Mariano Juan Colomar (Ibiza, 1982), vicepresidente primero, portavoz y superconseller de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo, además de representante del Consell en los consejos de administración de Autoridad Portuaria y Ports IB, es licenciado en Derecho, especializado en temas urbanísticos. Forma parte del equipo del presidente Vicent Marí desde 2011 cuando accedió al Ayuntamiento de Santa Eulària cuando era alcalde para ocuparse del área de Urbanismo.
El Departamento de Lucha contra el Intrusismo está a las puertas de enfrentarse a una nueva temporada repleta de desafíos. Repasamos en esta amplia entrevista todas las cuestiones relacionadas con sus departamentos o en las que participa de forma muy directa.
-El desalojo forzoso de una vivienda es el último de los pasos de todo procedimiento administrativo. Hay que tener en cuenta que la norma se acaba de aprobar y aún es pronto. Cuando se detecta un piso turístico, primero se decreta el cese del uso. Si se detecta que se incumple, el Consell puede dictar órdenes de ejecución forzosa y pedir permiso al juzgado. El precinto es una herramienta muy importante que, además, abre la vía penal, por un delito de desobediencia si se rompe el precinto.
-Dice que se acaba de aprobar, pero el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda fue aprobado a principios de octubre…
-Me refería a que la convalidación del decreto en ley es de hace unas semanas. La Ley General Turística nos obliga a dar audiencia previa a los interesados, lo que supone que tienen derecho a presentar recursos y nosotros, la obligación de contestarlos. Si persiste el uso, hay que pedir permiso al juzgado y a partir de allí depende del juez. Es imposible dar un plazo.
–Me da la sensación que hubo un exceso de alegría cuando se dio a conocer la medida…
-No. La alegría está justificada. Para subir una montaña primero tienes que dar un primer paso. Hasta ahora teníamos un Govern balear que no ayudaba a facilitar la ejecución forzosa y que limitaba nuestro ámbito de actuación a sancionar, lo que nos impedía cortar los ingresos a los piratas que medran en el mercado y que perjudican la oferta residencial. Había que modificar la ley. Ahora tenemos que seguir trabajando para reforzar la legislación.
-Sí. La petición es lógica porque es evidente que el alquiler turístico es una actividad económica que compite en el mercado con el resto de la oferta de alojamiento. El Tribunal Supremo en el ámbito civil ya ha dictaminado que es una actividad económica. La ventaja práctica de incluir el alquiler turístico en la Ley de Actividades es que incorporamos a los ayuntamientos a la lucha contra el alquiler turístico, lo que supone incrementar exponencialmente los recursos disponibles.
Hasta ahora, las policías solo pueden informar. Si cambia la ley, podrán inspeccionar y sancionar por incumplir la Ley de Actividades. Dispondríamos de muchos más manos y brazos para luchar contra esta lacra. Los piratas podrían ser sancionados y perseguidos por incumplir la Ley General Turística, de la que se encargaría el departamento de Ordenación Turística del Consell, y por la Ley de Actividades, de la que se encargarían los ayuntamientos.
-Me parece muy relevante que el Tribunal Supremo haya dicho que el alquiler turístico es actividad económica de cara al debate sobre la inviolabilidad del domicilio consagrada en la Constitución.
-No es baladí, pero tampoco es concluyente. Tiene su importancia y contribuye a facilitar el enfoque de los legisladores, en este caso, del Parlament. Es más fácil que sea aplicable también al ámbito administrativo después de este fallo.
-¿Hay que modificar la Ley General Turística también? En la Ley 6/2017 se consagró que el alquiler turístico era una modalidad de uso residencial, lo que parece una contradicción con una actividad económica.
-Nosotros lo que queremos es eliminar la exclusión que hay ahora en la Ley de Actividades de Baleares que, a diferencia de otras comunidades, excluye expresamente el alquiler turístico de su ámbito.
-¿Y la inviolabilidad del domicilio?
-La inviolabilidad de un domicilio es importante, pero no determinante en este debate. Los juzgados autorizan a entrar en las viviendas, como vimos en Casa Lola. Tardan, pero lo acaban permitiendo, como no puede ser de otra manera, siempre dando audiencia y permitiendo a los afectados defenderse. La inviolabilidad de un domicilio no impide el precinto de pisos turísticos.
-Entonces no considera necesario actualizar en este sentido la Ley General Turística.
