Ayer martes, el mismo día que La Voz de Ibiza avanzó que Llorenç Córdoba había denunciado ante la Guardia Civil finalmente la grabación y posterior filtración a Periódico de Ibiza dos conversaciones privadas en las que el presidente del Consell de Formentera, entonces líder de Sa Unió, pedía un sobresueldo de hasta 4.000 euros al mes, el portavoz de la coalición formada por PP de Formentera y Compromís amb Formentera, Óscar Portas, anunció en Radio Illa que había presentado una contradenuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Baleares. La crisis sin fin de Formentera entra, pues, en la fase judicial.
A pesar de los intentos de este medio para recabar la versión y aclarar algunas cuestiones al respecto, fue imposible obtener la opinión ayer del supuesto portavoz de la coalición, al igual que ha sucedido en anteriores ocasiones, de lo que se deduce que La Voz de Ibiza ha sido vetado por Sa Unió por haber desvelado en exclusiva las gravísimas irregularidades cometidas durante la tramitación del concurso que adjudicó los servicios de playas con la participación activa en el tramo final del propio Portas.
Según ha podido reconstruir La Voz de Ibiza a través de las informaciones publicadas en varios medios pitiusos, Óscar Portas, a título personal, habría acudido durante la mañana del martes, coincidiendo con la publicación de la denuncia de Córdoba, a la Fiscalía Anticorrupción de Baleares en Mallorca para presentar una denuncia contra el presidente no adscrito por los siguientes supuestos delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho y tráfico de influencias en la adjudicación de los lotes de las playas.
Fuentes cercanas al presidente no adscrito, han aclarado «que no vamos a perder ni un segundo cuando toda la actuación del presidente relacionada con los concursos está avalada con informes jurídicos».
Algunos medios también han incluido los delitos de soborno (sic) y abuso de poder (sic), ilícitos que no aparecen como tales en el Código Penal.
Salvo Diario de Ibiza, medio que asegura haber tenido acceso parcialmente a la denuncia, el resto de medios se habría basado exclusivamente en las declaraciones del también conseller de Patrimonio.
Aunque Diario de Ibiza no lo asegura taxativamente, si bien se puede deducir de su relato, parece que los hechos constitutivos de delito estarían relacionados exclusivamente con el concurso bajo sospecha de los servicios de playa. Esta es la primera pregunta que La Voz de Ibiza no ha podido formular a Óscar Portas sobre la surrealista denuncia: ¿Hay algo más?
Portas ha explicado que ha acudido a la Fiscalía porque es obligación de cualquier ciudadano poner en conocimiento de las autoridades cualquier indicio o sospecha de delito. Antes, la coalición habría consultado con abogados penalistas unos hechos que, siempre según su relato, «muy graves».
También ha querido dejar claro Portas que después de interponer la denuncia se ha puesto en contacto con GxF y PSOE, formaciones a las que quiere persuadir Sa Unió para que se sumen a la articulación de una moción de censura que destrone a Córdoba.
La forma
En cuanto a la forma, los interrogantes están relacionados con la fecha de presentación de la denuncia (¿ha tomado la decisión Sa Unió tras la revelación de La Voz de Ibiza o es una mera coincidencia?), ¿por qué no ha hecho pública la denuncia a través de un comunicado?, ¿por qué no ha desvelado el contenido íntegro de la misma? ¿Por qué ha acudido a la Fiscalía Anticorrupción y no a la Guardia Civil o la juzgado ordinario?
El fondo
Cuestiones tangenciales de lado, el fondo de la cuestión es si tiene algún recorrido jurídico que el presidente no adscrito haya podido cometer los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho y tráfico de influencias en el concurso bajo sospecha cuando su actuación se ha limitado precisamente a tratar de evitar la adjudicación a las ofertas mejor puntuadas en base a un informe jurídico de una funcionaria del Consell de Formentera que asegura que deberían descartarse todas las ofertas y declarar los lotes de los quioscos pendientes desiertos para acabar poniéndose de perfil después de una recibir una recusación y ser desautorizado por el Pleno y, por lo tanto, no ha participado directamente en la resolución administrativa.
Preguntas
¿Qué resolución injusta a sabiendas ha tomando Córdoba cuando no ha tomado ninguna decisión con consecuencias al respecto? ¿O sí?
¿Qué caudales públicos ha malversado el presidente no adscrito en este caso? ¿La contratación de un informe jurídico a un prestigioso catedrático de la UIB que, además, fue propuesto por el presidente del PP de Formentera, José Manuel Alcaraz?
¿Qué negociaciones prohibidas ha tenido con funcionarios Córdoba? ¿Con qué funcionarios? ¿Con la letrada de Recursos Humanos recusada por ser la presidenta de la OCB de Formentera?
