreas desde las 70.000 previstas en el Plan Director hasta las 100.000 que, afirma, se persiguen ahora. El GEN-GOB agrega que, según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el 70% del presupuesto del DORA III se destina a ampliar la capacidad de los aeropuertos.
La entidad enmarca su acción en la presión que soporta la isla, un territorio insular de tan solo 572 km² con uno de los índices de presión turística más altos del mundo, y advierte del impacto sobre las infraestructuras hídricas, sanitarias y viarias, el medio natural y la biodiversidad. A su juicio, estas infraestructuras deben orientarse «al servicio público» y no «a la recaudación y el beneficio económico» de los gestores.
Cautelares y reducción de vuelos
El GEN-GOB solicita la paralización cautelar inmediata de los proyectos previstos en el DORA III y que se adopten medidas urgentes para ajustar el número de pasajeros anuales a los escenarios del Plan Director. Ello pasaría, según la entidad, por establecer «la reducción de vuelos necesaria» para no superar esos límites, fijando como prioridad el servicio a la población residente.
El comunicado incluye además reproches a las instituciones insulares y, en particular, al presidente del Consell, Vicent Marí, a quienes la entidad acusa de no defender el interés general frente a los planes de Aena.
Un frente que se ensancha
La denuncia supone un salto cualitativo en la contestación al proyecto: del rechazo político e institucional se pasa a la vía administrativa y legal. El GEN-GOB es una de las entidades que impulsa, junto al Institut d’Estudis Eivissencs y Amics de la Terra, el manifiesto contra la ampliación al que esta semana se sumó una decena de colectivos. El rechazo ya había llegado al Congreso, que cerró filas contra cualquier aumento de capacidad, y al Colegio de Arquitectos.
Aena, por su parte, sostiene que la reforma no incrementa «la capacidad del campo de vuelos» ni el número de despegues y aterrizajes posibles, aunque la documentación de su última licitación admite que permitirá elevar «sustancialmente» el número de pasajeros por encima de los nueve millones actuales.
