Port Med Formentera, la empresa encargada de la gestión unificada de los amarres deportivos del puerto de La Savina, ha elaborado un modelo de contrato para los amarristas de base que contempla la pérdida automática de esa condición por incumplimientos contractuales, recargos económicos, obligaciones de abandonar las instalaciones y gastos adicionales que no quedan cuantificados en el propio documento.
El documento, que obra en poder de La Voz de Ibiza, contiene 16 apartados que regulan la relación entre la empresa y los propietarios de las embarcaciones.
El contrato ha suscitado críticas entre usuarios conocedores de las condiciones propuestas, que cuestionan especialmente las facultades que Port Med se atribuye para reconocer o retirar la condición de base, así como la posibilidad de imponer consecuencias económicas por incumplimientos sin establecer una graduación expresa según su gravedad.

En tanto, La Voz de Ibiza ha intentado hablar con los representantes de Port Med Formentera sobre estas irregularidades. Sin embargo, desde la oficina central de Palma respondieron que no había nadie disponible hasta la próxima semana.
Port Med se atribuye el reconocimiento de la condición de base
Una de las primeras cuestiones aparece en las cláusulas 2 y 3, que regulan el reconocimiento de una embarcación como usuario de base. El contrato establece que esa condición corresponde al derecho de amarre y exige al armador acreditar documentalmente su relación con la embarcación y su titularidad.
La cláusula 3 señala literalmente que «la embarcación ha adquirido el derecho de atraque base por autorización expresa de PMFm», las siglas utilizadas por Port Med Formentera. Esta redacción presenta a la empresa como la entidad que reconoce expresamente esa condición.
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Sin embargo, el pliego de bases del concurso establece un régimen de preferencia para determinados usuarios históricos del puerto. En su base 1.1 dispone que el gestor deberá seguir prestando el servicio como embarcaciones de base a las que cumplan los requisitos de antigüedad, continuidad de titularidad y acreditación documental, siempre que exista un puesto adecuado y acepten las nuevas condiciones económicas y contractuales aplicables.
En concreto, esa preferencia se vincula a embarcaciones que acrediten una condición de base de al menos doce meses y que ya reunieran determinados requisitos antes de la publicación del pliego. Esto justamente limita la discrecionalidad del gestor.
Incluso, en los anexos de los pliegos de la licitación se han incluído los amarres base de ambas marinas.
Pérdida automática de la condición de base por incumplimientos
La cláusula 5 es una de las más controvertidas. El documento permite suspender servicios ante incumplimientos de las obligaciones del amarrista y establece que la vulneración de las condiciones contractuales dará lugar a la pérdida de la condición de base.
El contrato prevé que la embarcación pase automáticamente al régimen de transeúnte si continúa utilizando las instalaciones, sin establecer expresamente una distinción entre incumplimientos graves, leves o de escasa entidad.
La misma cláusula añade que, cuando el incumplimiento sea reiterado, Port Med queda autorizada a retirar la embarcación y depositarla en seco, con cargo al amarrista de los gastos derivados de su traslado y puesta a disposición, además de otros costes directos o indirectos que puedan generarse.
Esta previsión tiene especial relevancia porque las tarifas máximas aprobadas por la APB definen las categorías de base y transeúnte en función del periodo de estancia autorizado: seis meses o más para las primeras y menos de seis meses para las segundas.
La reclasificación puede tener consecuencias económicas muy importantes. Para una embarcación de hasta ocho metros no destinada a chárter, la tarifa máxima diaria de transeúnte en temporada alta es 17,54 veces superior a la de base.
Contrato anual, obligación de salida y recargo del 100 %
Las cláusulas 3 y 7 regulan la duración de los derechos de atraque. La primera establece que la autorización no puede superar un año y descarta la renovación automática.
La segunda va más allá y dispone que, terminado el periodo contratado, la embarcación debe abandonar las instalaciones sin necesidad de notificaciones ni preavisos.
Si el titular no desaloja el puesto al vencimiento o después de un requerimiento por incumplimiento, el contrato permite exigir la tarifa máxima con un incremento de hasta el 100 % por cada día de permanencia no autorizada.
Un 20 % adicional por retrasarse cinco días hábiles
El contrato también contempla consecuencias económicas por retrasos en el pago. Su cláusula 6 permite imponer un recargo del 20 % de la deuda total cuando el usuario tarda más de cinco días hábiles en abonar un recibo o una factura.