¿Qué soborno habría recibido Córdoba para ser acusado de haber cometido cohecho? ¿Por qué motivo? ¿De quién? ¿Quiere decir que Córdoba cobró de los antiguos quiosqueros por haberse apartado del concurso y dejar que ganaran los que no habrían ganado de no haberse modificado las bases del concurso con los sobres abiertos, todo ello con el beneplácito de GxF, PSOE y Sa Unió?
¿Qué beneficio económico ha percibido Córdoba a través de qué resolución después de haber influido en qué funcionario o autoridad pública gracias a su situación de prevalimiento en el concurso bajo sospecha del que se acabó apartando?
Solo Portas
Además de todas estas preguntas, sorprende también que la denuncia haya sido presentada exclusivamente por Óscar Portas y que la justificación sea que de esta forma, Verónica Castelló y Cristina Costa, podrán acudir a declarar como testigos.
Ambas, junto al portavoz, fueron los tres únicos consellers que firmaron la adjudicación de los lotes de playa, tras apartarse Córdoba e inhibirse Javier Serra por la relación indirecta a través de Marina Formentera con dos empresas finalmente adjudicatarias, tal como también desveló La Voz de Ibiza.
La reunión con el encapuchado
¿El motivo de la demanda es la reunión que mantuvo Córdoba junto a uno de los licitadores, que según desveló Sa Unió acudió al Consell encapuchado para ocultar su identidad al entrar, que habría sido el que alertó, a través de una de las múltiples alegaciones no contestadas, de las irregularidades en materia laboral?
Independientemente de si es más o menos estético, que no lo es, o más o menos acertado, que no lo es, que Córdoba cancelara una Junta de Gobierno para celebrar una reunión con uno de los aspirantes, ¿es constitutivo de delito este hecho? ¿Es delito que el presidente y consellers se reúnan con un aspirante a un concurso que ha denunciado una serie de irregularidades que la institución no ha contestado, como casi todas las otras?
Demanda, denuncia, querella
Periódico de Ibiza se refiere en varias ocasiones a la demanda presentada por Sa Unió fruto de su analfabetismo judicial, ya que una demanda sirve exclusivamente para procedimientos en vía civil, mercantil y laboral, nunca ante supuestos ilícitos penales como es el caso.
¿Por qué Portas y no sa Unió o todos los consellers de la formación han presentado una denuncia y no una querella directamente?
Para presentar una denuncia, es suficiente con acudir a la autoridad y relatar los hechos. No es necesario ni abogado ni procurador. En cambio, la presentación de una querella supone incurrir en costes.
La principal diferencia es que la querella implica la solicitud de las diligencias que debe practicar el juzgado y se manifiesta la «intención de ser parte acusadora del procedimiento».
¿Qué diligencias solicita Sa Unió? ¿Tiene Óscar Portas intención de ser la parte acusadora del procedimiento?
El argumento esgrimido por Portas para justificar haber dejado fuera de la denuncia a Verónica Castelló y Cristina Costa es que así podrán participar como testigos. ¿No están obligadas a denunciar también los supuestos delitos sobre los que habrían tenido el mismo conocimiento que Portas?
¿Las pruebas que avalan la comisión de delitos tan graves como los denunciados son los testimonios de ambas conselleras sobre la reunión con uno de los ofertantes?
Denuncia falsa
Otra derivada de este surrealista episodio es la consecuencia de la presentación de una denuncia falsa. El Código Penal establece pena de prisión y/o multa en función de la gravedad del delito que se ha intentado imputar. Las consecuencias de una denuncia falsa son pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses si se imputa un delito grave, como es el caso.
Para ello, se ha de demostrar que el denunciante habría actuado con mala fe, «con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad», cuando denunció un delito a sabiendas de su falsedad.
Antecedentes
Óscar Portas fue el protagonista de uno de los múltiples episodios truculentos de la crisis sin fin que vive Formentera. Y es que se inventó, tal como desveló La Voz de Ibiza, que Sa Unió había solicitado un informe jurídico a la Abogacía de la Comunidad Autónoma que emitiera un informe sobre las consecuencias que tendría la expulsión de Córdoba de su grupo político cuando no forma parte de catálogo de funciones del organismo la emisión de este tipo de informes para otra administración, ya que su cometido es representar a la Comunidad Autónoma en procedimientos judiciales y asesorar al Govern cuando es requerido.
Tampoco había solicitado Sa Unió un informe jurídico al secretario de la Corporación como había venido repitiendo de forma reiterada en las semanas previas. Lo hizo después de que este medio desvelara los hechos.
