El Consell Insular de Formentera ha rechazado de forma “clara y contundente” la posible caducidad de la concesión de los servicios de playa, al asegurar que ha cumplido plenamente la legalidad y no ha cometido ningún incumplimiento de las condiciones esenciales del título otorgado en abril de 2023 por el Ministerio para la Transición Ecológica de concurso bajo sospecha.
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Así lo han detallado este miércoles desde el consistorio. El pasado lunes se ha vencido el plazo para presentar las alegaciones en el procedimiento iniciado por la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua.
Allí el Consell de Formentera ha tenido una surrealista defensa. En primer lugar, argumentaron que “no hubo ningún incumplimiento”, a pesar de la constatación de un cúmulo de irregularidades, entre ellos la falta de desmontaje durante dos inviernos consecutivos, una falta considerada grave y que, según el Reglamento de Costas, puede derivar en una fulminante caducidad.
Por otra parte, abrieron una guerra a cielo abierto con el Govern balear, al denunciar que hubo “graves deficiencias en el procedimiento iniciado”. Y calificaron el expediente como “injusto, improcedente y desproporcionado”.
Según la institución, “no existe ninguna base legal ni justificación proporcional” que permita retirar dicha concesión, según ha trasladado en un comunicado oficial.
Un “informe jurídico independiente”
El posicionamiento del Consell se recoge en las alegaciones presentadas ante la incoación del procedimiento impulsado por el Govern balear, que se fundamentan en un informe jurídico independiente.
Este documento concluye, según la institución, que “el Consell ha actuado en todo momento dentro de la legalidad y ha cumplido con las obligaciones que le corresponden como titular de la concesión”, descartando así la existencia de incumplimientos atribuibles a la administración insular.
«Mensaje de tranquilidad a la ciudadanía»
En su comunicado, el Consell Insular de Formentera quiere trasladar “un mensaje de tranquilidad, claridad y responsabilidad a la ciudadanía”, subrayando que ha ejercido de forma activa sus funciones de regulación, inspección y control.
Esto se debe a la posibilidad cada vez más grande de que la isla se quede sin chiringuitos durante el próximo verano.
La institución remarca que estas actuaciones han tenido como objetivo “garantizar unos servicios de playa ordenados, sostenibles y adaptados a la realidad de Formentera, siempre en defensa del interés general de la isla”.
Por otra parte, el Consell recuerda que la concesión otorgada en 2023 sustituyó a la antigua autorización temporal, dotando a la isla “por primera vez, de un marco estable y seguro” para la gestión de los quioscos y servicios de temporada en las playas. Todo salpicado por un concurso bajo sospecha plagado de irregularidades y amaños desvelados por La Voz de Ibiza.
Esta concesión atribuye al Consell la responsabilidad de adjudicar, regular y supervisar servicios como quioscos, escuelas de vela, baños públicos, salvamento y otras instalaciones vinculadas al uso del litoral.
Durante la vigencia de la concesión, las inspecciones técnicas han detectado incumplimientos reiterados por parte de algunos adjudicatarios concretos, especialmente en relación con el funcionamiento del servicio y el desmontaje de las instalaciones fuera de temporada, reconoce el Consell.
En tal sentido, subraya que estos incumplimientos “no son atribuibles al Consell, sino a los concesionarios que no han respetado las condiciones establecidas en los pliegos”.
Expedientes sancionadores y medidas correctoras
Ante estas situaciones, el Consell Insular de Formentera asegura que no ha sido pasivo. Según detalla, ha abierto expedientes sancionadores, ha impuesto multas, ha emitido requerimientos formales y ha advertido reiteradamente de la obligación de cumplir los plazos de desmontaje.
Para la institución, estas actuaciones “demuestran que el Consell ha ejercido con rigor sus competencias de control y supervisión”.
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Por todo ello, el Consell considera “injusto, improcedente y desproporcionado” que incumplimientos individuales se utilicen para justificar la caducidad global de una concesión pública.
La institución insiste en que las responsabilidades deben ser individualizadas, sin poner en riesgo “todo el sistema de servicios de playa ni la gestión ordenada del litoral de Formentera”.
El Consell Insular subraya que dispone de mecanismos legales suficientes para sancionar o rescindir contratos concretos en caso de incumplimientos graves, sin necesidad de adoptar “una medida extrema” que podría acarrear consecuencias muy graves para Formentera, como la paralización repentina de los servicios de playa o una situación de inseguridad jurídica.
Críticas al procedimiento del Govern balear
Además, el Consell denuncia graves deficiencias en el procedimiento iniciado por el Govern balear, al señalar que la incoación del procedimiento de caducidad no fue notificada ni trasladada a los adjudicatarios afectados.
Según la nota de prensa, esta omisión les ha privado de su derecho a ser escuchados y a defenderse, una notificación que correspondía al Govern y cuya ausencia “supone una carencia de garantías procedimentales” que podría conllevar la invalidación del procedimiento.
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