El Consell Insular de Ibiza ha defendido la licitación de urgencia del contrato por el que se han habilitado 32 plazas distribuidas en cuatro lotes para la acogida de menores migrantes no acompañados. Esa licitación, tal como avanzara La Voz de Ibiza, fue adjudicada a la Fundación SAMU, que ha montado un centro de ‘menas’ en un piso en la exclusiva urbanización de Illa Plana, lo que ha despertado el rechazo de los vecinos.
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Según detalla la Memoria Justificativa de la contratación, el procedimiento se llevó a cabo “por razones de imperiosa urgencia”, al estar desbordado el sistema de protección de la isla por la llegada masiva de pateras.
La memoria recuerda que el Consell es la administración competente en materia de protección de menores en virtud de la Ley 8/1997, de atribución de competencias a los consells insulars, y de la Ley 9/2019, de atención y derechos de la infancia y adolescencia de Baleares.
Además, el artículo 172 del Código Civil establece que cuando se detecta que un menor está en situación de desamparo, la entidad pública debe asumir su tutela y adoptar medidas de guarda. Incluso, alerta que puede “llegar a incurrir en distintos tipos de responsabilidades si no lo hace”.
“Estamos ante una situación social a la que por imperativo legal tenemos que dar una respuesta con imperiosa urgencia por lo que con la licitación de este servicio se propone dar cobertura a la necesidad de desarrollar tanto la primera acogida como la atención a corto, medio y largo plazo de los menores extranjeros no acompañados que llegan a nuestras costa en las condiciones más adecuadas y con criterios de calidad”, detalla el documento.
El objetivo, señala, es garantizar tanto la primera acogida como la atención a medio y largo plazo, proporcionando entornos seguros, tutores de referencia y mecanismos de integración que permitan a los adolescentes alcanzar la autonomía necesaria para construir un futuro en la isla.
Llegadas disparadas: de 22 a 109 en tres años
Los datos recogidos en la memoria reflejan un crecimiento sostenido en la llegada de menores no acompañados a Ibiza:
- 22 en 2021.
- 29 en 2022.
- 39 en 2023.
- 109 hasta septiembre de 2024.
Según la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales), las previsiones apuntan a que el flujo continuará aumentando en los próximos meses.
Esto ha llevado al centro de Pare Morey hasta un límite insostenible. En el informe técnico, el Consell reconoce que este se ha convertido en una residencia-macrocentro.
Aunque fue concebido para 44 plazas (16 de primera acogida y 28 residenciales), en septiembre de 2024 albergaba 48 menas y 8 menores más, lo que equivale a un 337,5% de ocupación sobre lo previsto en la primera acogida.
El Consell señala que esta situación genera problemas como: dificultad para atender integralmente a los adolescentes, imposibilidad de separarlos en grupos educativos por falta de personal y espacios, compartición de transportes y actividades que agrava las tensiones y riesgo de conflictos en la convivencia.
La memoria admite que los centros se han convertido en “auténticos polvorines” y alerta de que los menores no acompañados, por su especial vulnerabilidad, pueden ser arrastrados a la marginación, la delincuencia o incluso la radicalización si no se garantiza un entorno adecuado.
Entornos protectores: la filosofía de los centros
El Consell detalla que la intervención en los centros de acogida debe garantizar cuatro niveles de protección para restaurar el desarrollo de los menores:
- Entorno físico protector, con infraestructuras seguras y adecuadas.
- Entorno emocional protector, similar a un hogar, con espacios de juego, contacto con la naturaleza y calidez.
- Adultos garantes conscientes, educadores y monitores que aseguren afectividad y acompañamiento profesional.
- Protagonismo de los adolescentes, implicándolos en rutinas, decisiones y dinámicas de integración.
Según el Consell, esta filosofía no puede cumplirse en la situación actual de hacinamiento y admite que no puede ejercer sus competencias “con la calidad, el rigor y la profesionalidad que exige el sistema de protección”, y advierte de que la seguridad de los propios menores puede estar en riesgo.
Una licitación fallida antes de la urgencia
El Consell recuerda que en julio de 2024 publicó una licitación de 16 plazas repartidas en dos lotes: ocho para renovar el contrato de la “Llar d’acollida Posidonia” y ocho más para ampliar la capacidad.
En agosto, la mesa de contratación comprobó que nadie se presentó al lote de ampliación, lo que dejó desiertas esas plazas.
Con los datos de septiembre y el colapso del sistema, la institución optó por un procedimiento negociado sin publicidad, amparado en el artículo 168 de la Ley de Contratos del Sector Público, que permite actuar en casos de “imperiosa urgencia”.
El resultado de la segunda licitación fue la adjudicación de un contrato de 32 plazas distribuidas en cuatro lotes para dos años, con un coste máximo de 1,6 millones de euros.
El precio acordado fue de 289,23 euros por plaza/día y el adjudicatario fue la Fundación SAMU, especializada en acogimiento residencial, emergencias y ayuda humanitaria.
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