La polémica por el caos de las hamacas y sombrillas de Formentera volvió al Parlament de las Islas Baleares este martes, cuando el diputado por Formentera Llorenç Córdoba interpeló al conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, sobre quién fija realmente los criterios técnicos aplicados en los expedientes de Costas durante esta legislatura.
El cruce, en la sesión de control del martes, reabrió en sede parlamentaria un conflicto que lleva meses enredando a la Administración balear: el cambio de criterio entre la primera y la segunda resolución sobre las instalaciones de temporada, el cese de la anterior directora general de Costas y Litoral y las dudas sobre si las decisiones responden a criterios técnicos o políticos.
Córdoba abrió su intervención con una pregunta directa: quién ha fijado realmente los criterios aplicados a los expedientes de Costas durante esta legislatura, si los técnicos y funcionarios o los responsables políticos. Lafuente respondió que los criterios aplicados han sido «el cumplimiento de la normativa» y aprovechó para cargar contra la gestión del anterior Govern, al que acusó de haber realizado un traspaso de competencias en materia de costas «totalmente infradotado, en medios y en contenido», más orientado, dijo, «a un tema de propaganda electoral que a solucionar los problemas de esta comunidad».
El conseller sostuvo que su gestión se ha limitado a cumplir la Ley de Costas, su reglamento, la normativa que la desarrolla y «la disposición adicional de la ley del gobierno que afecta a Formentera».
«Las playas son las mismas, el marco técnico es el mismo»
En su réplica, Córdoba aclaró que no estaba cuestionando el número de hamacas ni pidiendo mantener o retirar quioscos, sino la coherencia del proceso. Señaló que el último informe técnico sobre las autorizaciones data del 19 de junio, y que, pese a que «las playas son las mismas, las instalaciones son las mismas, el marco técnico es el mismo», la resolución final «acaba yendo en un sentido sustancialmente diferente» tras el cambio de directora general.
El diputado afirmó también que el nuevo director general dio conformidad a una propuesta jurídica de 80 páginas en menos de 11 minutos después de que fuera firmada por el Servicio Jurídico, y cuestionó el uso, dentro de la resolución, del artículo 10 de la ley balear de urbanismo para resolver contradicciones entre la documentación escrita y la gráfica de los planos —una norma que, señaló, se está aplicando dentro de un parque natural—.
Según Córdoba, invocar ese artículo sin aplicar también la «regla de mayor protección» contenida en la misma normativa constituye un uso selectivo o «selección interesada» de la ley.
El diputado recordó además que 21 funcionarios de Costas, «incluidos los responsables de servicio clave», salieron a defender públicamente su trabajo y los criterios técnicos aplicados tras el cese de la anterior directora general, y que los quioscos de playa siguen sin resolución definitiva pese a los informes y actuaciones acumulados desde hace meses. Cerró recordando que en tres años el Consell ha tenido tres interlocutores distintos al frente de la Dirección General.
La respuesta de Lafuente
Lafuente respondió remontándose al origen del expediente. Explicó que el 18 de febrero de 2022 la Demarcación de Costas autorizó al Consell Insular —entonces de otro signo político— instalaciones de temporada para el periodo 2022-2025, pero que el propio Consell sacó a concurso y adjudicó la explotación hasta 2029, cuatro años más de lo autorizado.
Esta irregularidad había sido avanzada por La Voz de Ibiza: la concesión de las hamacas y sombrillas de Formentera está al borde de la ilegalidad ya que los pliegos van en contra del Reglamento de Costas.
Esta normativa es clara en dos puntos: la explotación de servicios de playa por terceros no puede superar el plazo de la autorización otorgada por Costas, fijado en un máximo de cuatro años.
Sin embargo, los pliegos publicados por el Consell de Formentera en noviembre de 2021 establecieron una duración de seis años —de 2022 a 2027— con posibilidad de dos prórrogas anuales adicionales, lo que eleva el horizonte temporal a ocho años. Una ventana que dobla el límite legal y que sitúa todo el concurso de hamacas y sombrillas al borde de la nulidad.
Según el conseller, eso obligó después a tramitar una renovación: el Consell la presentó en septiembre de 2025; en mayo de 2026 se dictó una autorización parcial con varias denegaciones; en junio el Consell presentó un recurso parcial; en julio se retrotrajo el expediente a fase de audiencia previa; en agosto el Consell presentó nuevas alegaciones y planos, y el 17 de ese mes se dictó una nueva resolución.
Lafuente insistió en que esa resolución del 17 de agosto no es, a su juicio, la última palabra sobre el expediente: sostuvo que la resolución definitiva es el replanteo formal realizado sobre las playas el 24 de agosto, ejecutado conjuntamente por un técnico del Consell Insular y un técnico del Govern.
Ese replanteo, afirmó, supuso «469 hamacas menos y 235 sombrillas menos» respecto al proyecto, un resultado que atribuyó exclusivamente a criterios técnicos aplicados sobre «la realidad física de las playas», sin «ninguna interferencia política». «El resultado es prácticamente lo mismo que tenía la Demarcación de Costas fijado», sostuvo, y calificó de «invenciones absolutamente demagógicas» el resto de los cuestionamientos planteados por Córdoba.
El conseller cerró lamentando la demora acumulada: «Me habría gustado que el 24 de agosto fuese el 24 de abril».
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