En el Debate de Política General del Consell Insular de Ibiza, los grupos políticos han acordado instar al Govern balear a elevar a diez años el mínimo de residencia en la isla para acceder a una Vivienda de Precio Limitado en el marco de los Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE).
La medida es necesaria porque, tal como confirmó la Conselleria de Vivienda a La Voz de Ibiza, para las promociones privadas la ley solo exige cinco años de residencia en Baleares y los ayuntamientos no pueden imponer condiciones más estrictas por sí solos.
Esta propuesta de resolución llevada al pleno ha sido presentada por el Partido Popular, cuyos alcaldes de Vila, Sant Josep, Santa Eulària y Sant Antoni habían prometido justamente endurecer el requisito de acceso a las VPL para beneficiar a los residentes ibicencos.
Esto viene a reconocer, de forma implícita, una limitación legal que este medio había documentado: con el marco normativo actual, ni los ayuntamientos ni el propio Consell tienen capacidad para garantizar por sí solos que las VPL construidas a través de los Proyectos Residenciales Estratégicos lleguen exclusivamente a residentes de larga trayectoria en la isla.
Para lograrlo plenamente hace falta que sea el Govern quien cambie la ley.
Por qué los ayuntamientos no pueden hacerlo solos
La Conselleria de Vivienda aclaró a este medio que el requisito mínimo legal para acceder a una VPL en una promoción privada es de cinco años de residencia en Baleares —no en la isla ni en el municipio—.
Los ayuntamientos tienen plena libertad para exigir condiciones más estrictas únicamente en las promociones públicas en suelo municipal, donde pueden pedir hasta 18 años de residencia en el municipio si lo consideran oportuno.
Para las promociones privadas —que son las que previsiblemente ejecutarán la mayor parte de lo que se construya a través de los PRE—, los consistorios solo pueden endurecer ese requisito mediante convenios voluntarios de colaboración con los promotores, un mecanismo que hasta ahora solo ha utilizado el Ayuntamiento de Andratx en toda la comunidad autónoma.
Eso significa que, con la ley vigente, un ciudadano empadronado en Palma desde hace seis años podría acceder legalmente a una VPL construida en Ibiza o Sant Josep a través de un PRE privado y sin convenio con el Ayuntamiento.
La propuesta del Consell busca que el Govern cierre esa puerta elevando el mínimo legal a diez años de residencia en la isla, lo que requeriría una modificación legislativa.
Lo que el Consell pide y lo que puede conseguir
Esta propuesta del Consell Insular no tiene capacidad normativa directa: es una declaración de intenciones que insta al Govern a actuar.
Para que el requisito de diez años en la isla tenga efecto jurídico sobre las promociones privadas de VPL, el Govern tendría que modificar la Ley 4/2025 o aprobar un desarrollo reglamentario específico. Ninguna de las dos vías es rápida.
Mientras tanto, los cuatro alcaldes ibicencos que prometieron en sus plenos exigir diez años de residencia en el municipio se enfrentan a la misma limitación: esa promesa es jurídicamente sólida para las promociones públicas, pero para las privadas depende de negociaciones caso a caso con cada promotor.
Y esos promotores, como alertó el presidente del Colegio de Arquitectos de Ibiza y Formentera, Lluís Oliva, ya están sopesando si los números de los PRE les salen rentables. Añadir restricciones en la comercialización es una complicación más sobre proyectos que ya de por sí tienen márgenes muy estrechos.
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