El desahucio de Maricarmen en Madrid, la mujer de 87 años desalojada del piso en el que llevaba siete décadas viviendo de alquiler, ha tomado repercusión nacional. Aunque en Ibiza no es una excepción, según sostiene Daniel Granda, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Ibiza, quien asegura que en la isla se repiten situaciones similares de forma habitual.
«Desgraciadamente sí. Lo que pasa es que no todos los casos son mediáticos y no todos los afectados quieren salir en prensa. Pero esto es el día a día, tanto con ancianos como con personas con niños, como jóvenes también y personas que estamos actualmente trabajando», afirma en conversación con La Voz de Ibiza, un día después de la concentración celebrada en Vara de Rey.
Granda reivindica que todas esas personas «también tenemos el mismo derecho a tener una vivienda digna que el que tiene Maricarmen o una familia». Según su diagnóstico, el problema en Ibiza ha empeorado: «Hemos pasado de tener problemas de desahucios a tener problemas de gente que está viviendo en la calle y huyendo de la Policía día a día».
Además, ha hecho un balance positivo de la concentración del domingo, a la que, según sus cifras, acudieron «más de 200 personas». «Una concentración hecha solo por redes sociales en 24 horas. Haber conseguido aglutinar a tal cantidad de gente en tan poco tiempo, para lo que estamos acostumbrados en Ibiza, es toda una victoria», valora.
«Un crimen»
Para el portavoz, el caso de Maricarmen ha puesto en la agenda nacional una problemática que en Ibiza es generalizada. «Lo de esta mujer ha sido especialmente sangrante. Porque dejar en la calle a una persona inválida de 87 años desoyendo una resolución de la ONU es criminal. Por mucho que la ley sea la ley, esto ha sido un crimen», asegura.
Granda enmarca el problema en un modelo que, según denuncia, favorece la especulación: «Estamos viendo cómo se está trabajando de forma activa en lograr el pelotazo inmobiliario y en atraer grandes cuentas de fuera, dándose prioridad a la gente extranjera que tiene más dinero que nosotros que a la propia población de la isla, que al final nos estamos viendo expulsados».
No obstante, el sindicato no dispone de datos que cuantifiquen los desalojos en Ibiza. «No hemos encontrado un sitio donde se esté registrando esto. Estamos más haciendo apoyo a familias que este tipo de trabajo de biblioteca», reconoce el portavoz, que insiste en que «sí hay casos diarios de este tipo, constantemente».
Tampoco manejan una cifra de personas con problemas de vivienda en la isla. «No creo que haya una estadística oficial», señala Granda, que apunta como indicador al porcentaje de población que vive bajo el umbral de la pobreza en Ibiza, que a su juicio es «sorprendentemente grande» y ha ido creciendo en los últimos años.
El caso de Maricarmen
María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, es una mujer de 87 años con un 50% de discapacidad que vivía en un piso de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el barrio madrileño de Retiro, cuyo contrato de arrendamiento firmó su padre en 1956.
Se trataba de un alquiler de renta antigua, y los tribunales concluyeron que la subrogación de Maricarmen era la segunda —la primera fue la de su madre respecto a su padre en 1965—, lo que ponía fin a su derecho a seguir en la vivienda en las mismas condiciones.
En 2024 la Justicia dio la razón a la propietaria, Urbagestión, que le exigió pasar a pagar 1.650 euros mensuales, frente a los cerca de 500 que abonaba, una cantidad inasumible con su pensión de 1.350 euros. El lanzamiento se ejecutó el miércoles 23 de septiembre poco antes de las 13.00 horas, tras horas de resistencia vecinal y un amplio despliegue policial. Maricarmen fue trasladada en camilla al Hospital Gregorio Marañón, donde permanece ingresada.
Las abogadas de Maricarmen acudieron a principios de año al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas tras agotar la vía judicial en España, y en junio el comité dictó una medida cautelar que obligaba a suspender el desahucio hasta resolver el fondo del asunto. El relator especial de la ONU para el derecho a la vivienda, Koldo Casla, sostiene que España incumplió esa medida cautelar al ejecutar el desalojo.
El caso desató una oleada de protestas. La misma tarde del desahucio, cerca de 10.000 personas se concentraron en Madrid según la Delegación del Gobierno, con réplicas en ciudades como Barcelona, Sevilla o Valencia. Ibiza se sumó el domingo, tal como publicó La Voz de Ibiza, con una concentración en Vara de Rey convocada por el Sindicato de Inquilinas.
El «decreto Maricarmen»
El «decreto Maricarmen» es el nombre con el que se conoce el real decreto ley de vivienda que el Gobierno pretende aprobar este martes. Pedro Sánchez confirmó este domingo, en un mitin en Getafe, que el Ejecutivo trabaja a contrarreloj para llevar la norma al Consejo de Ministros.
El Ministerio de Vivienda ha avanzado diez ejes del texto: protección frente a los desahucios, prohibición de la compra especulativa por parte de fondos, estabilización de los contratos de alquiler, regulación del alquiler de temporada, IVA para los pisos turísticos, bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios que bajen la renta, ayudas a la compra de primera vivienda, blindaje del parque estatal de vivienda y rebaja del IVA para la construcción de vivienda protegida con calificación permanente.
El Sindicato de Inquilinas reclama, entre otras medidas, la renovación automática de los contratos para que pasen a ser indefinidos, la congelación de precios y una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que regule los alquileres de temporada y por habitaciones.
«Si no sale adelante, este Gobierno está acabado»
Granda desconfía del resultado. «Estamos presionando muchísimo. El miedo que tenemos es que el Partido Socialista saque adelante un decreto farsa, como ya ha hecho en otras ocasiones, que cumpla a medias con algunos de los requerimientos que nosotros hacemos o que deje unos agujeros lo suficientemente grandes como para que los propietarios puedan acogerse a ellos y que al fin y al cabo la ley sea papel mojado, que es a lo que nos tiene acostumbrados Pedro Sánchez», afirma.
Y lanza un ultimátum: «Vamos a presionar y, si no sale adelante este decreto, damos por hecho que este Gobierno para nosotros está acabado».
Los próximos pasos dependerán del Consejo de Ministros. «Ahora mismo estamos un poco a la espera de qué es lo que va a ocurrir el martes. En función de lo que ocurra, nos volveremos a juntar en asamblea y decidiremos», concluye.