La disposición precisa que esa cantidad no sustituye las posibles indemnizaciones por daños ni los intereses que pudieran corresponder. Por tanto, el modelo permite reclamar varios conceptos económicos derivados de un mismo retraso.
Gastos generales que el contrato no explica
Otra de las disposiciones cuestionadas es la cláusula 10, según la cual Port Med podrá repercutir a los amarristas de base los gastos generales de la marina que les correspondan.
El problema es que el clausulado no especifica qué conceptos integran esos gastos, cuánto pueden representar ni qué sistema se empleará para repartirlos. Para conocer su alcance remite al Reglamento de Explotación y Policía y a las Condiciones Generales de Contratación.
Esta previsión plantea dudas porque las tarifas máximas de la APB ya incluyen servicios como la recogida de residuos, la guardería y la custodia de embarcaciones.
Los servicios adicionales pueden cobrarse separadamente en las condiciones previstas por la regulación aplicable, pero deben distinguirse de prestaciones ya incluidas en el precio.
El pliego contiene límites todavía más concretos. Sus bases 5.2.2.1 y 5.2.2.2.1 impiden trasladar a los usuarios la tasa de ocupación y la tasa de actividad propias del adjudicatario. Por tanto, Port Med debe justificar qué gastos generales pretende reclamar y demostrar que no incluyen costes cuya repercusión está expresamente prohibida.
Agua y electricidad: anticipos sin un sistema de liquidación detallado
La cláusula 9 obliga a las embarcaciones a cumplir determinadas condiciones de conexión eléctrica y establece que los consumos de agua y electricidad correrán a cargo del amarrista.
El texto señala que se facturarán periódicamente conforme a las tarifas aprobadas por la APB, pero también autoriza a Port Med a solicitar cantidades o depósitos a cuenta para responder por esos consumos.
Esta disposición no especifica cómo se calcularán los anticipos, con qué frecuencia se liquidarán las diferencias ni cuándo se devolverán las cantidades que pudieran resultar sobrantes.
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Sin embargo, el pliego del concurso de La Savina exige, en su base 1.7, que el suministro se facture de acuerdo con el consumo realmente efectuado y que existan sistemas de medición individualizada. También excluye los repartos o prorrateos de consumo entre usuarios.
La base 5.2.1.5 refuerza esa obligación al establecer que únicamente puede facturarse el consumo real, sin mínimos, y fija un incremento máximo del 20 % sobre las tarifas de referencia de agua y electricidad de la APB.
La Voz de Ibiza ya informó el pasado 22 de octubre sobre presupuestos de Port Med que incluían consumos estimados.
Port Med puede comercializar amarres cuando quedan vacíos más de 24 horas
Una cláusula distinta, hasta ahora menos conocida, es la número 11, que regula qué sucede cuando un amarrista de base no utiliza temporalmente su puesto.
El documento obliga al usuario a comunicar a Port Med las ausencias superiores a 24 horas y autoriza expresamente a la empresa a comercializar el puesto durante ese periodo de desocupación.
Esto significa que un amarre contratado por un usuario de base podría ser ofrecido temporalmente a otra embarcación durante su ausencia, conforme a la facultad contemplada en el contrato.
Exención de responsabilidad por robos y daños
La cláusula 8 establece que Port Med no se hace responsable de los robos, pérdidas o daños que sufran los bienes de los amarristas de base dentro de la marina.
Se trata de una exclusión redactada en términos generales que debe examinarse junto con las obligaciones de la empresa, ya que las tarifas máximas incluyen expresamente los servicios de guardería y custodia de las embarcaciones.
Otras facultades y obligaciones contempladas
El resto del clausulado también regula aspectos del uso de las instalaciones. La cláusula 4 atribuye al personal de Port Med amplias facultades para ordenar las maniobras y dictar instrucciones de obligado cumplimiento, de acuerdo con las necesidades de explotación y las normas del puerto.
La cláusula 13 restringe el depósito de pertrechos y la realización de determinadas tareas que puedan causar molestias, mientras que la cláusula 14 permite sustituir el amarre inicialmente asignado por otro de prestaciones iguales o equivalentes y contempla la intervención del personal de la marina sobre las embarcaciones en situaciones de emergencia o necesidad.
Por último, las cláusulas 15 y 16 regulan las comunicaciones electrónicas y la resolución judicial de controversias. El contrato considera válidas, en determinadas condiciones, las comunicaciones electrónicas acreditadas aunque el destinatario no las abra y establece una sumisión a los juzgados y tribunales de la ciudad de Ibiza, con renuncia al fuero que pudiera corresponder.











