La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a dos años y diez meses de prisión a cada uno de los dos patrones de la patera que llegó a Formentera en febrero de 2025 con 19 personas a bordo. El fallo se ha cerrado este miércoles mediante un acuerdo de conformidad entre las partes, que ha evitado la celebración del juicio previsto en la Sección Segunda del tribunal.
La Fiscalía rebaja la pena a la mitad
El Ministerio Público solicitaba inicialmente cinco años de cárcel para cada acusado, es decir, diez años en total, como supuestos autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La petición ha quedado finalmente en dos años y diez meses por cabeza, algo menos de seis años sumados.
La rebaja llega después de que la propia fiscal reconociera en su escrito que los dos hombres, al ponerse al frente de la embarcación, se procuraron también su propio traslado a territorio europeo. Lo hicieron, según recoge la acusación, con el objetivo de «huir de las duras condiciones de vida y pobreza» que sufrían en su país.
Dos migrantes más entre los patrones
El matiz es clave para entender el desenlace del caso: los dos condenados no eran organizadores externos, sino dos migrantes más entre los diecinueve ocupantes de la patera. Esa consideración ha pesado en la negociación entre la Fiscalía y las defensas, que ha desembocado en el acuerdo de conformidad.
Ambos acusados han reconocido su implicación en los hechos y han aceptado la pena rebajada, un movimiento habitual en este tipo de causas cuando la acusación pública admite atenuantes vinculados a la situación personal de los procesados.
Una patera con 19 personas a bordo
La embarcación arribó a las costas de Formentera en febrero de 2025 con diecinueve ocupantes. La llegada se enmarcó en la ruta migratoria que en los últimos años ha convertido a Pitiusas, y muy especialmente a Formentera, en punto de entrada frecuente de pateras procedentes del norte de África.
El delito por el que se juzgaba a los dos patrones está tipificado en el Código Penal como un ilícito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, una figura pensada para perseguir a las redes de tráfico de personas, pero que en la práctica alcanza también a quienes, siendo ellos mismos migrantes, asumen el manejo de la embarcación durante la travesía.
Un patrón repetido en los tribunales
La resolución de la Audiencia se suma a una serie de causas similares tramitadas en Baleares en los últimos años, en las que los tribunales han ido matizando la respuesta penal en función de si los patrones actuaban por cuenta de una organización o si viajaban también como migrantes. En este caso, el reconocimiento por parte de la Fiscalía de la condición de refugiados económicos de los dos acusados ha sido determinante para acotar la condena por la llegada de la patera a Formentera.
