El exasesor ministerial Koldo García ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de abrir juicio oral por el caso mascarillas, cuyo inicio está previsto para el próximo 7 de abril.
El recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, ha sido presentado por su abogada, Leticia de la Hoz, quien sostiene que se han vulnerado varios derechos fundamentales, como el derecho a la tutela judicial efectiva, al juez ordinario predeterminado por la ley y a la prueba pertinente.
La defensa ya había planteado estas objeciones ante el Supremo el pasado 17 de marzo, pero fueron rechazadas. Ahora, solicita al Constitucional que paralice el proceso y que el caso sea derivado a la Audiencia Nacional, al considerar que el alto tribunal ya no es competente tras la renuncia al acta de diputado de José Luis Ábalos y la pérdida de su condición de aforado.
Según el escrito, el Supremo habría priorizado “el rigorismo de los plazos y la comodidad judicial” por encima de los derechos del acusado, generando una situación de indefensión.
“Indefensión a ciegas”
Uno de los principales argumentos de la defensa es la falta de acceso a pruebas clave, especialmente los datos extraídos de los teléfonos móviles analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La abogada denuncia que se enfrenta a un juicio oral sin haber podido “analizar ni contradecir las pruebas tecnológicas que sustentan la acusación”, lo que define como una situación de “indefensión a ciegas”.
En este sentido, sostiene que la UCO habría realizado una interpretación “sesgada y descontextualizada” de los mensajes, y que la falta de acceso a los datos originales impide a la defensa verificar la cronología, analizar metadatos y cuestionar las conclusiones policiales.
Para la defensa, esta limitación vulnera el derecho a la prueba y el principio de igualdad de armas, al no poder contrastar si las deducciones de los investigadores se corresponden con la realidad.
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Dudas sobre la investigación
El recurso también pone el foco en el inicio de la investigación, al considerar “vital” determinar cuándo comenzaron las pesquisas. Según la defensa, si estas se iniciaron antes de contar con la autorización del Congreso, podría haberse producido una “vulneración constitucional grave”, al afectar a un entonces aforado como Ábalos.
Además, el escrito cuestiona la base del relato acusatorio, al señalar que se apoyaría en un supuesto “pacto opaco” con el empresario Víctor de Aldama, también acusado en la causa.
Según la defensa, este acuerdo implicaría beneficios penales a cambio de incriminar a Koldo, lo que, a su juicio, generaría una “verdad de artificio” y situaría al acusado en una posición de inferioridad en el proceso.
Peticiones de pena
En el marco del caso mascarillas, la Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Aldama, quien ha reconocido los hechos.
Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, elevan la petición hasta los 30 años de cárcel tanto para el exministro como para su exasesor.
El Tribunal Constitucional deberá ahora decidir si admite a trámite el recurso, en un proceso que podría afectar al calendario del juicio previsto para abril y al futuro judicial de uno de los casos más relevantes vinculados a la gestión de la pandemia.
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