-Lo considero conveniente, pero no lo considero urgente. Es un cambio de paradigma que puede tener implicaciones urbanísticas importantes. Tiene todo el sentido que forme parte del debate parlamentario y de la tramitación de la ley. Insisto en que de lo que estamos hablando ahora es de que una forma casi inmediata, a través de un decreto ley, podamos unir a los ayuntamientos en la lucha contra el alquiler turístico. Son debates paralelos y compatibles.
-Es evidente que fue un error excluir expresamente el alquiler turístico de la Ley de Actividades.
-No creo que fuera un error porque se hizo con toda la intención.
-Rectifico: fue una decisión equivocada.
-Consideramos que sí. A toro pasado, todos somos Manolete… Hace una década o más, los vientos iban en otra dirección en materia de alquiler turístico. Es una legislación compleja que ha ido evolucionado poco a poco. Es una actividad muy novedosa, que genera un amplio debate en Europa. Está habiendo un cambio en la jurisprudencia de los tribunales. Hace años la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC) atacaba las normativas restrictivas que impulsaban ayuntamientos y comunidades porque de la Unión Europea se favorecía esta actividad en base a los vientos liberalizadores que la caracterizan.
Durante mucho tiempo fue así y funcionó generando rentas a muchas familias. Sin embargo, en los últimos años, con tantas zonas tensionadas, a raíz del impacto de las plataformas y las redes sociales, no solo por el precio del alquiler sino también por la convivencia de orden público, los tribunales superiores de justicia están por norma general validando nuevos límites y parámetros de equilibrio territorial.
Nosotros defendemos que esto es una industria turística. La industria es buena y nadie critica la industria ni nadie critica la agricultura, pero tiene externalidades negativas y el objetivo es que éstas no sean mayores que las positivas. Por eso hay que regular.
-Hay dos jugadores, que tienen mucho que decir, el Gobierno de la Nación y la Unión Europea. Vicent Marí reclamó mayor implicación al ministro. ¿Qué le pide al Gobierno el Consell de Ibiza en esta materia?
-Estamos teniendo una colaboración muy buena y agradezco en cada ocasión que puedo el trabajo de la Policía Nacional en la identificación de los perfiles anónimos que detectamos que están comercializando estancias turísticas presuntamente ilegales. Airbnb, gracias al protocolo que tenemos, nos facilita unos datos que a veces son inexactos o incompletos. La Policía Nacional nos ayuda y facilita la labor inspectora y sancionadora.
Ahora se ha abierto un nuevo horizonte con la legislación europea, de la que informó La Voz de Ibiza precisamente, para que las plataformas faciliten información de más calidad. Nosotros requerimos al Estado para que nombrara la autoridad para coordinar dicho intercambio de información y ya ha nombrado la Comisión Nacional de Defensa y la Competencia, a cuya presidenta ya hemos solicitado una cita para poder empezar a protocolizar la colaboración.
En cuanto a la Agencia Tributaria, tenemos un horizonte muy prometedor. Estamos trabajando en la idea de cruzar datos suyos, de la Agencia Tributaria de Baleares y nuestros. Hay gente que declara el alquiler turístico en la renta, a pesar de no tener licencia porque le tiene miedo, o al menos, más miedo que al Consell de Ibiza. Incluso pueden estar satisfaciendo la ecotasa. Seguro que del cruce de datos, podemos iniciar las tres administraciones procedimientos sancionadores. Estamos afinando los listados.
-¿Es necesaria la firma de un convenio?
-No. La legislación actual permite este intercambio de información.
-Para acabar este capítulo, además de todo lo que ha explicado, ¿habrá alguna novedad más de cara a este verano?
-Vamos a suscribir un protocolo de actuación con las policías locales. Hasta ahora había policías que colaboraban mejor que otras. Vamos a trabajar para que un policía local puede documentar la infracción de forma correcta y no sea necesario que vaya un inspector para iniciar el expediente.
También vamos a ampliar los recursos del departamento contra el intrusismo a través de un contrato con Trapsa.
-¿Van a externalizar la tramitación de los expedientes?
-Formalmente no es una externalización porque es una empresa pública, un medio propio de la administración, pero en la práctica sí lo es. También hemos firmado dos contratos, uno de Inteligencia Artificial, y otro de certificación digital, para facilitar la tramitación de los expedientes.
La Inteligencia Artificial será de gran ayuda para contestar las alegaciones, ya que consultará las bases de datos de la legislación y la jurisprudencia.
La certificación nos permite dar validez a los contenidos publicados en las webs y plataformas, lo que reforzará la carga probatoria y evitará que pueda ser impugnada vía judicial. El pantallazo clásico quedará certificado.
