La Asociación de Vecinos de Illa Plana, Illa Grossa-Illa d’en Valerino ha celebrado la suspensión de las obras del Hotel Ibiza Corso como «una pequeña victoria», en un comunicado difundido esta semana en el que reivindica que la ley les ampara y advierte de que no piensan detenerse «hasta que esta situación quede total y definitivamente resuelta».
El texto parte de un balance: que las propias administraciones les han dado la razón por escrito. «Las instituciones nos notifican por escrito que estamos en lo cierto, que existen errores urbanísticos y que no son subsanables —sostiene la asociación—; es decir, tienen que presentar un nuevo proyecto, empezando desde cero, lo que implicaría que no pueden abrir ninguna discoteca».
Los vecinos consideran esto a partir de la prohibición que incluye el PGOU de 2023 para abrir nuevas salas de fiesta.
En el decreto mediante el cual suspendió la licencia y las consecuentes obras, el Consistorio argumentó que el proyecto supera el límite máximo de incremento de ocupación del artículo 7.5 de la Ley 2/2020 —la vía excepcional por la que se tramitó la ampliación— y que dejar avanzar las obras «podría dificultar la efectividad de la resolución que finalmente se adopte» sobre la licencia.
Es la primera vez que el Ayuntamiento traslada esa conclusión a una resolución. Ese incumplimiento del 15 % ya había sido reconocido por escrito por la arquitecta técnica municipal el 22 de julio, en respuesta a un requerimiento del Consell de Ibiza.
Reproche a las instituciones
El comunicado dirige su reproche a las administraciones que, a su juicio, deberían velar por el cumplimiento de la norma y «no parece que lo estén haciendo». Los vecinos recuperan la intervención del alcalde, Rafael Triguero, en el pleno del 4 de agosto, cuando pidió prudencia y tiempo para que los profesionales hicieran su trabajo y se pudiera «contentar a ambas partes».
Es una fórmula que la asociación rechaza de plano. «Prudencia es la que se espera de los profesionales públicos a la hora de revisar y hacer las comprobaciones oportunas antes de dar una licencia de obras, y en tiempo récord, hay que decir», replica el texto, que remata: «Contentar a ambas partes, en este caso, no puede ajustarse a la ley».
Los vecinos describen semanas de actividad administrativa intensa —«no hemos parado de presentar escritos, alegaciones y respuestas a notificaciones tanto del Consell insular como del Ayuntamiento»— y dicen conservar «la sensación de que siguen buscando fórmulas para poder encajar el proyecto».
«Una pequeña victoria»
Sobre la suspensión, la asociación la presenta como el fruto del silencio de la Administración ante uno de sus recursos: dicen tener «la suspensión de las obras por silencio administrativo hasta que se resuelva uno de los recursos que hemos presentado, el cual está pendiente de contestación después de varios meses».
Y la valoran menos por sí misma que por lo que, a su juicio, evita: que, de haber continuado las obras y de darse finalmente la razón a los vecinos, «se hubieran derivado responsabilidades» económicas «que los ibicencos no tenemos por qué afrontar». «Es una pequeña victoria que nos satisface», concluye el texto, antes de anunciar que seguirán «con nuestros planteamientos» hasta el final.
Una interpretación que el Ayuntamiento no comparte
Conviene precisar un punto, porque sobre él discrepan las partes. Los vecinos atribuyen la parálisis al silencio administrativo. El Ayuntamiento, en cambio, dictó el 17 de septiembre una resolución en la que acuerda la suspensión por decisión propia, al amparo del artículo 117.2 de la Ley 39/2015. La diferencia no es menor , ya que afecta a quién puede levantar la suspensión más adelante.
El Ayuntamiento de Ibiza dictó el 17 de septiembre una resolución en la que acuerda suspender la eficacia de la licencia por iniciativa propia, al amparo del artículo 117.2 de la Ley 39/2015. Ese precepto permite al órgano que debe resolver un recurso suspender el acto recurrido cuando su ejecución pueda causar perjuicios de difícil reparación.
«Lo que en realidad pasó es que se les ha pasado el plazo para contestar y el silencio administrativo es lo que les obliga», señala a La Voz de Ibiza Alberto Sánchez Runde, presidente de la junta directiva vecinal.
En cualquier caso, ambas versiones coinciden en el resultado inmediato: las obras del Corso, que iban a reanudarse el 1 de octubre, están hoy paralizadas.
