Las obras que deben completar el edificio judicial de Ibiza ya tienen empresa y contrato firmado. La Secretaría de Estado de Justicia formalizó el pasado 30 de septiembre la adjudicación de las obras de acondicionamiento de la zona de reserva del inmueble situado entre la calle Madrid y la avenida Isidor Macabich, en Sa Graduada, a la empresa Vilor Infraestructuras, S.L., por 8.467.150,45 euros con IVA, según el anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Con esa firma se desbloquea la última fase de un edificio que abrió sus puertas en diciembre de 2019 con cerca de 4.000 de sus algo más de 12.000 metros cuadrados sin terminar. Ya han pasado casi siete años. En su momento, la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, había fijado mayo de 2023 como fecha de finalización.
El nuevo contrato formalizado tiene un plazo de ejecución de 20 meses. Si las obras arrancan de inmediato, terminarían a finales de la primavera de 2028, cinco años después de la fecha prometida.
Una adjudicación que llega tras un recurso
La firma pone fin a una licitación accidentada. Tal como avanzó La Voz de Ibiza, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) anuló el pasado 25 de junio la primera adjudicación. Esa adjudicación se había hecho el 3 de marzo a favor de la murciana Zima Desarrollos Integrales, S.L., que había obtenido la mejor puntuación (94,55 puntos) con la oferta más baja.
El tribunal estimó el recurso especial interpuesto por Vilor, la segunda clasificada, que sostenía que Zima no contaba con la clasificación empresarial exigida en el pliego. El recurso, admitido el 7 de abril, suspendió automáticamente el expediente durante casi tres meses.
La mesa de contratación del Ministerio acató el fallo el 8 de julio, según consta en el acta nº 22/2026 a la que tuvo acceso este medio. Allí se acordó «excluir al licitador Zima Desarrollos Integrales, S.L.» por «no disponer por sí mismo de la clasificación obligatoria (C-5 y J-2-4)».
La mesa también aceptó la tesis del tribunal: el régimen de «acumulación de clasificaciones» previsto para las uniones temporales de empresas (UTE) no puede aplicarse a quien completa su solvencia con medios externos de otras empresas, al amparo del artículo 75 de la Ley de Contratos del Sector Público.
En la misma sesión, la mesa propuso adjudicar el contrato a Vilor y le requirió los certificados tributarios, de Seguridad Social y la garantía definitiva. El acuerdo de adjudicación llegó el 20 de agosto y la formalización, el 30 de septiembre.
Cerca de 280.000 euros más que la primera oferta
El cambio de adjudicatario tiene un coste para las arcas públicas. Vilor ofertó 6.997.645 euros sin impuestos, una rebaja de apenas el 2,8% sobre el presupuesto base de licitación (7.199.224,92 euros). Zima había ofrecido 6.767.271,42 euros, que con IVA sumaban 8.188.398,42 euros. La diferencia entre las dos ofertas es de 278.752,03 euros con IVA incluido.
El precio pesaba un 60% en la valoración. Otros criterios automáticos sumaban un 10% y los criterios sujetos a juicio de valor, un 30%. Concurrieron tres empresas, todas pymes. La tercera fue la UTE de Asch Infraestructuras y Servicios y Taller de Construcción TMR, con 39,08 puntos.
El importe final también queda lejos de los cinco millones de euros que, según el juez decano de Ibiza, Sergio González Malabia, costaría terminar la sede, cifra que dio a este medio en junio de 2025, cuando aún no se había licitado la obra.
Seis juzgados todavía en el CETIS
Las obras permitirán trasladar a la sede de Sa Graduada los seis Juzgados de Primera Instancia que siguen funcionando en el edificio CETIS.
Según informó La Voz de Ibiza, el Estado paga por ese alquiler 600.000 euros anuales. El ala de la calle Castilla tiene espacio para ocho juzgados, lo que deja margen para el crecimiento de la planta judicial.
«El edificio por fuera, tú lo ves y está bien hecho, pero por dentro no», describió el juez decano en 2025. Explicó que la zona «está tapeada con pladur» y que «no están hechas las salas, no están hechos los despachos».
González Malabia también cuestionó la lógica económica del retraso: «Si yo administrara el dinero, preferiría terminar mi casa que no pagar un alquiler o pagar cosas afuera, pudiendo tenerlas todas aquí dentro». El proyecto prevé además cámaras refrigeradas y servicio de tanatología en el sótano, hoy externalizado.
El juez decano advirtió también de que la obra afectará a la actividad diaria de los juzgados ya en funcionamiento: «Hay juicios penales, hay audiencias».
Un calendario que se ha ido alargando
El edificio abrió sus puertas en diciembre de 2019 con la zona de reserva sin acondicionar. En septiembre de 2021, la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, anunció que las obras terminarían en mayo de 2023. Ese plazo no se cumplió.
En junio de 2025, el juez decano situaba el traslado completo «con suerte» en 2028.
La licitación se publicó en el DOUE el 4 de noviembre de 2025 y en el BOE el 12 de noviembre. Ese mismo mes, la empresa Pradditive IAQ recurrió los pliegos, aunque el TACRC inadmitió el recurso en diciembre.
El 3 de marzo de 2026, el contrato se adjudicó a Zima Desarrollos Integrales. Vilor Infraestructuras recurrió la decisión, lo que suspendió el expediente durante casi tres meses. El 25 de junio, el TACRC anuló la adjudicación.
Finalmente, el 20 de agosto se adjudicó el contrato a Vilor y el 30 de septiembre se formalizó la firma.
