El PSOE de Sant Antoni presentará este jueves en el pleno una moción de control sobre la fiesta privada de temática egipcia que convirtió la cantera municipal de Sa Pedrera, en Can Coix, en un decorado faraónico para unos 350 invitados el pasado 13 de agosto.
El documento, firmado por el portavoz socialista, Antonio Lorenzo Bustamante, revela dos datos que ponen en cuestión la versión oficial que el equipo de gobierno del PP ha mantenido desde que estalló la polémica: la fecha en la que se autorizó formalmente el evento y el contenido de los planos que la organización entregó al Ayuntamiento semanas antes.
Un decreto y su informe técnico, firmados horas antes de la fiesta
Según la moción, la tramitación del evento se resolvió mediante decreto, y tanto el informe técnico favorable como el propio decreto de autorización y su notificación llevan fecha del 13 de agosto, el mismo día en que se celebró la fiesta.
Los socialistas enmarcan este dato dentro de lo que califican como una práctica «habitual en esta corporación»: tramitar las autorizaciones hasta el último momento posible.
El dato sitúa el foco en cómo se gestionó administrativamente un evento de estas dimensiones —con una pirámide de 8 metros de altura, un templo, obeliscos de más de 6 metros, plataformas, estructuras de andamiaje y grupos electrógenos— bajo la figura de «actividad no permanente inocua», una categoría del régimen balear de actividades que permite una tramitación simplificada.
La moción pregunta directamente con qué informe técnico o jurídico y con qué criterios se justificó encajar un montaje de esta envergadura en esa figura, y si Sa Pedrera dispone de una licencia de actividad que ampare con carácter ordinario este tipo de celebraciones.
Los socialistas citan además el apartado 2.18 del Anexo I del Decreto 8/2004, de 23 de enero, que exige un Plan de Autoprotección para eventos extraordinarios de más de 250 personas cuando el uso o la licencia del recinto no lo ampara —el evento reunió a 350 invitados—, y preguntan si ese plan llegó a exigirse antes de que el decreto se firmara.
El plano que marcaba «WATER»
El punto más comprometido de la moción afecta directamente a las explicaciones públicas del alcalde sobre el elemento que más polémica ha generado: el lago artificial de 850 metros cuadrados que se instaló como pieza central de la escenografía.
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Marcos Serra sostuvo en varias ocasiones, incluido un comunicado municipal, que el Ayuntamiento desconocía antes de la fiesta que se fuera a instalar esa lámina de agua, alegando que la memoria de la organización «no recogía ninguna mención expresa» a ella.
El PSOE contradice esa versión con un dato concreto extraído del propio expediente: la memoria técnica presentada por la organización el 28 de julio —dos semanas antes del evento— incluía, según la moción, «numerosos planos» en los que aparecía representada una gran superficie identificada expresamente como «WATER».
Los socialistas preguntan directamente al alcalde cómo explica sus declaraciones previas y si los servicios técnicos municipales llegaron a revisar esos planos antes de emitir el informe favorable y autorizar la actividad.
El trasfondo: sequía y una autorización de última hora
La controversia se produce en un momento en que Ibiza se encuentra en prealerta por sequía, con medidas municipales activas que piden «evitar llenar piscinas» y restringir el riego, y con la propia concesionaria del servicio de agua, Facsa, reclamando un consumo responsable.
Según informaciones publicadas por el Diario de Ibiza, llenar el lago requirió al menos 170 toneladas de agua, cifra que los organizadores rebajaron después a 60 toneladas sin cuestionar las dimensiones publicadas.
El alcalde Marcos Serra ha defendido públicamente que la donación de 50.000 euros que los promotores comprometieron a Cáritas Sant Antoni y al Motoclub de Ibiza y Formentera justificaba el «interés general» de la autorización, y ha anunciado que estudiará sancionar el uso no comunicado del agua, aunque ha reconocido dudas sobre si esa sanción es jurídicamente viable.
Además, desde el Ayuntamiento han defendido ante La Voz de Ibiza que «la actividad tiene un carácter solidario, ya que los promotores han previsto realizar una donación de 40.000 euros a Cáritas Sant Antoni y de 10.000 euros al Motoclub de Formentera y Eivissa».
La moción de control que el PSOE presenta este jueves busca ahora que el equipo de gobierno aclare, con el expediente sobre la mesa, si esa versión de desconocimiento se sostiene.
