El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha confirmado la multa de 45.000 euros impuesta por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) a Marina de Formentera S.A.. La empresa gestionaba los amarres de la dársena de poniente del puerto de La Savina, en Formentera, y permitió de forma reiterada que embarcaciones atracaran fuera de las zonas autorizadas.
346 denuncias en cuatro meses
La sentencia da por probado que, entre junio y octubre de 2021, se produjeron amarres irregulares de forma continuada. La Policía Portuaria documentó la situación con 346 boletines de denuncia, y en algunas inspecciones llegó a contabilizar más de treinta embarcaciones fuera de los puntos habilitados, según adelantó Radio Illia.
Los magistrados recuerdan que controlar el uso de los amarres formaba parte de las obligaciones que Marina de Formentera había asumido al aceptar la concesión. La empresa, señala el tribunal, debía velar por que las embarcaciones ocuparan únicamente los espacios previstos en el plan aprobado.
La defensa que no convenció al tribunal
Marina de Formentera alegó que parte de los amarres irregulares correspondía a terceros y que ya había informado de la situación a la APB. El TSJIB considera insuficiente ese argumento: la concesión, sostiene, obligaba a la sociedad a controlar el uso de los puntos de amarre, con independencia de quién los ocupara. Para los jueces, existió un incumplimiento claro de las condiciones del título concesional.
Descartada la caducidad del expediente
La Sala rechaza también que el procedimiento sancionador hubiera caducado. Atribuye a un simple error material la referencia a una fecha incorrecta en la propuesta de resolución, sin que ello afecte a la validez del expediente. El tribunal descarta además que se hubiera modificado la acusación durante la tramitación: los hechos imputados, concluye, fueron los mismos desde el inicio del procedimiento.
45.000 euros más 3.000 de costas
La resolución, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, desestima íntegramente el recurso presentado por la concesionaria. Confirma la multa de 45.000 euros y condena además a Marina de Formentera al pago de las costas procesales, con un límite máximo de 3.000 euros. La sentencia todavía puede recurrirse en casación.
El fallo refuerza la capacidad de la Autoridad Portuaria de Baleares para sancionar los incumplimientos en las concesiones de amarres, un asunto que ha generado varios litigios en los puertos de las Pitiusas en los últimos años.
