La oposición vecinal a la macrodiscoteca proyectada en el antiguo Hotel Corso afronta semanas decisivas. La Asociación de Vecinos de Illa Plana, Illa Grossa-Illa de Valerino, que preside Alberto Sánchez Runde, tiene en el punto de mira impedir que las obras se reanuden el 1 de octubre, cuando expire el bando municipal que las prohíbe durante el verano, mientras el fondo del asunto sigue sin resolverse.
El bando estival prohíbe excavaciones, cimentaciones y maquinaria pesada cerca del frente turístico entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. El Ayuntamiento ya frenó provisionalmente los trabajos este verano tras las denuncias vecinales por incumplir ese bando. Con el plazo a punto de agotarse, la asociación se prepara para pedir una medida cautelarísima —la vía urgente que un juez puede resolver de forma inmediata— destinada a que la maquinaria no vuelva a la zona en octubre.
Suspender la licencia
En paralelo, los vecinos han solicitado la suspensión de la eficacia de la licencia, de modo que no pueda aplicarse mientras se dirime su validez. El movimiento se apoya en un expediente que hace meses se agrieta por todos lados: el Ayuntamiento ha reconocido que la licencia se sostiene sobre una supuesta autorización de sala de fiestas que nunca existió y sobre un cálculo que la propia administración admite erróneo e insubsanable. Es la misma pelea que los vecinos vienen librando desde la primavera, cuando movieron ficha para frenar el traslado y reclamaron al alcalde que revisara el permiso.
Entre las iniciativas registradas en los últimos días figura también un escrito que reclama el archivo de un viejo expediente de 2016 —una legalización de obras que nunca llegó a admitirse a trámite—, presentado ante el temor de que se reactive después de que el alcalde, Vicent Triguero, admitiera en el pleno que podían haber quedado «cosas en el camino por resolver».
Los equipos jurídicos de la asociación vecinal han tenido horas intensas. Así, un tercer escrito sale al paso de un nuevo expediente de obras, cuyo contenido la asociación dice desconocer, por si buscara devolver el local a su estado de sala de baile o introducir un «modificado» de la licencia: los vecinos sostienen que ninguna de las dos salidas es viable, porque el defecto del proyecto ya ha sido reconocido como insubsanable.
«Hasta el final»
La vía cautelar se monta sobre un pleito ya en marcha. En junio, los vecinos dieron el paso a la vía judicial para pedir la revocación de la licencia. Ese recurso contencioso-administrativo, interpuesto en nombre de la asociación, sigue admitido a trámite a la espera de que la administración remita el expediente para poder formular la demanda. A él se suma otro recurso presentado con carácter previo por una comunidad de propietarios, que previsiblemente acabará acumulándose al primero.
Sánchez Runde insiste en que la movilización no es coyuntural: «Vamos a ir hasta el final, con todo. Estamos muy mentalizados como asociación y muy unidos». El presidente reivindica el músculo técnico del barrio —«tenemos un back office de abogados buenísimo»— y promete actuar «con paso firme, pero sin perder las formas».
