El presidente de Compromís, vicepresidente segundo del Consell de Formentera y conseller de Territorio e Infraestructuras, Javier Serra, dejó caducar la tramitación ambiental del Plan Especial del puerto de la Savina cuando era un socio relevante de Marina de Formentera SA con un 22% de las acciones, la empresa de Ángel Bustos que gestiona un edificio de oficinas y que había gestionado amarres del puerto de la Savina y sabiendo que Autoridad Portuaria iba a poner fin a la situación de interinidad que supone adjudicar las concesiones a través de autorizaciones de ocupaciones temporales.
No en vano, en enero de 2024, antes de que nada de lo anterior hubiera sucedido, el recién nombrado presidente de la APB, Javier Sanz, lo anunció a los cuatro vientos. Javier Sanz anuncia el fin de la especulación en los concursos: adiós a concesiones cortas que priman el canon que cobra APB tituló La Voz de Ibiza el 14 de enero de 2024.
Un mes después, el 14 de febrero de 2024 y cuando ya había estallado la crisis entre el entonces presidente del Consell, Llorenç Córdoba, y los consellers de Sa Unió llegó la caducidad de la tramitación ambiental.
Tal como adelantó La Voz de Ibiza, el hecho de que Javier Serra hiciera caso omiso a las advertencias del presidente y de la propia Autoridad Portuaria de Baleares respecto del riesgo inminente de caducidad descartaban que no se tratara de un error. Fue una decisión política voluntaria de enorme calado viniendo, además, de quien venía, un político con intereses directos en el puerto incumpliendo, por si fuera poco, la Ley de Incompatibilidades.
La responsabilidad de GxF y PSOE
El Plan Especial pactado entre el entonces gobierno de GxF y PSOE y Autoridad Portuaria de Baleares y aprobado inicialmente en junio de 2022 no completó su tramitación. GxF y PSOE, con casi un año por delante en el gobierno insular, no fueron capaces de aprobarlo definitivamente, ni de resolver las escasas alegaciones presentadas, trámite que todavía no se ha completado. Desde junio de 2023, tampoco Sa Unió hizo nada para aprobarlo. Simplemente, lo dejó morir.
Javier Serra nunca ha dado ni una sola explicación al respecto de una decisión que en cualquier otro lugar del mundo habría sido un escándalo mayúsculo. No se puede calificar de otra manera que un político con intereses directos en el puerto tome una decisión de esta magnitud.
Inverosímil justificación
Pasados los meses y con la boca pequeña, Sa Unió ha intentado hacer ver, como en otros asuntos, que los hechos relatados no se corresponden a la realidad. La desfachatez llega a tal extremo que el portavoz del gobierno insular, Hugo Martínez, llegó a afirmar que el Plan Especial no fue aprobado porque Autoridad Portuaria no contestó a las alegaciones presentadas tras el periodo de exposición pública al que fue sometido tras su aprobación inicial.
La APB ha desmentido dicha inverosímil versión. No solo eso, es que la administración responsable de aprobar el documento y, por lo tanto, de contestar las alegaciones es el Consell de Formentera. La tramitación de dicho documento es un tanto especial. La administración que encarga los trabajos y los paga es la Autoridad Portuaria y la que los aprueba, el ayuntamiento en el que se ubica el puerto de interés general en cuestión.
¿Qué habría pasado?
Si se hubiera aprobado el Plan Especial que Javier Serra dejó caducar, las bases del concurso que se espera sean aprobadas de nuevo por el Consejo de Administración de la APB en el mes de mayo tras las rebajas introducidas por la presión política ejercida de Formentera habrían contemplado una inversión millonaria a través de una concesión a 25 años que, además de los aparcamientos contemplados, incluyera el varadero, en el punto de mira por malas praxis de una de las empresas que prestan sus servicio desde esta instalación.
No hay duda de que un caramelo de este tipo habría despertado el apetito de todos los grandes players del sector, incluidos los temidos fondos de inversión. Y ante este panorama, la capacidad real de ganar de jugadores como Marina de Formentera era tendente a cero. Bustos, y por lo tanto Javier Serra, se habría quedado sin opciones de ganar jugando en casa.
Sin plan especial, la APB apostó inicialmente a que las bases fueran a 25 años y contemplaran las inversiones en dos fases. La primera sin el nuevo plan especial aprobado y la segunda, con el nuevo plan especial aprobado.
Operación la Savina
Por tierra, mar y aire, Sa Unió, GxF y en menor medida el PSOE, han boicoteado esta opción. No quería bajo ningún concepto 25 años ni una sola marina ni una inversión millonaria porque en realidad no querían, ni quieren, un concurso atractivo que atraiga el interés de empresas de fuera.
A menor número de licitadores en un concurso menos exigente y atractivo, más posibilidades de ganar para empresas como Marina Formentera.
Y la única manera de evitarlo era no aprobar el plan especial. A río revuelto, ganancia de pescadores.
Ángel Bustos criticó en La Voz de Ibiza las intenciones finalmente frustradas de la APB poniendo el foco en los aparcamientos subterráneos, en este caso submarinos, previstos y que exigían una elevada inversión: “Es una bestialidad”.
“Enchufarle un aparcamiento a una concesión administrativa para encarecer el producto que va a salir al mercado me parece una auténtica bestialidad”, dijo.
Casualidad o causalidad, la presión política de Sa Unió provocó que la APB diera marcha atrás con esa decisión y redujera los aparcamientos, eliminando los parkings subterráneos.
Fruto de la presión, la APB ha reculado y ha enterrado sus planes iniciales. Una concesión a 16 años, prórrogas aparte, y mucha menor inversión y, por lo tanto, exigencia financiera en base al plan especial en vigor. Se ha mantenido inflexible en que haya una única marina frente a la petición de mantener la ineficiente situación actual.
Las cartas sobre la mesa
La semana pasada el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, acabó de cerrar el rompecabezas anunciando para sorpresa del presidente de Autoridad Portuaria, Javier Sanz, que el Plan Especial aprobado inicialmente por GxF y PSOE iba a ser modificado.
Es una decisión política que el gobierno de Sa Unió está legitimado a tomar y sobre la que no han abierto la boca ni GxF, ni PSOE ni Llorenç Córdoba. Simplemente, tenía que haber levantado la mano y haber desvelado sus cartas. No nos gusta el Plan Especial en tramitación y vamos a aprobar otro con cambios.
Prefirió, no obstante, no ir de cara, dejar morir el Plan Especial por la puerta de atrás y esperar a que este juego de trileros tuviera el efecto que finalmente ha tenido.
Así las cosas, la concesión que la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) está a punto de lanzar para la gestión en conjunto de las dos marinas deportivas del puerto se ajusta a las condiciones generales del Plan Especial en vigor que data de 1997 y está lejos de los requerimientos actuales y los parámetros de modernización que buscaba la ordenación que se había establecido en 2022 para los espacios y usos del puerto.
A río revuelto, ganancias de pescadores
Javier Serra grita ahora a los cuatro vientos que “no tengo ninguna acción en Marina Formentera”, al momento de propiciar la paralización del nuevo Plan Especial, Serra era propietario del 22% de las acciones del grupo encabezado por el propietario Ángel Bustos, que había estado al frente de la dársena poniente –por la que enfrenta una denuncia penal por okupación– y que aún gestiona un edificio de oficinas allí.
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