El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, acusó este jueves durante el pleno municipal a Francisca Ordóñez, conocida como ‘Paquita’ Marsan, de haber favorecido ella misma la ocupación de Casa Lola, su finca en la parroquia de Es Cubells, en el punto de mira también por las irregularidades urbanísticas.
La acusación surgió en el marco del debate sobre una moción presentada por el PSOE, que reclamaba al equipo de gobierno medidas de urgencia ante el foco de conflictos en que se ha convertido la propiedad, donde residen actualmente decenas de personas en caravanas, tiendas de campaña e infraviviendas habilitadas en la parte de la antigua mansión que no fue demolida en 2022, con los suministros de luz y agua enganchados ilegalmente.
La portavoz socialista, Pilar Ribas, reprochó al alcalde que, de no haberse retrasado el expediente para derribar las construcciones que aún quedan en pie en la finca, probablemente no habría tantos ocupantes. Roig le respondió de forma directa: «Cuando la ocupación viene impulsada por la propia propiedad, es muy difícil poder afirmar esto».
En tal sentido, el alcalde dijo que se mantiene un seguimiento continuo contra la okupación ilegal para garantizar la seguridad en Davall sa Serra.
Además, avanzó que ya hay fecha para que el celador municipal abra un expediente completo en la finca. Según ha podido saber La Voz de Ibiza, la propiedad realizó la denuncia de la okupación el pasado 2 de julio.
Un patrón que se repite en otras fincas de la misma propietaria
El alcalde defendió que el reinicio del expediente sancionador, una vez caducado, responde a la necesidad de cumplir con todas las garantías jurídicas y técnicas para restituir la legalidad, y señaló que la Administración municipal debe hacer frente a una carrera de obstáculos y dilaciones por parte de la propiedad.
Según Roig, la empresaria habría empleado estrategias similares para retrasar también el derribo de otras dos fincas de su propiedad: Casa Paola y Casa Rocío, esta última en Es Cubells.
El equipo de gobierno, con el respaldo del voto de Vox, rechazó los siete puntos de la moción socialista, alegando que el Ayuntamiento ya está aplicando todas las medidas a su alcance para acabar con el foco marginal de Casa Lola.
El gobierno municipal lamentó además que no pudo actuar con mayor efectividad al no contar con una denuncia de ocupación por parte de la propia propietaria, algo que, pese a más de un año de conflictos en la finca, no se presentó en los juzgados hasta principios de este mes.
Roig sostuvo también que los informes de los técnicos municipales constatan que no se dan casos de vulnerabilidad social entre los moradores de Casa Lola, aunque matizó a continuación que los servicios sociales sí hacen seguimiento a determinadas familias con menores residentes en la finca. Consultado al respecto, el Ayuntamiento de Sant Josep no facilitó el número de menores de edad que viven actualmente en la propiedad.
