El nuevo plus de insularidad que el Gobierno central plantea para los funcionarios estatales destinados en Baleares ha topado con el rechazo frontal de guardias civiles y policías nacionales. La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y la Confederación Española de Policía (CEP) han calificado la propuesta de «chapuza», «parche» e «insulto».
Veinte años de reivindicaciones
La AEGC ha mostrado su «absoluto rechazo» a las cantidades planteadas para actualizar el complemento de insularidad de los empleados públicos estatales en las islas, según informó Europa Press este miércoles. La asociación recuerda que arrastra más de 20 años de reclamaciones, con plantillas «bajo mínimos» y compañeros «obligados a vivir en una de las comunidades más caras de España».
El colectivo denuncia una pérdida constante de agentes que abandonan el destino «en cuanto tienen la mínima oportunidad». Frente a esa realidad, la respuesta del Ejecutivo es, a su juicio, una cantidad «ridícula» y «alejada por completo» de la situación social y económica del archipiélago.
No cubre vivienda ni compra
La AEGC sostiene que la propuesta «no compensa el precio de la vivienda, no compensa el coste de la cesta de la compra, no compensa los desplazamientos y no compensa la dificultad de formar una familia» en las islas. La asociación vincula la reivindicación con la calidad del servicio público: sin plantillas cubiertas y profesionales arraigados, advierte, el sistema se resiente.
«No es lo mismo una plantilla formada por profesionales que desean quedarse que una plantilla en permanente rotación, agotada económicamente y con la cabeza puesta en marcharse», subrayan.
Diferencias por grupo funcionarial
Uno de los puntos que más irrita al colectivo es que el complemento se module según la categoría del funcionario. La AEGC lo considera «especialmente incomprensible», porque «el precio del alquiler o la hipoteca no pregunta si uno es funcionario A1, C1 o C2″.
La asociación remarca que quienes tienen salarios más ajustados son precisamente los que sufren con más dureza el sobrecoste de vivir en Baleares, por lo que reprueba que el complemento se reparta de forma «desigual» ante los mismos precios y las mismas dificultades.
Ibiza, Menorca y Formentera
La AEGC reconoce que en Ibiza, Menorca y Formentera las cantidades previstas pueden ser superiores a las de Mallorca, pero insiste en que «siguen lejos de una compensación real y suficiente». «La doble o triple insularidad no puede convertirse en una excusa para maquillar una medida que, en su conjunto, nace claramente insuficiente», advierten.
Para el colectivo, la actualización es «un parche insuficiente, tardío y mal diseñado». Reclaman un complemento «digno, suficiente, homogéneo y vinculado a la realidad del coste de vida» en el archipiélago.
La Policía también carga
La CEP en Baleares se ha pronunciado en la misma línea y ha rechazado la propuesta por suponer unas «cantidades insuficientes» que «no compensan» el mayor coste de la vida. El sindicato policial denuncia que la medida «no favorece el arraigo», no garantiza que los empleados públicos se queden ni que las plazas se cubran.
La CEP lo tacha de «desigual» e «injusto» y de «insulto» para los policías y el resto de empleados públicos que sostienen los servicios cada día en las islas. Reclama un plus «digno» y «real», acorde al coste de la vida, capaz de «atraer, retener y motivar» a los funcionarios y de garantizar servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos.
Fuga silenciosa de agentes
Ambas organizaciones coinciden en el diagnóstico: el problema es estructural y la propuesta actual no lo resuelve. La sangría no es teórica: cuatro motoristas de la Guardia Civil en Ibiza han obtenido nuevo destino y dejarán la isla sin relevo tras el verano, un ejemplo reciente de esa rotación permanente que denuncian los sindicatos.
Desde AEGC Baleares avanzan que defenderán una insularidad «digna», porque, sostienen, «lo que está en juego no es dinero», sino la calidad del servicio público que reciben los ciudadanos. La pelota, con el nuevo plus de insularidad sobre la mesa, queda ahora en el tejado del Gobierno central.
