Dos semanas después de lo inicialmente previsto, el Parlament balear debatirá y votará en el Pleno de este martes el dictamen del decreto ley de simplificación administrativa, aunque hasta el momento no hay novedades sobre el acuerdo entre PP y oposición sobre las construcciones en zonas inundables.
La oposición, integrada por PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, propuso al Govern revertir las medidas incluidas en el decreto, entre ellas la legalización de edificaciones en zonas de riesgo, y volver a la normativa que prohíbe construir en estas áreas.
Sin embargo, el PP, según fuentes de la oposición, habría presentado una contrapropuesta que insiste en legalizar edificaciones fuera de ordenación en zonas inundables.
Aunque durante el fin de semana no se han producido avances significativos, los grupos de izquierda han anunciado que este lunes, 25 de noviembre, responderán a la contrapropuesta del PP.
Aun así, han reiterado su disposición a negociar “hasta el último minuto” y su compromiso de «proteger la vida de las personas», objetivo que consideran incompatible con la legalización de construcciones en áreas de riesgo.
En medio del estancamiento, la izquierda pidió el viernes una reunión urgente con la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, para desbloquear la situación. No obstante, el portavoz del Govern y conseller, Antoni Costa, consideró innecesaria la intervención directa de Prohens y aseguró que el Ejecutivo mantiene la voluntad de alcanzar acuerdos.
“Es posible que existan diferencias en aspectos concretos, pero nadie entendería que por un desacuerdo puntual no se logren consensos en otros puntos”, argumentó Costa, quien además expresó su confianza en el apoyo de Vox, con quienes el Govern ya cerró acuerdos en fases previas del decreto.
Con la votación a pocos días, las negociaciones se intensifican, y el desenlace dependerá de si ambas partes logran superar las discrepancias clave.
