La Comisión Mixta del Congreso y el Senado sobre Insularidad ha aprobado este martes una moción que insta al Gobierno central a incluir a Baleares y a Canarias en la cogestión de sus aeropuertos en el plazo máximo de seis meses, aplicando el modelo pactado por el Ejecutivo con Euskadi el pasado 27 de marzo. La iniciativa salió adelante gracias a la abstención del PP y del PSOE, con el único voto en contra de Vox.
La moción la presentó el Grupo Izquierda Confederal, formado por Más Madrid, Compromís, Agrupación Socialista Gomera, Geroa Bai y el senador por Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, elegido en 2023 con una candidatura de coalición progresista entre PSOE, Sumar e Izquierda Unida.
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El modelo vasco: participar en el DORA, sin cambiar la titularidad
El acuerdo firmado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, el pasado 27 de marzo creó el Órgano Bilateral Aeroportuario Euskadi-Estado. Aena sigue siendo el titular y gestor de los aeropuertos vascos —Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Foronda—, pero el Ejecutivo autonómico vasco gana capacidad de incidir en decisiones estratégicas. En concreto, el órgano bilateral le permite elaborar propuestas previas al Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), realizar el seguimiento de tarifas aeroportuarias y del programa de inversiones, y participar en la planificación del aeropuerto de Vitoria-Foronda mediante una fórmula específica de «sandbox» regulatorio.
El propio Gobierno ya había anticipado, en una respuesta parlamentaria del pasado 23 de mayo, que estudiará fórmulas de participación aeroportuaria para otras comunidades autónomas que lo soliciten, después del acuerdo con Euskadi. La Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Canarias están actualmente negociando acuerdos similares.
Lo que pide la moción
El texto aprobado en la Comisión Mixta insta al Gobierno a impulsar, en un plazo máximo de seis meses, un modelo de cogobernanza aeroportuaria que permita la participación efectiva de los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias —y, eventualmente, de los cabildos y consells insulares— en la planificación, programación y gestión de los aeropuertos de interés general situados en sus territorios.
La moción plantea, además, una revisión de los actuales Comités de Coordinación Aeroportuaria, a los que define como órganos «meramente consultivos sin capacidad efectiva de influencia en las decisiones adoptadas por Aena y otros entes dependientes del sistema aeroportuario estatal». El texto pide modificar su composición, competencias y funcionamiento para que ganen peso decisorio.
Asimismo, exige que cualquier modificación de tasas aeroportuarias, reducción de servicios, alteración de rutas o decisión estratégica con impacto sobre la conectividad de Baleares y Canarias cuente previamente con mecanismos de información, consulta y participación de los respectivos gobiernos autonómicos y administraciones insulares.
Las dos vías de la cogestión balear
El movimiento de este martes en las Cortes abre una segunda vía paralela a la que el Parlament balear ya activó hace dos meses. El 28 de marzo, la cámara autonómica aprobó la Proposición de Ley para la cogestión de los aeropuertos de interés general de las Illes Balears, con el voto del PP, Més per Mallorca y Més per Menorca. Aquella norma incorpora a los consells insulares al Comité de Coordinación Aeroportuaria balear y amplía sus funciones —incluida la de informar sobre el DORA antes de su aprobación—. Su tramitación está pendiente en el Congreso de los Diputados desde abril.
La moción aprobada hoy no sustituye a esa ley pendiente: es un instrumento de impulso político, no normativo. No obliga al Gobierno a actuar, pero suma presión institucional con respaldo bicameral. Apunta, además, a una solución que iría más allá de la cogestión «consultiva» que plantea la ley balear, al pedir órganos con «capacidad efectiva de influencia» y no meramente consultivos.
Aena enfría el alcance
El propio gestor aeroportuario ya marcó distancia con el acuerdo vasco apenas días después de su firma. En una comunicación remitida al mercado el 17 de marzo, Aena sostuvo que el pacto «no altera ni la red estatal de aeropuertos de interés general ni su actual modelo de gestión» y subrayó que el marco previsto sigue siendo «consultivo, no decisorio». La posición de la empresa pública anticipa el tipo de límites que pueden enmarcar cualquier extensión del modelo a Baleares.
El contexto pitiuso: la ampliación del aeropuerto sin freno legal
La aprobación de la moción llega en plena ofensiva institucional, empresarial y social contra el proyecto de ampliación del aeropuerto de Ibiza que Aena licitó el pasado 16 de marzo, valorado en 229,7 millones de euros y enmarcado en el DORA III que el Consejo de Ministros debe aprobar antes del 30 de septiembre.
Las instituciones baleares han denunciado en las últimas semanas que no tuvieron información previa del proyecto ni se les solicitó informe en el Comité de Coordinación Aeroportuaria. La ley de cogestión que el Parlament balear envió al Congreso buscaba precisamente cerrar esa brecha procedimental, dando a los consells insulares y al Govern voz en este tipo de actuaciones antes de su licitación.
En las dos últimas semanas, el rechazo al proyecto se ha articulado mediante Proposiciones No de Ley registradas en el Parlament balear por el PP, Unides Podem y el PSOE, una moción conjunta PSOE-Unides Podem en el Consell d’Eivissa, mociones de Unides Podem en cuatro ayuntamientos y pronunciamientos de las dos patronales empresariales pitiusas (CAEB y PIMEEF), los hoteleros de la Bahía de Sant Antoni, las viviendas turísticas vacacionales (AVAT) y las organizaciones ecologistas (GEN-GOB, Amigos de la Tierra Ibiza).
