El Gobierno ha trasladado este viernes al Congreso su oposición a la tramitación de la ley balear de cogestión aeroportuaria, aprobada por el Parlament el 28 de abril, al considerar que podría reducir los ingresos de Aena y obligar al Estado a compensar esa merma con fondos de Transportes. La decisión afecta al debate sobre los aeropuertos de Baleares, incluido el de Ibiza, donde distintas instituciones reclaman mayor capacidad de decisión frente a los planes de crecimiento del gestor aeroportuario. La norma autonómica había quedado pendiente de su recorrido en las Cortes tras su aprobación por el Parlament.
El rechazo figura en un escrito de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales. El Ejecutivo sostiene que la norma podría tener un “efecto directo” sobre las tarifas aeroportuarias y el tráfico aéreo, con una repercusión económica “muy significativa” en la cuenta de resultados de Aena y, por extensión, en los dividendos del Estado. Esa eventual caída de ingresos, argumenta, tendría que cubrirse mediante una transferencia de capital de la Secretaría de Estado de Transportes. La Mesa del Congreso había admitido a trámite la iniciativa el 18 de mayo y la trasladó entonces al Gobierno a efectos del artículo 126 del Reglamento.
Los cálculos del Gobierno sitúan en 32,5 millones de euros la reducción de ingresos si en 2026 los aeropuertos de las islas mantuvieran los 47,2 millones de pasajeros de 2025, en lugar de alcanzar los 49 millones previstos. A esa estimación añade otros 32,9 millones que dejarían de ingresarse si se conservara la tarifa aeroportuaria media de 2025 en vez de aplicar la aprobada para 2026. Sobre esa base, el Ejecutivo concluye que la ley “es susceptible” de generar una disminución de ingresos con impacto presupuestario.
Choque frontal con MÉS
MÉS per Mallorca ha calificado la posición del Ejecutivo central de “veto aberrante” y ha acusado al presidente Pedro Sánchez de impedir incluso el debate parlamentario de la norma. “Pedro Sánchez no solo dice que no a la cogestión: pretende impedir que se pueda debatir. Es un veto aberrante contra el autogobierno de Baleares”, ha afirmado el coordinador de la formación, Lluís Apesteguia. MÉS sostiene que el argumento presupuestario se apoya en efectos futuros e hipotéticos y no en una consecuencia directa sobre las cuentas de 2026.
El diputado de Sumar Més Vicenç Vidal también ha cargado contra el razonamiento económico y ha acusado a Hacienda y Aena de “inventarse un perjuicio económico para justificar una decisión política”. Vidal rechaza que dar capacidad de decisión a las instituciones baleares equivalga automáticamente a reducir vuelos: “Que las instituciones de las Islas puedan decidir sobre el techo de vuelos no implica automáticamente reducir ninguno. La ley decide quién debe que tener voz, no qué decisión se debe tomar”, ha argumentado.
La siguiente batalla se librará el próximo martes en la Mesa del Congreso, que deberá decidir si permite que la proposición continúe su recorrido. Los dos representantes de Sumar votarán a favor, por lo que MÉS sitúa la decisión en manos de los cuatro miembros del PP y de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. “Armengol deberá decidir si defiende el derecho de Baleares a debatir sobre sus aeropuertos o si se pone del lado de Aena y del Ministerio de Hacienda”, ha advertido Apesteguia.
Govern insiste en poner límites a Aena
El Govern balear ha reiterado este viernes su respaldo a la cogestión como instrumento para “poner límites al crecimiento de Aena”. La vicepresidenta segunda Antònia Maria Estarellas ha evitado valorar en detalle el escrito porque el Ejecutivo autonómico todavía no conoce su contenido con profundidad, pero ha confiado en que “no todo sea caja y que las trabas no sean en términos de tener más o menos recursos”. “Hay que analizar los documentos antes de opinar”, ha señalado.
Estarellas ha vinculado nuevamente la ley con la estrategia de contención defendida por el Govern. “Este Govern ha defendido que necesitamos poner límites al crecimiento de Aena para poder alinearla con las políticas de contención que defendemos. Paso a paso”, ha afirmado. La portavoz no ha anticipado qué harán los representantes del PP en la Mesa del Congreso, pese a que el Ejecutivo balear viene presentando la cogestión como una herramienta para condicionar decisiones sobre infraestructuras, planificación y capacidad aeroportuaria, una posición que ya había expresado ante los planes de ampliación del aeropuerto de Ibiza.
Antes de la aprobación de la norma, la presidenta Marga Prohens habló con el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, para solicitar respaldo cuando llegara al Congreso. El entonces portavoz del Govern, Antoni Costa, aseguró que el Ejecutivo autonómico contaba con el aval de Génova, mientras el PSIB ha sostenido en varias ocasiones que los populares acabarían desmarcándose de la ley en sus trámites decisivos en las Cortes.
Consecuencias directas para Ibiza
En Ibiza, la disputa por la cogestión está ligada a la ampliación y remodelación del aeropuerto de Es Codolar. La Voz de Ibiza ha contado durante los últimos meses que el Govern considera esta ley una vía para ganar capacidad de intervención ante proyectos de Aena, después de que las instituciones baleares denunciaran que no fueron informadas previamente de la gran reforma del aeropuerto. El texto refuerza el Comité de Coordinación Aeroportuaria e incorpora a los consells y a municipios afectados como Sant Josep, donde se ubica la infraestructura.
La presión política aumentó en mayo, cuando la Comisión Mixta sobre Insularidad del Congreso y el Senado aprobó una moción para impulsar en seis meses un modelo de cogobernanza aeroportuaria en Baleares y Canarias. La iniciativa reclamaba reforzar los comités de coordinación y garantizar participación autonómica e insular en decisiones estratégicas. La Voz de Ibiza explicó entonces las dos vías abiertas para avanzar hacia la cogestión, mientras Aena ha defendido que cualquier fórmula de participación debe preservar el modelo de red estatal y un carácter esencialmente consultivo.
El rechazo del Gobierno abre ahora otro frente: ya no se discute solo cuánto poder tendría Baleares sobre sus aeropuertos, sino si la proposición llegará siquiera a debatirse en el Congreso. Para Ibiza, donde la planificación aeroportuaria se ha convertido en una pieza central del debate sobre presión turística y crecimiento de pasajeros, la decisión de la Mesa del próximo martes determinará si la vía legislativa sigue abierta o queda frenada antes de entrar en el fondo de la reforma.
