Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Ibiza han elevado el tono sobre la macrodiscoteca proyectada en el Hotel Corso y coinciden en un reproche que va más allá del proyecto: la falta de transparencia del equipo de gobierno. Y lo sostienen con un argumento incómodo, porque no se refiere solo a los vecinos: aseguran que tampoco ellos, como cargos electos, consiguen acceder sin trabas a la documentación.
Según ha podido saber La Voz de Ibiza, en las últimas semanas, los vecinos de Illa Plana han mantenido distintas reuniones con referentes de Unidas Podemos y del PSOE. Ambos grupos se comprometieron a apoyar la reclamación vecinal contra la reforma del Hotel Corso (que incluye una macrodiscoteca), envuelta en numerosas irregularidades.
Un expediente de 2026 y un vehículo de 2018
La concejala Guadalupe Nauda, de Unidas Podemos explica a La Voz de Ibiza que solicitó por registro el acceso a un expediente determinado del área de Urbanismo, con su número correspondiente al año 2026. La administración, dice, cumplió el plazo. Pero lo que encontró al abrirlo no era lo que había pedido: «Me dan acceso a un expediente con el mismo número, del 2018, de una intervención a un taxi pirata».
Al advertirlo, sostiene, la respuesta municipal fue preguntarle si estaba segura del número solicitado. «Para que te des cuenta de la falta de transparencia», resume. Y precisa por qué el detalle importa: la petición respondía a la relación de expedientes que los servicios jurídicos de los vecinos necesitan consultar para continuar con sus actuaciones.
La concejala añade un contraste que considera revelador: mientras a los vecinos afectados «les dan largas» tanto en el Ayuntamiento como en el Consell, personas vinculadas al futuro operador del espacio de ocio se han personado en algunos expedientes sin haber aportado siquiera el contrato de arrendamiento del local.
Nauda dice haber recomendado a la asociación vecinal que solicitara la paralización de las obras y medidas cautelares urgentes por vía judicial, y advierte de un riesgo que atribuye a la gestión municipal: «Si al final les dan la razón a los vecinos, la indemnización que van a tener que pagar es dinero público, que sale del bolsillo de todos nosotros».
«No saben cómo revertir esta situación»
Desde el PSOE, la valoración parte del planeamiento. La formación enfatiza que no pueden permitirse más discotecas en la ciudad, y subraya el carácter del entorno. «El municipio de Ibiza es un municipio pequeño. En concreto en este barrio, además, es una zona familiar, y la puesta en marcha de discotecas puede generar ruido, problemas graves de movilidad, contaminación acústica, visual y de todo tipo», ha opinado Elena López Bonnet.
El grupo socialista sitúa el foco en la actuación de las dos administraciones. «El Consell insular y el Ayuntamiento han hecho informes favorables para autorizar esta discoteca —señalan— y tenemos la sensación de que ahora no saben cómo revertir esta situación», apunta la consellera del PSOE. Y señala directamente al alcalde: “No se entiende cómo Triguero, teniendo los instrumentos urbanísticos necesarios para revisar esta licencia» y habiendo indicios de un error administrativo, no la revisa.
Los socialistas coinciden además en el reproche de opacidad: dicen no comprender por qué el Ayuntamiento no brinda aclaraciones al Pleno ni comparte la documentación, «tanto a vecinos como a nuestro grupo político», algo que consideran que quedó en evidencia en la última sesión, cuando los vecinos se desplazaron a pedir explicaciones. “No entendemos por qué no dan la cara y rectifican este error».
Un expediente que se agrieta
Las críticas llegan sobre un procedimiento que acumula reconocimientos oficiales en contra. El Ayuntamiento ha admitido que no existe el título habilitante de sala de fiestas del que partía el informe técnico que fundamentó la licencia, y que el proyecto incumple de modo insubsanable el límite del 15 % en el parámetro de ocupación. El Consell ha acogido provisionalmente ese incumplimiento y ha concluido que no cabe un proyecto modificado para volver a acogerse a la vía excepcional que amparó la reforma, hoy derogada.
En paralelo, la Asociación de Vecinos de Illa Plana, Illa Grossa-Illa de Valerino mantiene un recurso contencioso-administrativo admitido a trámite, ha solicitado la suspensión de la eficacia de la licencia y una medida cautelarísima para impedir que las obras se reanuden el 1 de octubre, cuando decaiga el bando estival.
