El fenómeno de la okupación sigue generando preocupación en España, y Baleares no es la excepción. Según los últimos datos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al portal Idealista, el tiempo medio para desalojar a un okupa en el país ha alcanzado niveles récord, situándose en casi dos años en los tribunales.
Esta situación, reflejo de un sistema judicial saturado y la creciente incidencia de estos casos, pone en evidencia las diferencias entre comunidades autónomas en cuanto a la agilidad de los procesos.
Los plazos en Baleares
En Baleares, el tiempo promedio para resolver un caso de okupación es de aproximadamente 18 meses. Esto posiciona a la región en un punto intermedio dentro del panorama nacional. Sin embargo, la duración de los procedimientos varía significativamente dependiendo de si el propietario opta por una vía penal o civil, siendo esta última generalmente más lenta.
El incremento de las okupaciones en la comunidad ha llevado a un aumento en la carga de trabajo de los juzgados. Los expertos coinciden en que este retraso en los desalojos incentiva la proliferación de estos casos, ya que los okupas aprovechan los vacíos legales y los tiempos procesales prolongados.
El récord nacional y la comparación con Baleares
En España, comunidades como Cataluña y Madrid registran los tiempos más largos, superando los 24 meses en muchos casos. Por el contrario, en regiones como La Rioja y Cantabria, los procesos suelen resolverse en menos de un año. Según Idealista, esta disparidad refleja no solo la cantidad de casos, sino también las prioridades de las autoridades locales y la capacidad operativa de los juzgados.
Por qué aumentan las okupaciones
El incremento de las okupaciones se debe a una combinación de factores, entre los que destacan la crisis económica, la falta de acceso a la vivienda y la lentitud en las resoluciones judiciales. Además, el miedo a represalias o el desconocimiento de los procedimientos legales ha llevado a que muchos propietarios prefieran no denunciar estos casos.
El impacto en propietarios y comunidades
La okupación no solo afecta a los propietarios, quienes ven sus derechos vulnerados, sino también a las comunidades de vecinos, que muchas veces deben lidiar con situaciones de inseguridad y deterioro del entorno. En Baleares, esto se agrava por la alta demanda de vivienda y los elevados precios del mercado inmobiliario, lo que hace que cada propiedad ocupada represente un problema más crítico.
Ante esta situación, las autoridades están explorando medidas para agilizar los procesos judiciales y ofrecer más herramientas a los propietarios para recuperar sus viviendas. Aunque el camino hacia una solución definitiva parece lejano, la creciente preocupación social podría impulsar cambios legislativos y judiciales en los próximos años.
