El exalcalde de Vila, Rafael Ruiz, será juzgado por el Caso Puertos junto a otras 17 personas. Específicamente se acusa a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), encabezada por Joan Gual de Torrella, de amañar concursos públicos para beneficiar al Club Náutico de Ibiza (CNI) en la concesión de la explotación en el puerto de Vila. Para lograr ello, la jueza Martina Mora comprende que se han realizado cuatro delitos con colaboración de funcionarios o altos cargos políticos, entre los que aparece el representante del PSOE.
Han sido tres años de investigación para que la jueza llegue a la conclusión de que hay 17 personas involucradas en esta trama que es atravesada por los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración, tráfico de influencias y un delito instrumental de cohecho.
El principal acusado es Joan Gual de Torrella, expresidente de la APB al que se la atribuyen los cuatro delitos mencionados, aunque no es el único. También figuran el exalcalde de Vila, Rafael Ruiz, el abogado y exconseller José María Costa, y el presidente del CNI, Joan Marí Marí, Vadell. En una segunda línea se acusa a Miquel Puigserver, Juan Carlos Plaza, Dolores Ripoll (jefa de la abogacía del Estado en Balears), Fernando Berenguer, Armando Parada, Jorge Martín, Vicente Fullana, Justo Saura, Benito Reynés, Javier Mas, Marc Pons, Basilio Sastre y Javier Enrique. Casi todos acusados de prevaricación y fraude a la Administración, delitos que pueden conllevar penas de cárcel.
La magistrada confirma que el proceso para autorizar la explotación del espacio en el puerto de Ibiza fue amañado desde la propia dirección de la Autoridad Portuaria. El CNI llevaba casi un siglo explotando el espacio público. Dicha concesión terminaba el 2010 y durante años disfrutó de prórrogas, hasta que convocaron a una oferta pública, a través de la valoración de varios proyectos, según informa Diario de Mallorca.
La jueza concluye que existía un interés político de que el histórico CNI siguiera dirigiendo la actividad del náutico, ya que era una propuesta que se defendía desde los dos principales partidos políticos de Baleares. Así, para llevar a cabo este plan, el presidente de la APB, con la colaboración del director de este organismo y la abogada del Estado, realizaron las maniobras administrativas necesarias para que la oferta del CNI obtuviera la mayor puntuación. Por ejemplo, añadieron un concepto a puntuar, como fue el del arraigo.
Lo mismo ocurrió con la concesión de los amarres del puerto de Maó, que se otorgó a un grupo de empresas, que contaron con un trato de favor por parte de Gual de Torrella.
La magistrada reconoce que no existe una prueba clara y directa que demuestre esta actuación corrupta por parte de los altos cargos investigados. Sin embargo, sí entiende que, a través de una valoración conjunta de las pruebas que ella ha analizado, sí aparece un conjunto de indicios que apuntan hacia el amaño de las dos concesiones públicas.
Objetivo político
A lo largo de varios párrafos, la jueza remarca que ninguno de los investigados ha podido recibir una recompensa económica y que, en cambio, el beneficio era el de contentar a los responsables políticos para continuar en el cargo, sobre todo en el caso de Gual de Torrella, que fue elegido por la expresidenta del Govern y que obtenía un sueldo anual de más de 100.000 euros.
Para Mora, el interés era más bien político porque si se conseguía que el Club Náutico continuara explotando la instalación deportiva, suponía un caudal importante de posibles votantes. El club tenía mil socios y existía la posibilidad de que se sintieran satisfechos con la gestión, en este caso del exalcalde de Ibiza, Rafael Ruiz, para apoyarle en las próximas elecciones.
