El Ayuntamiento de Ibiza ha dado marcha atrás. Mediante la Resolución de Alcaldía núm. 2026-7368, de 17 de septiembre, el Consistorio ha acordado suspender la eficacia de la licencia urbanística núm. 11/2026 del Hotel Ibiza Corso y, como consecuencia directa, ha dispuesto que «no podrán iniciarse ni ejecutarse las obras» amparadas por ese permiso mientras la suspensión siga vigente. Las que iban a reanudarse el 1 de octubre, al decaer el bando estival, quedan por tanto frenadas.
La decisión llega después de semanas en las que el Consistorio no respondió a las preguntas de este medio ni resolvió la solicitud vecinal de suspensión.
Qué suspende, exactamente
Conviene precisarlo, porque son dos cosas encadenadas. Lo que el Ayuntamiento suspende es la eficacia de la licencia: el acto administrativo que autoriza la reforma y ampliación. Y de esa suspensión se sigue el efecto material: que las obras no pueden ejecutarse. No es que se prohíban los trabajos por una razón y la licencia por otra; es que, suspendido el permiso, no hay título que ampare la obra.
No se trata, en cambio, de una anulación. Es una medida cautelar y provisional, vinculada a la tramitación del recurso pendiente: la licencia no desaparece, queda en suspenso mientras se decide sobre su validez.
El motivo: el exceso de ocupación
El Consistorio funda la suspensión en el artículo 117.2 de la Ley 39/2015, que le permite paralizar de oficio un acto recurrido cuando su ejecución pueda causar perjuicios de difícil reparación. Y el perjuicio que identifica es explícito: que el proyecto supera el límite máximo de incremento de ocupación del artículo 7.5 de la Ley 2/2020 —la vía excepcional por la que se tramitó la ampliación— y que dejar avanzar las obras «podría dificultar la efectividad de la resolución que finalmente se adopte» sobre la licencia.
Es la primera vez que el Ayuntamiento traslada esa conclusión a una resolución, y no a un informe interno. Ese incumplimiento del 15 % ya había sido reconocido por escrito por la arquitecta técnica municipal el 22 de julio, en respuesta a un requerimiento del Consell de Ibiza.
El propio decreto deja al descubierto una carencia notable en la tramitación. Según recoge su punto quinto, un informe de los servicios jurídicos municipales de 16 de septiembre advirtió de que procede requerir a los servicios técnicos un nuevo informe que concrete cuál es el exceso de ocupación, porque el informe del 22 de julio «no concreta ni detalla cuál es el porcentaje de exceso de ocupación ni tampoco los metros cuadrados» que se habrían detectado, datos necesarios para resolver el recurso.
Dicho de otro modo: el Ayuntamiento afirmó en julio que el proyecto superaba el límite legal y que el defecto no se subsanaba mediante una modificación del proyecto, pero dos meses después admite que nunca había cuantificado ese exceso. Solo ahora encarga calcular de cuántos metros se trata.
Los vecinos discuten hasta el cómo
La suspensión no ha zanjado el pulso; lo ha trasladado a un terreno más técnico. Los vecinos recurrentes sostienen que la licencia ya estaba suspendida por ley desde antes, y que el Ayuntamiento se ha limitado a certificar tarde algo que ya había ocurrido.
Su argumento se apoya en un apartado distinto del mismo artículo: el 117.3, según el cual, transcurrido un mes desde una solicitud de suspensión sin resolución expresa notificada, la ejecución del acto se entiende suspendida de forma automática. La solicitud se registró el 12 de agosto (registro de entrada núm. 29426) y el plazo venció el 14 de septiembre —el 12 cayó en sábado— sin respuesta. Para los vecinos, la suspensión operó ese día por ministerio de la ley, y no el 17 por decisión del Consistorio.
La distinción no es un matiz formal. Si la suspensión deriva de la decisión discrecional del Ayuntamiento, como sostiene el decreto, el propio Consistorio podría levantarla más adelante «cuando se constate la desaparición» de las circunstancias que la motivaron. Si operó por silencio, como sostienen los vecinos, la continuidad de la suspensión escaparía a la voluntad municipal. En juego está, en definitiva, quién controla la parálisis de la obra.
Este medio ha solicitado al Ayuntamiento de Ibiza su valoración sobre la suspensión y sobre el alcance que le atribuye. El Consistorio aún no ha respondido.
Un expediente que sigue abierto en dos administraciones
La suspensión se dicta sobre un permiso que el propio Ayuntamiento reconoce que no ha adquirido firmeza en vía administrativa: sigue sin resolverse uno de los dos recursos de reposición presentados contra la licencia. En vía judicial se tramitan además dos recursos contencioso-administrativos, los procedimientos ordinarios 39/2026 y 85/2026, ante los tribunales de instancia números 4 y 1 de Palma.
En paralelo, el Consell de Ibiza mantiene abierta la revisión del informe turístico que hizo posible la reforma, cuya decisión de fondo sigue pendiente de que se convoque la Comisión de Ordenación Turística. Y sobre la mesa continúa el reconocimiento municipal de que no existe título habilitante de sala de fiestas, la premisa sobre la que se concedió el permiso.
