Edificios de vivienda nueva terminados —o a punto de estarlo— que permanecen vacíos porque no llega el suministro eléctrico definitivo. Es una situación que, según coinciden distintas fuentes del sector consultadas por este medio, se ha vuelto habitual en Ibiza, y que sitúa a la conexión eléctrica entre los principales cuellos de botella de la vivienda nueva en la isla. Las instituciones y la distribuidora se remiten la responsabilidad, mientras los edificios esperan.
Mientras se buscan fórmulas para incorporar más inmuebles al mercado, promociones ya construidas pueden permanecer sin ocupar durante meses o incluso años si no disponen de la conexión eléctrica definitiva necesaria para obtener la licencia de ocupación.
El asunto afloró a partir de quejas vecinales —como las que trasladaron a este medio residentes del entorno de Es Viver, que denunciaban meses de espera para poder mudarse a sus casas ya terminadas—, pero excede los casos puntuales. Una fuente municipal consultada por aquellos casos atribuyó la demora al enganche eléctrico, competencia de la distribuidora, y no a trámites del Ayuntamiento.
«Un desastre»
Al ampliar el foco, el patrón se repite. Este medio consultó a varias promociones con entrega prevista para este año: la mayoría declinó dar detalles sobre el estado de sus conexiones, un silencio que en sí mismo dibuja un sector incómodo con el asunto. De los que aceptaron hablar, dos promotores resumieron su experiencia con la misma palabra: «un desastre». Un tercero lo relativizó sin negarlo: «Hemos tenido promociones con demoras; va un poco tarde, pero es el día a día de Ibiza».
«No tienes a nadie a quien reclamar»
Quien más detalla el problema es un promotor con amplia experiencia en la isla, que pide reserva. Lo describe como un factor que pesa en cada operación: «Es un tema grave. En los planes de viabilidad de las promociones es de las cosas más a tener en cuenta, casi igual o más que los trámites municipales». Y marca una diferencia con la Administración: «Con el Ayuntamiento al menos tienes un interlocutor, puedes conseguir citas, llamadas. Aquí no tienes a nadie a quien reclamar: hay una cuenta de correo de la que salen respuestas o no».
En su experiencia, entre solicitar el punto de suministro y tener el edificio conectado pueden pasar entre dos y tres años. Demoras que se traducen en el precio de venta y que, además, resultan desesperantes ante la crisis de vivienda que atraviesa la isla. El mismo promotor lo ilustra con un caso propio: pidió un suministro provisional de obra en 2023 y, más de un año después, sigue levantando el edificio con un grupo electrógeno de gasoil que le cuesta entre 3.500 y 4.000 euros al mes, con el expediente de conexión aún sin avanzar. Una conexión provisional, subraya, debería resolverse en unas semanas.
El promotor vincula el problema, en buena medida, a que en Ibiza opera una sola distribuidora: «Aquí hay una única distribuidora y no hay otra opción: todos tenemos que pasar por el aro», frente a zonas de la península donde conviven varias compañías y —sostiene— los expedientes fluyen mejor. Como contraste, apunta al suministro de agua, de gestión municipal, cuyos trámites considera «mucho más rápidos y diligentes». Y, aunque advierte de que no hay estadísticas oficiales, se atreve con una estimación: de los edificios plurifamiliares que se terminan en Ibiza, calcula que al menos la mitad han sufrido problemas de plazos con la conexión, y admite que quizá se quede corto.
El efecto, remata, no es solo administrativo, sino económico: el periodo en que el edificio está acabado y vacío es justo cuando el promotor tiene todo el capital inmovilizado y acumulando intereses, un sobrecoste que acaba repercutiendo en el precio final de las viviendas.
Esperas que «no sorprenden»
La magnitud la confirma, con nombre, el presidente de la asociación de instaladores eléctricos integrada en Pimeef, Antonio ‘Toni’ Ribas, que enmarca las demoras en una realidad de fondo: existen «desde siempre» y han llegado a medirse en años. «A los instaladores no nos sorprende ni que tarde seis meses ni que tarde dos años», resume, y cita un caso propio estancado desde hace más de una década por un obstáculo legal en la obra necesaria para llevar el tendido.
Ribas matiza, no obstante, que el proceso ha mejorado de forma notable. La generalización de las declaraciones responsables para iniciar obras —que evitan esperar a tener «hasta el último papel»— y las plataformas de tramitación que dejan fechado y registrado cada paso han acortado los tiempos «de años a meses», según describe, un avance que atribuye tanto a las administraciones como a las propias distribuidoras.
