El desalojo de Casa Lola, el asentamiento de Sant Josep en el que viven cerca de 200 personas, está ya autorizado por la Justicia. La orden llegó pocos días después del episodio más grave registrado en la finca: la muerte de un hombre de 48 años tras el incendio de una de las infraviviendas. Ahora, con un auto que establece el desalojo inmediato, se produce una situación paradójica: quienes parecen tener más claro cuándo deberán abandonar el lugar son los propios residentes.
Personas que viven en Casa Lola aseguran que les han comunicado que el operativo se realizará el próximo martes 6 de octubre, según ha informado IB3. Sin embargo, cuando La Voz de Ibiza ha intentado confirmar esa fecha entre las distintas partes implicadas, nadie confirma cuándo se ejecutará la orden.
Y la pelota va de un lado a otro.
La Guardia Civil remite al juzgado cualquier información sobre la fecha del operativo. Desde la Justicia de Ibiza, en cambio, sostienen que establecer cuándo se realizará el desalojo no les corresponde y señalan a la Guardia Civil.
El Ayuntamiento de Sant Josep tampoco dispone de información sobre el día elegido y remite igualmente a lo que determine el juzgado. Por su parte, Juan Carlos Rodríguez Tur, abogado de la propiedad, tampoco tiene conocimiento de que el martes 6 haya sido fijado oficialmente para recuperar la finca.
El resultado es una situación llamativa: los residentes de Casa Lola manejan una fecha que no confirma ninguno de los actores consultados por La Voz de Ibiza. El 6 de octubre está sobre la mesa, pero oficialmente el operativo continúa sin día conocido.
Una orden inmediata, pero sin día en el calendario
Lo que sí está claro es la orden judicial. El auto dictado el 30 de septiembre acuerda como medida cautelar el desalojo inmediato de Casa Lola y la restitución del inmueble a Inversiones Hoteleras Faro S.L., propietaria de la finca. La resolución permite además que los ocupantes sean expulsados por la fuerza pública si fuera necesario.
Sin embargo, el juez no fija una fecha concreta para ejecutar el desalojo. La resolución encarga a la Policía Judicial —Guardia Civil o Policía Local— la adopción de las medidas que considere oportunas para cumplir la orden.
La medida cautelar se adopta dentro de un procedimiento por un delito leve de usurpación, después de que Inversiones Hoteleras Faro solicitara el desalojo y la restitución del inmueble.
El juzgado considera que existen indicios de una ocupación con vocación de permanencia, sin título que legitime la posesión y sin autorización de la propiedad. La resolución señala también que los ocupantes son desconocidos y han ido variando con el tiempo, con personas que abandonan la finca y otras que vuelven a ocuparla.
Precisamente por esta situación cambiante, la orden puede alcanzar también a ocupantes que no hayan sido identificados previamente. El objetivo de la medida es recuperar la posesión de la finca y devolverla a su legítima propietaria.
Cerca de 200 personas entre lonas, caravanas e infraviviendas
Casa Lola arrastra desde hace años un complejo conflicto urbanístico, administrativo y judicial. Con el paso del tiempo, la finca terminó convertida además en un asentamiento de caravanas, tiendas de campaña e infraviviendas en el que viven cerca de 200 personas.
Las imágenes obtenidas por La Voz de Ibiza en el interior muestran tiendas tipo iglú reforzadas con grandes lonas azules y verdes, entradas cubiertas con plásticos y diferentes estructuras improvisadas repartidas por el terreno. Entre los pinos y palmeras aparecen también caravanas, motos, bicicletas, cajas y numerosos residuos.
El movimiento de personas dentro y fuera del recinto dificulta establecer una cifra exacta de residentes. Esa circunstancia aparece también en la propia resolución judicial, que advierte de que las personas que ocupan Casa Lola han ido cambiando a lo largo del tiempo.
La situación alcanzó su episodio más grave el 27 de septiembre, cuando se produjo un incendio en una de las infraviviendas. Un hombre paraguayo de 48 años sufrió quemaduras en alrededor del 90% de su cuerpo y posteriormente falleció.
La Guardia Civil abrió una investigación sobre las circunstancias del fuego y agentes recorrieron posteriormente el asentamiento. Días después de la muerte del hombre, el 30 de septiembre, llegó el auto que autorizó el desalojo inmediato.
Qué quiere hacer Paquita Marsan cuando recupere Casa Lola
La propiedad ya prepara los pasos que dará cuando pueda recuperar el control efectivo de la finca.
Paquita Marsan pretende comenzar por vaciar y limpiar Casa Lola, retirar los elementos acumulados durante la ocupación y actuar sobre las chabolas y construcciones precarias levantadas en el terreno.
El plan contempla también vallar el perímetro para evitar que la finca vuelva a ser ocupada y proceder al derribo de las construcciones ilegales. La propiedad deberá retirar además caravanas, vehículos, residuos y otros elementos que actualmente permanecen distribuidos por el recinto.
Después llegará el momento de evaluar las edificaciones originales que todavía permanecen en pie y determinar qué puede recuperarse. El deterioro sufrido durante estos años obliga, según ha explicado el abogado de la propiedad a La Voz de Ibiza, a afrontar primero la recuperación física del terreno antes de decidir el futuro definitivo de Casa Lola.
El objetivo inmediato de Marsan, por tanto, es recuperar, limpiar, cerrar y asegurar la finca una vez que los ocupantes hayan salido.
Qué ha dicho Vicent Roig sobre Casa Lola
El deterioro de Casa Lola ha provocado además durante los últimos meses un duro enfrentamiento entre la propiedad y el Ayuntamiento de Sant Josep.
El alcalde, Vicent Roig, ha cuestionado públicamente el papel de Paquita Marsan en la situación del asentamiento y llegó a responsabilizarla de favorecer la ocupación del lugar.
El Ayuntamiento también aseguró haber recibido testimonios de residentes que afirmaban pagar una cantidad de dinero para permanecer dentro de Casa Lola. El Consistorio trasladó esa información para que pudiera ser investigada.
Otro de los principales puntos de fricción fue la imposibilidad del Ayuntamiento de realizar una inspección en el interior de la finca. Sant Josep pretendía comprobar tanto las condiciones existentes en el asentamiento como las construcciones levantadas en el terreno, pero la propiedad impidió el acceso sin una autorización judicial.
La versión de Marsan es radicalmente distinta. A través de su abogado, ha negado que la propietaria cobre dinero a las personas instaladas en Casa Lola y ha defendido que fue precisamente ella quien acudió a la Justicia para conseguir recuperar la finca.
La resolución judicial recoge, de hecho, que consta la voluntad expresa de la propiedad de no tolerar la ocupación y considera acreditado, a efectos de esta medida cautelar, que la permanencia en el inmueble se produce contra la voluntad de su titular.
Los vecinos llevan meses reclamando una solución
En medio del enfrentamiento entre Ayuntamiento y propiedad están los vecinos del entorno de Casa Lola, que llevan meses reclamando una solución para lo que ocurre dentro y alrededor de la finca.
Sus quejas se han centrado en el crecimiento del asentamiento, la proliferación de infraviviendas y caravanas, la acumulación de residuos y los problemas de seguridad y convivencia asociados a la situación del recinto.
El incendio del 27 de septiembre y la posterior muerte de uno de los residentes volvieron a poner el foco sobre las condiciones existentes dentro de Casa Lola.
Ahora hay algo que ya no está en discusión: la Justicia ha autorizado el desalojo inmediato y la devolución de la finca a su propietaria.
Lo que nadie parece saber —al menos oficialmente— es cuándo ocurrirá.
