PSOE, PP y Sumar se han unido este jueves en la Comisión Mixta de Insularidad del Congreso y el Senado para rechazar cualquier reforma del aeropuerto de Ibiza que suponga un incremento de su capacidad. El texto, surgido de una iniciativa de MÉS per Mallorca, salió adelante con un acuerdo transaccional que sumó a socialistas y populares y dejó a Vox como único voto en contra.
El acuerdo convierte en posición mayoritaria del Congreso una reivindicación que las instituciones de Baleares venían trasladando en las últimas semanas y que apunta directamente al proyecto que Aena ha empezado a poner en marcha sobre el terreno.
Qué pide el Congreso a Aena
El texto insta al Gobierno a revisar el Plan Director del aeropuerto y el DORA III —el documento que fija las inversiones del quinquenio 2027-2031—, cuya aprobación definitiva está prevista para este 2026. El objetivo es asegurar que ninguno de esos instrumentos contemple actuaciones que aumenten la capacidad y descartar así una mayor afluencia de pasajeros en temporada alta, limitando las futuras intervenciones a cuestiones de seguridad.
El acuerdo reclama además a Aena que supervise la asistencia técnica que tiene en licitación para que el proyecto se ajuste a esos principios, que incorpore criterios de capacidad de carga territorial, sostenibilidad ambiental y cohesión social, y que abra una línea de diálogo permanente con las instituciones locales, insulares y autonómicas.
Un proyecto de 500 millones y 32 puertas
El choque de fondo es la magnitud de la reforma. Aunque Aena la define como una «remodelación» y niega que busque ampliar capacidad, el pliego de su última licitación —16,2 millones de euros para la gestión del proyecto, adjudicada el 22 de junio— prevé una inversión de 500 millones que permitirá elevar la capacidad «sustancialmente por encima de los 9 millones de pasajeros anuales» actuales, según el propio documento del gestor.
El proyecto contempla pasar de 17 a 32 puertas de embarque, instalar ocho nuevas pasarelas —que elevarían del 25% al 75% la operativa con pasarela en temporada alta— y adaptar la terminal a la normativa europea de fronteras con un control de pasaportes centralizado y un dique para vuelos fuera del espacio Schengen.
Las voces que dijeron «no»
El acuerdo del Congreso es el último eslabón de una contestación que se ha articulado en casi todos los frentes de la isla. Al proyecto se oponen el Consell de Ibiza, el Govern balear, el Consell de Formentera y los cinco ayuntamientos pitiusos, junto a los tres principales grupos del Parlament balear (PP, PSOE y Unidas Podemos).
El rechazo se extiende también al tejido económico y social: las patronales CAEB y PIMEEF, los hoteleros de la Bahía de Sant Antoni, la asociación de viviendas vacacionales AVAT, las organizaciones ecologistas GEN-GOB y Amigos de la Tierra, y el Institut d’Estudis Eivissencs.
El choque político en el debate
En la comisión, el diputado de Sumar-MÉS Vicenç Vidal defendió que el rechazo debía pasar de las instituciones baleares al Congreso, «que es donde se puede presionar al Gobierno y a Aena». Lamentó que el gestor «frecuentemente incumpla los mandatos surgidos del Congreso» y aseguró que estará «vigilante» para que el acuerdo «se convierta en hechos».
La diputada socialista Milena Herrera calificó la postura de su partido de «clara e inequívoca» y reprochó al Consell de Ibiza, gobernado por el PP, no haber impulsado «ni una sola medida efectiva de contención o decrecimiento». «Inversiones para mejorar la seguridad y el servicio, sí. Ampliación de la capacidad para crecer en temporada alta, en una isla ya saturada, no», zanjó.
El texto sale adelante mientras Aena mantiene su calendario y sostiene que las obras solo buscan modernizar la terminal por exigencias de la normativa europea, en un pulso por la ampliación del aeropuerto de Ibiza que está lejos de cerrarse.
