Los informes con los que el Ayuntamiento de Ibiza pretende sacar adelante 13 nuevos taxis concluyen que ni la congestión ni la calidad del aire alcanzan en Vila los niveles que permitirían impedir nuevas licencias o autorizaciones. Se trata de dos aspectos que no solo habilitan más taxis en la isla, sino que también permitirían sortear dos de las principales barreras que el nuevo reglamento balear estableció para la concesión de licencias VTC. El propio sector del taxi ha presentado alegaciones cuestionando que, a la hora de decidir cuántos taxis necesita la ciudad, el Ayuntamiento no haya incorporado al análisis el peso actual de las VTC y otros cambios producidos desde 2022.
La paradoja aparece al analizar el expediente completo que permaneció 30 días en exposición pública. Las 13 nuevas licencias ya habían sido anunciadas y sus bases publicadas en agosto, como informó entonces La Voz de Ibiza. Se trata de las primeras nuevas licencias ordinarias de taxi tramitadas en Baleares bajo el Decreto 6/2026, aprobado el pasado febrero después de la moratoria que había suspendido temporalmente tanto nuevas licencias de taxi como autorizaciones VTC. El Govern presentó el reglamento precisamente como el instrumento que permitiría condicionar ambas actividades a criterios de congestión y medioambientales.
Dos obstáculos que Vila descarta
Para recuperar un procedimiento que había comenzado antes de la moratoria, Vila tuvo que comprobar si concurrían las nuevas causas de denegación del artículo 4. El Ayuntamiento incorporó por ello dos estudios específicos: uno sobre congestión del tráfico y otro sobre calidad del aire.
El primero concluye que Vila no alcanza el nivel de congestión que obligaría a cerrar la puerta a nuevos títulos. El Decreto considera elevada la congestión cuando la relación entre la velocidad real y la permitida baja del 50% en el 25% de los tramos más congestionados, en temporada alta o baja. El estudio municipal obtiene valores por encima de ese límite y concluye que no concurre la causa de denegación. El estudio encargado por Vila calcula una ratio de congestión del 67,4% en temporada alta y del 69,7% en temporada baja, con una media anual del 68,5%
La distancia respecto de algunos umbrales ambientales también es considerable. En 2024, la media anual de dióxido de nitrógeno fue de 12 microgramos por metro cúbico en Can Misses y 10 en Dalt Vila, frente al límite anual de 40; los datos provisionales de 2025 bajaron a 11 y 7, respectivamente, aunque Dalt Vila dejó de funcionar el 12 de marzo y su registro de ese año es parcial.
Ozono ofrece una fotografía algo más matizada, pero tampoco activa la prohibición. En 2024 hubo máximos octohorarios de 122 μg/m³ en Can Misses y 137 en Dalt Vila, por encima puntualmente del valor de referencia de 120, pero el promedio trienal de días con superación quedó en 3 y 5, muy por debajo de los 25 permitidos. En 2025, los datos provisionales registraron cero días de superación en Can Misses y uno en Dalt Vila; tampoco hubo superaciones de los umbrales de información o alerta.
Los resultados de Vila no dan automáticamente vía libre a nuevas VTC, porque estas están sometidas a procedimientos y requisitos propios. Pero sí eliminan, según los informes incorporados por el propio Ayuntamiento, dos motivos concretos de denegación que el nuevo marco diseñó para ambas modalidades.
Alegaciones
La Agrupación de Autotaxis de las Islas Baleares, a partir de un escrito presentado por Joan Marí Riera, reprocha al Ayuntamiento que las VTC no hayan sido estudiadas como parte de la oferta de transporte al justificar que Vila necesita 13 taxis adicionales.
La Agrupación sostiene que el Ayuntamiento ha actualizado el expediente para superar los nuevos controles de contaminación y tráfico, pero no ha actualizado de la misma manera la fotografía de la oferta de transporte. Según sus alegaciones, los documentos siguen descansando en el estudio de necesidad realizado en 2022 y no incorporan suficientemente la transformación experimentada desde entonces por el transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas.
La crítica tiene una particularidad: el propio Reglamento municipal del taxi obliga a mirar las VTC cuando se decide cuántas licencias hacen falta. Su artículo 14.2 exige valorar la oferta y la demanda existentes en cada momento, la cobertura proporcionada por el transporte colectivo y, entre otras variables, el aumento del número de vehículos de arrendamiento con conductor. Las alegaciones reproducen expresamente esa previsión.
También la Ley balear de Transportes exige actualmente incorporar la “gestión del transporte” a esa decisión. La reforma aprobada mediante la Ley 4/2026 establece que los ayuntamientos deben basar las nuevas licencias ordinarias en criterios objetivos relativos a calidad del aire, gestión del transporte, tráfico y espacio público. La modificación está vigente desde el 14 de junio.
Desde esa fecha, además, las VTC afrontan restricciones específicas añadidas por la Ley 4/2026, que permite valorar cuestiones como la gestión sostenible del transporte, el tráfico, el espacio público, la calidad del aire y la preservación del territorio insular y sus recursos naturales.
Siguen existiendo otras barreras y, además, nuevas VTC deben obtener las autorizaciones correspondientes para los servicios urbanos e interurbanos conforme al régimen vigente. El Decreto 6/2026 convirtió la autorización urbana municipal en la primera llave para las nuevas VTC: según la estrategia jurídica anunciada por el Consell de Ibiza, unas 6.500 solicitudes presentadas desde 2023 se pretenden rechazar porque carecen de ese permiso municipal previo, necesario antes de obtener la autorización insular para operar en el ámbito interurbano.
El Ayuntamiento de Ibiza dijo en marzo que no preveía convocar a corto plazo el concurso necesario para conceder nuevas autorizaciones urbanas y justificó entonces esa posición en que las necesidades de transporte estaban cubiertas por taxis ordinarios, estacionales y el nuevo servicio de autobús. Sin autorización urbana, sostiene el Consell, no puede prosperar la interurbana, un mecanismo que se ha convertido en una de sus principales herramientas para contener la avalancha VTC y cuya legalidad ha sido cuestionada por la patronal Unauto, que considera que supone una doble autorización administrativa.
La Voz de Ibiza preguntó al Ayuntamiento qué fundamento objetivo se sostiene reforzar la oferta de taxi y no de VTC, teniendo en cuenta que los propios informes municipales descartan los criterios de congestión y calidad del aire que la norma aplica a ambos servicios. El Ayuntamiento no respondió a la consulta.
