El Consell Insular de Formentera aprueba este jueves en el pleno ordinario de abril la aplicación del procedimiento extraordinario de legalización de edificaciones, construcciones e instalaciones existentes en suelo rústico, previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 7/2024.
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Con ello, Formentera se convierte en la última isla balear en adherirse a la medida, casi dos años después de que lo hicieran Mallorca, Menorca e Ibiza.
El retraso no es accidental. En agosto de 2024, La Voz de Ibiza ya publicó que Formentera era la única isla que no había ratificado la medida impulsada por el Govern de Marga Prohens. La razón que dio entonces el ejecutivo de Sa Unió fue contundente: «El tema de la amnistía urbanística por el momento no es prioritario para el Consell».
La crisis política que sacudió la institución durante más de un año terminó postergando una medida que los propietarios de la isla esperaban como agua de mayo.
Mientras tanto, el Consell de Mallorca la aprobó el 18 de junio de 2024, Menorca el 15 de julio e Ibiza el 28 de junio. Los ciudadanos de Formentera vieron con frustración cómo la parálisis política les discriminaba respecto al resto de islas durante meses.
Qué se aprobará y con qué condiciones
El Consell actuará en este proceso con una doble función: como institución insular, acordando la aplicación del procedimiento en el ámbito territorial de Formentera, y como administración municipal, fijando las condiciones específicas que deberán cumplir los proyectos técnicos de legalización.
Esas condiciones van más allá de las exigencias previstas por la ley autonómica e incluyen un sistema de depuración de aguas residuales adecuado al Plan Hidrológico de las Islas Baleares, medidas de adaptación estética al Plan Territorial de Formentera, reducción de la contaminación lumínica, mejoras de eficiencia energética e hídrica y el correspondiente proyecto de integración paisajística.
Cómo funciona la amnistía
La medida permite regularizar obras ilegales en suelo rústico pagando una sanción de entre el 10 y el 15 por ciento del valor de la obra, en función del año en que se inicie la regularización dentro del plazo de tres años que contempla el decreto: el primer año, el 10%; el segundo, el 12,5%; y el tercero, el 15%.
Este plazo de tres años, en el caso de Formentera, comenzará a correr desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.
Podrán legalizarse todas las edificaciones en suelo rústico común construidas antes de 2009 y en suelo rústico protegido antes de 1991, dado que todas las infracciones se encuentran prescritas y la administración no puede aplicar sanciones ni ordenar su demolición.
Las rentas bajas o medias —con ingresos que no superen los 33.000 euros anuales en tributación individual— disfrutarán de un descuento del 50% en el importe de la sanción. Para rentas medias o altas, el descuento será del 25%.
En ningún caso se permitirá el uso turístico de las construcciones regularizadas.
Los puntos más importantes de la amnistía urbanística
1. Prescripción más fácil para obras ilegales
Se flexibilizan los requisitos para acreditar la fecha de finalización de obras ilegales.
Ahora se aceptan cualquier medio de prueba admitido en derecho (informes técnicos, testimonios, fotos, documentos históricos…), siguiendo los criterios de valoración de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esto supone un estándar probatorio menos restrictivo que el anterior.
2. Se permiten obras en edificaciones ilegales
Las construcciones consideradas fuera de ordenación podrán recibir obras de mantenimiento, seguridad, salubridad, reparación, consolidación y reforma.No se trata de una legalización, pero sí autoriza mejoras necesarias sin exigir la regularización total.
3. Ampliación del margen para la legalización extraordinaria
El plazo de tres años para legalizar edificaciones en suelo rústico se aplica no desde la entrada en vigor del decreto, sino desde el momento de la solicitud, siempre que ya haya prescrito la infracción.
Esto permite que construcciones con infracciones aún vivas puedan acogerse si prescriben dentro del periodo de tres años.
4. El silencio administrativo pasa de negativo a positivo
Si la administración no responde en seis meses, la solicitud se considerará aprobada por silencio positivo, salvo que existan causas de inadmisibilidad.
5. Regulación específica para suelo rústico protegido
Para edificaciones en zonas especialmente protegidas, la prescripción solo se reconoce si, además de haber transcurrido el plazo legal, se demuestra que la obra o el uso ya existía antes de que pasara a estar prohibido.
