La Dirección General de Costas y Litoral del Govern balear ha advertido que podría abrir expedientes en el caso de que los quioscos de playa de Formentera no cumplan sus obligaciones de desmontar durante un mes, entre el 15 de enero y el 15 de febrero.
El organismo autonómico ha informado a Ràdio Illa que comprobará si los chiringuitos de la Pitiusa menor proceden al “desmontaje dentro de los plazos establecidos en la concesión administrativa”. Y ha agregado que “si no se cumple esta obligación, la conselleria [balear] analizará la situación y podrá actuar conforme a lo establecido en la normativa, incluyendo la posibilidad de abrir un expediente”.
Desde la Dirección General de Costas del Govern han aclarado a La Voz de Ibiza que las sanciones y expedientes serían para los concesionarios de los chiringuitos, no para el Consell de Formentera (a quien el Ministerio de Transición Ecológica ha delegado las concesiones).
Por otra parte, el Govern balear ha confirmado la recepción del pedido que le ha hecho llegar el Consell insular. En su escrito, solicitaba “como medida cautelar la suspensión de la obligación de desmontar los chiringuitos de playa entre el 15 de enero y el 15 de febrero”.
A su vez, la semana pasada el Govern balear había informado que «podría estudiar la posibilidad» de suspender la obligación de desmontar los quioscos de playa durante un mes para años posteriores (desde el 2026) siempre que el Consell de Formentera “plantee formalmente esta petición”.
Tiempo de gracia
Las últimas declaraciones del Govern ocurren cuando ya ha comenzado a correr el mes en el cual los quioscos de playa debían estar desmontados, según establece el título concesional de Costas en virtud del Reglamento de Costas, y que se incluye en los contratos firmados por los chiringuitos.
Lejos de exigir a los titulares de los quioscos de playa el cumplimiento de lo acordado, el Consell se ha plegado a su reclamo y a sus polémicos argumentos al solicitar al Govern que se exima a los concesionarios del requisito de desmontar los chiringuitos.
Uno de estos argumentos de los que se hace eco el Consell insular es que, según los concesionarios de los chiringuitos, “la norma no detalla en ningún momento la definición de temporada ni se señala en qué meses se fija una temporada”.
Por otra parte, los concesionarios han argumentado sobre un supuesto “conflicto jurídico” a raíz de la “falta de coherencia entre los pliegos contractuales aprobados por el Consell y el contenido de la concesión, que se explica, a su vez, por la diferencia temporal entre unos y otra”.
Mientras tanto, el Consell ha informado a todos los adjudicatarios que, “de forma provisional y mientras no se resuelvan las medidas cautelares, no se proceda a desmontar los quioscos-bar por evitar causar daños irreparables” en material ambiental.
