El ex alcalde de Ibiza y actual jefe de filas del Grupo Socialista en la oposición, Rafa Ruiz, se enfrenta a un proceso judicial por la investigación del caso puertos que puede significar el fin de su carrera política. Y es que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de hasta 3 años de prisión por los delitos de prevaricación administrativa continuada y fraude.
En caso de ser sentenciado culpable durante el juicio oral, Ruiz podría recibir la pena de “inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público y del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 15 años por el delito continuado de prevaricación administrativa” y la “pena de prisión de 3 años e inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 8 años por el delito de fraude”.
Sea como fuere, Ruiz ha dejado recientemente la secretaría general del PSOE de la ciudad, la agrupación más poderosa de la isla. Meses atrás, además, dijo, sin venir a cuento, en un pleno que no le interesaba optar a la Presidencia del Consell de Ibiza.
Código Ético del PSOE
Esta situación judicial del actual concejal de Vila entra en conflicto con el Código Ético y de Conducta del PSOE aprobado por el Comité Federal del partido socialista el 18 de marzo de 2023. Este considera que “la organización y el compromiso individual y común con el comportamiento ético es el valor fundamental para mantener esa confianza de su militancia y del conjunto de la ciudadanía. Queremos enfrentar con rigor y sin ninguna ambigüedad cualquier forma de corrupción personal u organizada que anteponga cualquier interés particular al general”.
Procesos judiciales
En uno de los puntos del reglamento, se establecen las actuaciones “en caso de implicación en procedimientos judiciales”.
Allí se establece que “toda persona que ostente cargo o responsabilidad pública u orgánica vinculada al PSOE, en el caso de que resulte judicialmente investigado, dará cuenta de forma inmediata de las concretas acusaciones o delitos que se le imputan ante la Comisión Ejecutiva Federal, que trasladará esta información a la Comisión Federal de Ética y Garantías, a fin de que, si es preciso, estos órganos puedan adoptar o recomendar la adopción al órgano competente de las medidas estatutarias oportunas en atención a los hechos y a su gravedad”.
De esto se desprende que Ruiz supuestamente ha procedido a informar Comisión Ejecutiva Federal ya que, en caso de no haberlo hecho, debería haber sido “cautelarmente suspendido de militancia a la espera del resultado del preceptivo expediente informativo o, en su caso, disciplinario”.
Al borde de la dimisión
De todas formas, Rafa Ruiz ha quedado al borde de la dimisión ya que le Código establece de que, una vez que se dicte el auto de apertura de juicio oral –paso siguiente en el caso puertos-, “deberá solicitar la baja voluntaria como afiliado/a y dimitir de su cargo”.
“En caso contrario, podrá ser suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido, cuando el procedimiento se siga por delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral”, plantea el Código.
Además, le cabría la “suspensión cautelar automática de la afiliación de las personas incursas en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción”. Y, en caso de que sea condenado, sufriría la expulsión del partido.
“En caso de que un cargo público u orgánico resultara absuelto por sentencia firme de los delitos que se le imputaban en un procedimiento penal, el Partido se compromete a adoptar las medidas necesarias para restablecer el buen nombre y el honor de la persona absuelta”, detalla el Código.
