CONCURSO BAJO SOSPECHA

Chiringuitos: exigen al Consell de Formentera que explique las medidas tomadas ante los incumplimientos de los nuevos adjudicatarios

Los antiguos concesionarios señalan la falta de socorristas; la contratación de personal no cualificado y problemas en los baños, entre otras críticas. Apuntan a la figura del "responsable del contrato", quien tiene el deber de supervisar el cumplimiento de las condiciones impuestas a los adjudicatarios, según la Ley de Contratos del Sector Público

Uno de los nuevos chiringuitos de Formentera.
Uno de los nuevos chiringuitos de Formentera.

Los antiguos concesionarios de los chiringuitos de Formentera han presentado un escrito al Consell Insular en el que exigen explicaciones sobre las medidas tomadas frente a los incumplimientos de las nuevas empresas adjudicatarias.

Entre las irregularidades denunciadas destacan la falta de socorristas, la ocupación ilegal de espacios y la ausencia de baños adaptados.

Además, solicitan conocer la identidad del responsable del contrato, encargado de supervisar su correcta ejecución, todo en el contexto donde, hace días, el Consell de Formentera envió un requerimiento a las empresas para que remitan información de los trabajadores.

La Voz de Ibiza ya ha dado cuenta de las denuncias que se han hecho durante los últimos meses, como la falta de socorristas titulados, un requisito clave según el pliego del concurso. Otras irregularidades van desde dar servicio de bebidas en toda la playa hasta instalaciones no permitidas, como una tubería enterrada bajo las dunas en la playa de es Migjorn.

De esta manera, el escenario no puede ser peor: porque si bien la temporada dio comienzo hace meses, el megaconsurso bajo sospecha generó demoras que llevó a los nuevos concesionarios a poder abrir recién en agosto y sin el acta del replanteo final. 

El escrito y los incumplimientos

En su escrito del 17 de septiembre, los antiguos concesionarios argumentan que los pliegos de condiciones administrativas y técnicas son documentos clave que regulan la correcta prestación de los servicios, y que la falta de supervisión por parte del Consell ha permitido que las nuevas empresas incurran en múltiples irregularidades.

Subrayan que, a pesar de las obligaciones que impone la Ley de Contratos del Sector Público, no se ha hecho público ningún informe de seguimiento ni se ha informado sobre las acciones correctivas ante los incumplimientos, lo que pone en duda el control efectivo de la Administración sobre la concesión.

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A nivel de seguridad y cumplimiento de las normativas, los antiguos concesionarios señalan una situación grave y es la ausencia de socorristas durante los horarios exigidos, poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios de las playas.

Asimismo, afirman que los baños adaptados para personas con discapacidad no cumplen con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones. Esta situación afecta directamente a la accesibilidad de los servicios en una zona turística de alta concurrencia, algo que preocupa tanto a los vecinos como a los turistas.

Entre otras irregularidades señaladas, los antiguos concesionarios destacan la ocupación ilegal del dominio público marítimo-terrestre: según afirman, los nuevos adjudicatarios han excedido los límites permitidos en los pliegos de condiciones, ocupando más espacio del autorizado. Otro incumplimiento denunciado es la instalación de sombrillas con publicidad, algo que no está contemplado en el contrato ni en las regulaciones que controlan estos servicios.

Además, destacan la contratación de personal no cualificado, un hecho que infringe las condiciones del contrato, que exige que los empleados cuenten con experiencia y dominio de idiomas para garantizar un servicio adecuado a los usuarios internacionales que visitan Formentera cada temporada.

El Consell Insular de Formentera, bajo la lupa por falta de control

En su denuncia, los antiguos concesionarios hacen hincapié en la falta de control y fiscalización por parte del Consell Insular de Formentera. Señalan que la Administración local tiene la obligación de velar por el correcto funcionamiento de los servicios adjudicados, ya que, aunque la gestión sea indirecta a través de una concesión, la responsabilidad última recae en el Consell.

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Los denunciantes mencionan que los pliegos de condiciones administrativas y técnicas son el documento clave para regular toda la vida del contrato y que, por tanto, el Consell debería haber actuado ya para garantizar que los adjudicatarios cumplan con las obligaciones impuestas. Sin embargo, hasta la fecha, no se han hecho públicos los resultados de las inspecciones ni las acciones de control que se hayan podido realizar para corregir los incumplimientos detectados.

Exigen conocer al responsable del contrato

Una de las principales demandas de los antiguos concesionarios es que se informe sobre la identidad del responsable del contrato, una figura introducida por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que tiene como función supervisar la correcta ejecución de las obligaciones del concesionario. Esta figura debe asegurarse de que los nuevos adjudicatarios cumplan con lo establecido en sus proyectos y dictar las instrucciones necesarias para mantener la calidad del servicio.

Los denunciantes solicitan al Consell Insular de Formentera que informe sobre los trámites y controles realizados desde la adjudicación del contrato y que detalle las gestiones llevadas a cabo para subsanar los incumplimientos detectados durante la presente temporada. También exigen que se facilite una copia de las actas de inspección o, al menos, se informe sobre el número de inspecciones realizadas desde que comenzó la concesión.

Advertencia de acciones legales si no se actúa

Los antiguos concesionarios advierten que, de no recibir respuesta en un plazo razonable, procederán a iniciar acciones legales contra los nuevos adjudicatarios por los incumplimientos contractuales y contra la propia administración por inacción. En este sentido, señalan que la falta de intervención por parte del Consell Insular de Formentera podría derivar en ilícitos penales, si se considera que se ha permitido la violación de las normativas que regulan la ocupación del dominio público y la prestación de servicios en las playas.

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Este caso está generando un creciente malestar entre los afectados, que consideran que los nuevos adjudicatarios no están respetando las condiciones contractuales ni garantizando la calidad del servicio en un entorno de gran valor turístico y natural como es Formentera. La transparencia y el control en la gestión pública, argumentan, son esenciales para asegurar que los servicios ofrecidos a los ciudadanos y visitantes de la isla se presten en condiciones óptimas.

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