La relación entre el nuevo equipo de Gobierno del Consell Insular de Formentera y el Govern es, al menos, distante, fría. No hubo representantes del Govern ni tampoco del partido en el pleno que desembocó en la investidura de Óscar Portas ni respuestas por parte del Govern al requerimiento de la devolución de las competencias de los menores migrantes no acompañados, algo que el nuevo presidente insular reclamó en la primera reunión con Marga Prohens.
Horas después de concretada la moción de censura contra Llorenç Córdoba, quien también es diputado no adscrito por Formentera, el PP balear emitió un comunicado lamentando la situación y alertando que “los órganos de dirección del Partido Popular valorarán las posibles consecuencias internas de la moción de censura” contra los consellers que votaron a favor ese 27 de diciembre de la propuesta presentada por Sa Unió, Gent per Formentera y PSOE.
Un mes y medio de aquella declaración, todo parece haber quedado en un tirón de oreja de cara a la galería y, especialmente, a contentar a Córdoba para garantizar su apoyo parlamentario que en una sanción real contra los representantes populares de la pitiusa menor.
Desde el PP Balear han respondido a La Voz de Ibiza que “no hay novedades”, poniendo en suspenso la posibilidad de sancionar a los consellers díscolos que han desoído las órdenes emitidas desde Palma.
Así pues, los consellers de Formentera con carné del PP, Verónica Castelló Pérez, Eva Nieto Arribas, Artal Mayans, Hugo Martínez Bermúdez y Belén Palerm Rodríguez (reemplazo del dimitido Alcaraz), que integran la coalición de Sa Unió junto con Compromís, saldrán indemnes de las amenazas de las directivas de Palma.
Negociaciones fallidas
Ya desde Mallorca, la propia Prohens, le había pedido a los populares de Formentera “responsabilidad”, llamando “a alcanzar acuerdos entre los miembros del equipo de gobierno” con el objetivo de “seguir dando cumplimiento al claro mandato de cambio que pidieron los ciudadanos en las urnas el 28M”.
De este modo, desde el PP Baleares instaba a “abandonar todo tipo de actitudes que no sean otras mediante las cuales se pueda alcanzar un acuerdo para la estabilidad y la gobernabilidad de Formentera”.
El objetivo era recomponer la Junta de Gobierno de Formentera. Sin embargo, el PP de Formentera torpedeó cualquier intento de acercamiento sabiendo que la moción de censura estaba a la vuelta de la esquina gracias al as en la manga: el informe de la Comisión del Código Ético y Buen Gobierno.
El 3 de septiembre fue el punto máximo de una crisis que, ese día, expuso que no tenía retorno. El supuesto acuerdo entre Córdoba y la coalición Sa Unió, auspiciado por el PP Balear, se desvaneció en segundos como arena entre los dedos.
Es que el Consell de Formentera había confirmado la formalización de un acuerdo crucial con Sa Unió para volver a conformar equipo de Gobierno. Sin embargo, a los pocos minutos, la coalición PP-Compromís negó categóricamente cualquier acuerdo con Córdoba, afirmando que ninguno de sus consellers había participado en negociaciones para unirse al equipo de gobierno del Consell.
«Había una propuesta clara sobre la mesa, donde se contemplaba la incorporación de consellers de Sa Unió para formar la Junta de Gobierno y crear vicepresidencias. Sin embargo, después de semanas de negociaciones, ahora dicen que no», explicaba Córdoba. Es que la maquinaria de la moción de censura ya estaba en marcha. Y no había vuelta atrás.
