La gestión del aparcamiento subterráneo de Sant Antoni ha desembocado en un proceso judicial de gran envergadura.
Los exalcaldes José Sala y Pepita Gutiérrez, ambos del Partido Popular, serán juzgados junto a cinco exconcejales del Ayuntamiento tras la denuncia de la empresa concesionaria, que los acusa de no haber cerrado varios aparcamientos gratuitos en el municipio, lo que habría afectado la viabilidad de su negocio.
El Juzgado de Instrucción Número 1 de Ibiza ha ordenado la apertura de juicio oral y ha impuesto una fianza de 26,2 millones de euros para cubrir posibles responsabilidades civiles. Por el momento, no hay una fecha concreta para el inicio del juicio, que se llevará a cabo en el Juzgado de lo Penal de Ibiza, según ha informado la Cadena Ser.
El papel de la Fiscalía y la acusación particular
A pesar de la magnitud de la causa, la Fiscalía no ha presentado acusación y ha solicitado el archivo del caso, al considerar que no hay indicios suficientes para demostrar que los acusados incurrieron en prevaricación.
Sin embargo, la empresa concesionaria, que actúa como acusación particular, mantiene que se cometieron delitos de prevaricación y malversación, y ha solicitado una inhabilitación de nueve años para los procesados, además de la indemnización millonaria.
Cinco de los siete acusados han recibido ya la notificación del juicio y han presentado recursos contra la fianza impuesta. Los otros dos exconcejales comparecerán la próxima semana para recibir la comunicación formal.
El conflicto de los aparcamientos disuasorios
El origen de esta disputa judicial se remonta a 2006, cuando la empresa Subsuelos Urbanos obtuvo la concesión para la construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo en el centro de Sant Antoni, con un contrato de 75 años de duración.
La compañía sostiene que, desde que comenzó a operar, el Ayuntamiento mantuvo abiertos varios aparcamientos disuasorios gratuitos sin licencia, lo que habría reducido la rentabilidad del parking subterráneo. Entre los estacionamientos señalados en la denuncia se encuentran ses Variades, Antoni Riquer 44 y 17, y el polígono 9, según ha informado Radio Ibiza.
Según la empresa, los responsables municipales ignoraron sus peticiones para clausurar estos aparcamientos y, al no obtener respuesta, decidieron llevar el caso a los tribunales. Algunos de los exalcaldes y exconcejales implicados llevan 11 años imputados en este procedimiento.
Los exalcaldes defienden su gestión
Tanto José Sala como Pepita Gutiérrez han defendido su actuación, argumentando que no existía obligación legal de cerrar los aparcamientos disuasorios. Para respaldar su postura, han aportado informes técnicos que avalan la legalidad de estos estacionamientos, ya que operaban mediante convenios con los propietarios de los terrenos, exentos de pagar el IBI a cambio de ceder su uso.
Además, sostienen que la normativa urbanística permitía el mantenimiento de estos aparcamientos sin necesidad de modificar la planificación municipal.
No obstante, en 2021, los tribunales ordenaron el cierre del aparcamiento de ses Variades y de otros solares urbanos. El gobierno municipal encabezado por Marcos Serra ejecutó la orden meses después, retirando la señalización y los bolardos que delimitaban estos estacionamientos.
La concesionaria, en concurso de acreedores
La empresa adjudicataria del aparcamiento subterráneo declaró concurso de acreedores en 2021, asegurando que su situación financiera no se debe a una mala gestión, sino a la falta de control municipal sobre los aparcamientos gratuitos.
En su demanda, reclama una indemnización millonaria por los daños sufridos entre el 27 de junio de 2010 y el 16 de febrero de 2021, aunque deberá descontarse los ingresos obtenidos por la explotación del parking en ese mismo periodo.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Sant Antoni ha iniciado un proceso para resolver la concesión con la empresa que actualmente gestiona el aparcamiento, abriendo la puerta a un nuevo capítulo en este conflicto legal que ha marcado la política municipal en la última década.
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