El PSIB ha señalado al Partido Popular como el principal responsable de la indemnización de 96 millones de euros que el Gobierno balear debe abonar a la empresa de Matthias Kühn.
En un comunicado emitido este jueves, el partido socialista ha exigido la destitución del asesor técnico de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, Antonio Gómez, a quien consideran culpable de favorecer la construcción en Muleta II durante su cargo como vicepresidente del Govern.
Mercedes Garrido, diputada del PSIB, ha denunciado que dicho acuerdo se alcanzó a pesar de los informes desfavorables del Ayuntamiento de Sóller y del departamento de territorio del Consell de Mallorca, ambos bajo el control del PP.
La legislatura pasada, el Govern descalificó los terrenos de la urbanización Muleta II, propiedad de Kühn. Sin embargo, en 2013, se pactó su reclasificación como suelo urbano a cambio de resolver un litigio judicial iniciado por Kühn.
Garrido ha criticado que el acuerdo no tuviera en cuenta al Ayuntamiento de Sóller, el cual debía modificar su planeamiento urbanístico para permitir el proyecto de urbanización. Esta falta de consideración llevó a que, en la práctica, los terrenos de Muleta II siguieran siendo considerados suelo rústico protegido.
La posterior aprobación de la Ley 12/2017, de urbanismo de Baleares, durante el mandato del Govern de Francina Armengol, volvió a reclasificar los terrenos como suelo rústico protegido.
Garrido ha destacado que esta sentencia demuestra dos enfoques distintos sobre el territorio: el del PP, que según ella tiende a destruirlo, y el de la izquierda, que busca protegerlo y conservarlo.
Además, ha solicitado al Govern que aclare cómo y a quién se le pagará la indemnización, dado que los terrenos de Muleta II pertenecen a la Sareb. Por último, ha expresado su satisfacción por la protección de Muleta como espacio natural, contrastándolo con la posibilidad de que, de haber sido por el PP, se hubieran construido 33 macrochalets en la montaña del puerto de Sóller.
