La Guardia Civil en Ibiza afronta una situación preocupante por la falta de estabilidad de su plantilla. La asociación profesional Jucil ha advertido este miércoles de que el 93% de los nuevos agentes destinados a la isla podría marcharse una vez cumplido su periodo mínimo de permanencia, fijado en un año. La entidad ha reclamado al nuevo delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, medidas urgentes para afrontar lo que considera una «insostenible crisis» de personal en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Según los datos difundidos por la asociación, Ibiza ha recibido 59 guardias civiles, pero 55 de ellos únicamente tienen la obligación de prestar servicio durante un año. Esto supone que el 93,22% de las nuevas incorporaciones no tiene garantizada una continuidad más allá de ese plazo.
A esta situación se suma la salida de 24 agentes de la Guardia Civil en Ibiza después de la temporada estival, un movimiento que, según Jucil, reduce considerablemente el efecto de los refuerzos anunciados por la Administración.
Jucil denuncia un «truco» en las cifras de nuevos agentes
La asociación ha cuestionado los datos presentados por la Administración como un «movimiento récord» en la cobertura de vacantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Baleares.
Según ha explicado, aunque oficialmente se ha anunciado la cobertura de 384 vacantes, únicamente 310 corresponden a nuevas incorporaciones, mientras que las 74 restantes son traslados internos entre unidades.
Además, de esos 310 nuevos efectivos, 235 solo están obligados a permanecer un año en Baleares, al tratarse de personal destinado forzosamente o de alumnos en prácticas de la academia.
Para Jucil, esta circunstancia demuestra que el incremento de efectivos no garantiza una solución estable al déficit de personal que arrastra el archipiélago.
La asociación ha denunciado que, después del verano, 121 guardias civiles han abandonado Baleares, lo que reduce el impacto de las nuevas incorporaciones.
Ibiza y Formentera, entre las islas más expuestas
La situación también preocupa especialmente en Formentera, donde se han incorporado ocho guardias civiles, siete de ellos con una obligación de permanencia de apenas un año. Además, otros tres efectivos han abandonado la isla.
Esto significa que el 87,5% de los nuevos agentes destinados a Formentera podría dejar su puesto una vez cumplido el periodo mínimo exigido.
En Menorca, de los 32 guardias civiles incorporados, 26 están obligados a permanecer únicamente un año, mientras que otros 13 agentes han abandonado sus destinos.
Por su parte, Mallorca ha recibido 211 efectivos, de los cuales 147 tienen una permanencia mínima de un año. La isla también ha registrado 102 salidas.
Jucil sostiene que todas las islas han perdido ya prácticamente el equivalente a la mitad de los agentes incorporados y advierte del riesgo de que el próximo verano se produzca una nueva salida masiva de efectivos.
En concreto, la entidad alerta de que Ibiza, Menorca y Formentera podrían perder más del 95% de los efectivos recién llegados, según su estimación, mientras que en Mallorca ese porcentaje podría superar el 50%.
El coste de la vivienda, detrás de la fuga de guardias civiles
Uno de los principales problemas señalados por Jucil es el elevado coste de vida en Baleares, especialmente las dificultades para acceder a una vivienda.
La asociación considera que la reciente revisión del complemento de insularidad ha resultado insuficiente para compensar las dificultades económicas que afrontan los agentes destinados al archipiélago.
En este sentido, ha calificado la actualización de «un parche ineficaz que no frena la fuga de personal, no atiende a la realidad socioeconómica balear y perpetúa una falsa equiparación con el archipiélago canario».
Jucil también ha señalado que el problema de acceso a la vivienda y el encarecimiento de la vida no afectan únicamente a los guardias civiles, sino también a otros empleados públicos de la Administración General del Estado.
Exigen medidas urgentes al nuevo delegado del Gobierno
Ante este escenario, la asociación profesional ha reclamado al nuevo delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, que tome la iniciativa para impulsar soluciones que permitan garantizar la estabilidad de las plantillas y la seguridad ciudadana.
Entre sus principales reivindicaciones figura la creación de un modelo propio de insularidad para Baleares, adaptado a las particularidades económicas y sociales del archipiélago, con compensaciones retributivas lineales.
También solicita la aplicación del componente de trienios por insularidad, el reconocimiento de Baleares como zona de especial singularidad y la aprobación de incentivos internos que favorezcan la permanencia de los agentes.
Asimismo, Jucil reclama aprovechar el marco legal del Real Decreto Ley 19/2026, que, según la asociación, contempla un plazo de seis meses para adecuar las compensaciones.
La entidad ha concluido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Baleares «no necesitan titulares efectistas ni maquillajes de vacantes», sino «voluntad política y soluciones retributivas y laborales dignas».
