El Ayuntamiento de Ibiza ha vuelto a dejar en espera a los vecinos antes de decidir qué hacer con la licencia del Hotel Ibiza Corso. Mes y medio después de que el alcalde, Rafael Triguero, reclamara «tiempo» para esclarecer las irregularidades denunciadas en el expediente, el concejal de Urbanismo Juan Flores ha apelado ahora a la «paciencia» y ha evitado aclarar en el pleno municipal si el Consistorio terminará anulando el permiso que concedió para reformar el hotel e instalar en él una sala de ocio.
La respuesta llegó a una pregunta directa de Vox: si el Ayuntamiento tiene previsto anular definitivamente la licencia urbanística 11/2026 tras constatarse que el proyecto supera el límite de ocupación permitido. Flores no contestó ni sí ni no. «En estos momentos lo que les puedo decir es que la licencia está suspendida cautelarmente y que los servicios técnicos municipales están trabajando para determinar qué actuaciones corresponden ahora», señaló durante la sesión.
«No vamos a anticipar una decisión que no está tomada», añadió, y sostuvo que, una vez completados «todos los informes técnicos», el Ayuntamiento actuará «conforme a la legalidad del procedimiento administrativo».
Y cerró con una petición dirigida expresamente a quienes llevan meses cuestionando el proyecto. «Entiendo la preocupación de los vecinos de Illa Plana y de Talamanca. Sí que les pido un poco de paciencia», afirmó. «Estos procesos a veces son un poco más lentos, y precisamente por eso estamos tratando este asunto con el máximo rigor posible, para que no haya ningún tipo de duda y de error».
De «tiempo» a «paciencia»
No es la primera vez que el gobierno municipal reclama espera ante las preguntas sobre el Corso. El pasado 4 de agosto, después de que los vecinos llevaran al pleno siete cuestiones concretas sobre la licencia, Triguero evitó contestarlas una por una, pidió prudencia y cerró su intervención con una fórmula muy parecida a la de ahora: «Solo les pido tiempo». El alcalde llegó entonces a admitir que «algo en el camino» podía haberse quedado pendiente de resolver.
Qué ha ocurrido desde entonces
En estas siete semanas el expediente ha avanzado, aunque no en la dirección de una decisión de fondo.
El 12 de agosto, una de las vecinas recurrentes registró una solicitud para que se suspendiera la eficacia de la licencia. El 28 de agosto, los servicios técnicos municipales emitieron un informe —remitido al Consell tres días después— en el que sostenían que la vieja licencia de sala de baile de 1997 amparaba una actividad «autónoma y abierta al público general». El 9 de septiembre, a petición de PSOE y Unidas Podemos, se celebró una junta de portavoces monográfica en la que el equipo de gobierno reconoció ante los grupos que el proyecto supera el límite de ocupación y que se estudiaba la fórmula jurídica para corregirlo.
Y el 17 de septiembre, el Consistorio dictó la resolución que suspendió la eficacia de la licencia y, con ella, la posibilidad de ejecutar las obras, que iban a reanudarse el 1 de octubre al decaer el bando estival.
En paralelo, el Consell de Ibiza mantiene abierta la revisión del informe turístico de octubre de 2025, el documento preceptivo y vinculante sin el cual la licencia no podía haberse otorgado. Tras incorporar al expediente el informe municipal de agosto, abrió un trámite adicional de audiencia que concluyó a mediados de septiembre. La decisión de fondo corresponde a la Comisión de Ordenación Turística, que todavía no ha sido convocada.
A ello se suma otro movimiento con efectos sobre el expediente: el Consell prevé llevar al Pleno la declaración de buena parte de la ciudad —incluido el entorno del Corso— como zona turística saturada y de reconversión, una figura que reactivaría en ese ámbito un régimen extraordinario de mejora hotelera al que el establecimiento podría acogerse para presentar un proyecto nuevo.
El exceso de ocupación, en el origen
El asunto sobre el que Vox preguntó viene de antes del verano. El régimen excepcional por el que se tramitó la ampliación —el artículo 7 de la Ley 2/2020, nacido durante la pandemia— exige que el incremento de superficie edificada y de ocupación no supere el 15 % de lo legalmente construido.
Un informe de la arquitecta técnica municipal del 22 de julio, emitido en respuesta a un requerimiento del Consell, concluyó que la afirmación del proyecto de que ese incremento no excedía del 15 % «no puede tenerse por correcta» en cuanto al parámetro de ocupación, y que el incumplimiento no resultaba subsanable mediante una modificación del proyecto.
Lo que el Ayuntamiento no ha precisado en ningún momento es de cuánto es ese exceso. La propia resolución de suspensión del 17 de septiembre lo deja por escrito: un informe de los servicios jurídicos municipales advirtió de que había que requerir a los técnicos un nuevo informe que concretara el porcentaje y los metros cuadrados, porque el de julio «no concreta ni detalla» ninguno de los dos datos, necesarios para determinar la afectación sobre la licencia.
Una licencia con varios frentes abiertos
El exceso de ocupación no es la única controversia del expediente. La licencia se concedió sobre la premisa de que existía una sala de fiestas legalmente implantada, una premisa que el propio Ayuntamiento rectificó el 7 de julio al declarar que no consta título habilitante alguno de esa actividad. La única licencia recreativa localizada corresponde a una sala de baile de 1997, cuyo impreso remite además a una licencia de obras que no aparece identificada en los antecedentes municipales.
Ese vacío ha dado lugar a explicaciones sucesivas y difíciles de conciliar. El Consistorio defendió primero la existencia de una sala de fiestas preexistente; después presentó el espacio como un servicio complementario reservado a los huéspedes; y en agosto sostuvo ante el Consell que la sala de baile de 1997 funcionaba de manera autónoma y abierta al público.
La distinción es determinante: el Plan General de 2023 prohíbe implantar nuevas salas de fiesta, discotecas y salas de baile en todo el término municipal, mientras que la existencia legal de una actividad recreativa previa cambiaría el encaje del proyecto. Es una de las cuestiones que sostienen los recursos presentados contra la licencia, entre ellos dos contencioso-administrativos que se tramitan en los juzgados de Palma.
Suspendida, pero todavía viva
La resolución del 17 de septiembre suspendió la eficacia del permiso, pero no lo anuló. Dejó pendiente cuantificar el exceso de ocupación y determinar sus consecuencias jurídicas, y previó expresamente que la suspensión pueda levantarse «cuando se constate la desaparición» de las circunstancias que la motivaron.
Precisamente ahí apuntaba la pregunta de Vox, el último grupo de la oposición municipal en pronunciarse sobre el caso: si, reconocido el exceso, el Ayuntamiento pasará de la suspensión provisional a la anulación definitiva. La respuesta, por ahora, es que habrá que esperar.