La licencia que depende de la luz
La raíz administrativa del problema tiene nombre y fecha. La Ley 7/2024, de 11 de diciembre, de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas de las Illes Balears, en vigor desde el 14 de diciembre de aquel año, suprimió la cédula de habitabilidad de primera ocupación en todo el archipiélago y trasladó esa función a la licencia municipal de ocupación o de primera utilización, que pasa a acreditar también la habitabilidad de la vivienda. La norma, que modifica la Ley 12/2017 de Urbanismo, establece que esa licencia verifica que la obra se ajusta al proyecto autorizado, tiene tramitación preferente y un plazo de resolución de un mes. En Ibiza, además, el Consell ya había eliminado antes la cédula mediante su propio reglamento de simplificación.
Sobre el papel, la reforma agiliza. En la práctica, sin embargo, fuentes del sector explican que esa unificación tiene un efecto colateral: al asumir la licencia la acreditación de la habitabilidad efectiva del edificio, el Ayuntamiento no la concede hasta que la vivienda dispone de todos los servicios contratables, la luz incluida. Hasta que la distribuidora no ejecuta la conexión definitiva, no hay licencia; y sin licencia no pueden escriturarse ni entregarse las viviendas. Antes, señalan, el trámite se hacía por etapas y permitía ocupar con suministro provisional de obra mientras llegaba el definitivo; ese margen ha desaparecido.
Ese cuello de botella, con todo, no parece situarse hoy en la ventanilla municipal. La Voz de Ibiza consultó a los ayuntamientos de la isla por el número de licencias de primera ocupación de plurifamiliares pendientes; solo respondió el de Santa Eulària, que precisó tener un único edificio pendiente y que la demora no es municipal, sino que se debe a que el promotor aún no ha contestado a un trámite del expediente. El resto de consistorios no facilitó datos.
Endesa sostiene que cumple los plazos
Preguntada por este medio, e-distribución, la filial de redes de Endesa, evita entrar en casos concretos —alega la protección de datos de sus clientes— y defiende que cumple los tiempos que le marca la normativa, que cifra en semanas y, como mucho, unos pocos meses. La compañía admite que el conjunto puede alargarse en algún caso, pero atribuye esas demoras a que la obra del promotor se retrase o a la intervención de terceros, y las reduce a «honrosísimas excepciones».
Esa versión tiene respaldo en el propio marco del trámite, regulado por normativa estatal —el Real Decreto 1183/2020 y la Circular 1/2024 de la CNMC—. Las guías de gestión de nuevos suministros de la distribuidora fijan sus plazos de respuesta en semanas —menos de tres para potencias de hasta 100 kW y algo más para las mayores— y los de ejecución de la obra en la red entre cuatro y ocho semanas, según haya que ampliar la red existente o construir uno o varios centros de transformación.
La clave está en lo que esos plazos no incluyen, y ahí es donde la compañía sitúa su principal argumento. La propia guía advierte de que en ese cómputo no entran los permisos y autorizaciones de terceros —que, reconoce el documento, pueden requerir de tres a seis meses— ni el trabajo que corresponde al promotor: antes de que la distribuidora pueda ejecutar la conexión, el cliente debe tener terminadas sus instalaciones de enlace, como la caja general de protección. A ello se añade que, una vez comunicadas las condiciones técnicas y económicas, el promotor dispone de un plazo limitado para aceptarlas y abonarlas —seis meses en los casos más sencillos y treinta días hábiles en el resto—; si no lo hace a tiempo, la solicitud se anula y debe reiniciarse, una demora imputable en ese caso al solicitante. Y cuando atender un nuevo suministro exige reforzar o ampliar la red, esos trabajos son más largos y su coste recae sobre el promotor.
La distribuidora dispone, además, de un portal en el que el solicitante puede seguir su expediente paso a paso, consultar en qué fase se encuentra y ver de quién depende la siguiente acción; el sistema llega a señalar de forma expresa cuándo lo pendiente es un permiso municipal o una gestión del propio cliente. Es, en esencia, el fondo del argumento de e-distribución: que la responsabilidad de cada demora es rastreable y que, en muchos casos, no está en su tejado.
Ribas, por su parte, reparte las causas y evita cargarlas sobre un solo actor. Señala la complejidad burocrática de abrir calles y aceras o cruzar fincas ajenas para llevar la red, las restricciones para intervenir en viales recién asfaltados y la propia planificación de la distribuidora, que trabaja con horizontes muy largos. Como ejemplo, cita una línea de refuerzo del anillo que abastece la isla cuya negociación arrancó hace seis o siete años y que, pese a estar en marcha, aún no está terminada. Un ritmo de inversión que encaja con el diagnóstico que el propio sector instalador viene haciendo sobre una red saturada y con infraestructura que no acompaña el crecimiento de la demanda.
Con las instituciones y la compañía remitiéndose la responsabilidad, y sin números de expediente que permitan rastrear cada caso, queda por esclarecer dónde se atasca exactamente cada vivienda. Lo que el sector no discute es el resultado: en Ibiza, tener una casa nueva terminada no garantiza, ni de lejos, poder encender la luz.
