El Ayuntamiento de Sant Josep ha confirmado a La Voz de Ibiza que agentes de la Policía Local y un equipo de Servicios Sociales municipales estarán presentes este martes 27 de octubre durante el desalojo judicial de Casa Lola, el conflictivo inmueble de Ibiza cuya ocupación ha generado meses de denuncias vecinales, enfrentamientos institucionales e intervenciones policiales.
La confirmación municipal llega después de que el despacho Rodríguez Tur Abogados, representante legal de la propiedad, anunciara que la Guardia Civil ejecutará el desalojo a partir de las 9.00 horas, en cumplimiento de una resolución dictada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza.
Desde el Consistorio han precisado que «asistirán tanto agentes de Policía Local como un equipo de Servicios Sociales municipal», aunque no han concretado cuántos efectivos participarán ni cuáles serán sus funciones específicas durante la intervención.
Un asentamiento con cerca de 200 ocupantes
La intervención se produce después de semanas de incertidumbre sobre la fecha del desalojo. A principios de octubre, la Guardia Civil confirmó a La Voz de Ibiza que preparaba el dispositivo, aunque entonces todavía no había un día fijado para ejecutarlo.
En aquel momento, los cerca de 200 ocupantes del asentamiento reclamaban al menos 15 días de margen para abandonar la finca. El lugar, situado en la parroquia de Es Cubells, alberga caravanas, tiendas de campaña y construcciones precarias levantadas alrededor de la antigua vivienda.
La situación se agravó a finales de septiembre, cuando un hombre de 48 años falleció tras sufrir quemaduras en un incendio registrado en una de las infraviviendas. Posteriormente, la Guardia Civil desplazó varias patrullas al asentamiento en el marco de la investigación sobre las circunstancias del suceso.
La preocupación por el traslado de los ocupantes
Uno de los interrogantes que rodean el desalojo es qué ocurrirá con las personas que todavía permanecen en Casa Lola y si algunas podrían trasladarse a otras propiedades próximas.
Como adelantó La Voz de Ibiza, vecinos de la zona alertaron a principios de octubre de que algunos ocupantes habían comenzado a abandonar voluntariamente el asentamiento y a trasladarse a un terreno situado justo enfrente.
Este periódico comprobó entonces la presencia de una caravana y una vivienda parcialmente en obras en esa propiedad, así como movimientos de personas procedentes de Casa Lola. La situación generó inquietud entre los residentes del entorno, que temen que el desalojo no suponga el final de los problemas, sino su desplazamiento a fincas cercanas.
Una finca marcada por las disputas entre la propiedad y el Ayuntamiento
El conflicto de Casa Lola también ha enfrentado durante los últimos meses al Ayuntamiento de Sant Josep y a la propietaria, Francisca Sánchez Ordoñez, conocida como ‘Paquita’ Marsan.
El alcalde, Vicent Roig, llegó a acusar públicamente a la empresaria de favorecer la ocupación de la finca. Por su parte, los representantes legales de Marsan rechazaron las acusaciones y defendieron que la propiedad había impulsado las actuaciones judiciales necesarias para recuperar el inmueble.
El caso arrastra además un largo historial de irregularidades urbanísticas, con dos expedientes sancionadores caducados y denuncias por nuevas construcciones ilegales.
Seguridad privada y cierre de los accesos
Una vez ejecutada la orden judicial, la propiedad tiene previsto desplegar un dispositivo de seguridad privada, además de precintar y tapiar los accesos para impedir nuevas ocupaciones.
También contempla limpiar y rehabilitar la finca, aunque el alcance definitivo de las actuaciones dependerá de la situación en la que se encuentre el inmueble tras recuperar su posesión.
