La reciente fuga de funcionarios en el Centro Penitenciario de Ibiza tras el último concurso de traslados ha dejado al descubierto un problema de fondo que va más allá de la falta puntual de personal: cada vez más trabajadores consideran su destino en la isla como una auténtica condena.
Así lo describe el delegado sindical de ACAIP en la prisión, Sergio Torrano, quien advierte de una situación que se repite año tras año, pero que ahora se agrava por la falta de planificación y el elevado coste de vida.
“Estamos hablando de que casi un 40% de la plantilla no está operativa”, explica, al detallar que de los 102 puestos previstos, a las vacantes estructurales se suman 25 funcionarios que ya han abandonado el centro y otros seis retenidos temporalmente
Una “condena” fuera de la cárcel
Aunque pueda parecer paradójico, el problema no está tanto dentro del centro penitenciario como fuera. “El trabajo en sí no es lo más complicado. El problema es la vida en la isla”, resume Torrano.
La falta de vivienda y los precios disparados obligan a los funcionarios a compartir piso incluso en edades avanzadas o con cargas familiares. “Hay compañeros con hijos que tienen que vivir en habitaciones compartidas pagando entre 600 y 800 euros al mes”, explica.
A diferencia de otros sectores laborales en Ibiza, estos trabajadores no contemplan alternativas como vivir en asentamientos o autocaravanas. No es una opción dentro de su realidad profesional.
El resultado es una situación de desarraigo constante, en la que muchos funcionarios mantienen su vida familiar en la península y se ven obligados a vivir a caballo entre dos lugares. “Es una vida partida”, reconoce.
Un destino de paso
Este contexto convierte Ibiza en un destino poco atractivo. “La gente viene porque está obligada o porque busca ascender, pero en cuanto puede, se marcha”, señala el delegado.
El salario tampoco ayuda a fijar población. Un funcionario de prisiones percibe en torno a 1.900 euros en oficinas y algo más de 2.100 en interior, cifras que, según denuncian, resultan insuficientes para afrontar el coste de vida en la isla.
“En otras ciudades puedes vivir dignamente con ese sueldo, pero en Ibiza es imposible”, afirma.
Insularidad y falta de incentivos
Uno de los puntos centrales de la reclamación es el complemento de insularidad, que los sindicatos consideran insuficiente para compensar el coste real de vivir en Ibiza.
“Se habló de equiparar este plus al de Canarias, pero a día de hoy no hay nada concreto”, señala Torrano, quien insiste en que esta medida sería clave para atraer y retener personal.
Sin embargo, advierte de que no es una solución completa. “Ayudaría, pero si no se actúa sobre la vivienda, el problema va a seguir”, afirma.
Plantilla bajo mínimos en plena temporada alta
El problema se agrava por el momento del año en el que se produce. La salida de efectivos coincide con el inicio de la temporada alta.
“Aquí la temporada alta no es solo turística, también lo es para la prisión. Hay más delincuencia, más detenciones y más entradas”, explica Torrano.
El centro, que funciona principalmente con internos preventivos, verá aumentar su población en los próximos meses, mientras trabaja con menos personal. “Habrá módulos donde debería haber dos funcionarios y habrá uno”, advierte.
Cómo se sostiene el servicio
Ante la falta de personal, a la dirección no le queda otra que recurrir a prolongaciones de jornada, lo que provoca sobreesfuerzos en la plantilla. “Es un parche”, reconoce el delegado, que alerta del desgaste que esto genera.
A esto se suma otro problema grave: la falta de médico en el centro penitenciario. “No tenemos médico”, denuncia.
Esta situación obliga a trasladar a los internos al hospital ante cualquier incidencia, lo que implica movilizar a fuerzas de seguridad y aumenta la presión sobre el sistema sanitario.
Un problema estructural sin resolver
La situación, insiste el delegado, no es nueva, pero cada vez es más difícil de sostener. “Todos los años se va un porcentaje muy alto de la plantilla”, explica.
La solución, a su juicio, pasa por una mejor planificación de los traslados, incentivos reales y medidas que faciliten el acceso a la vivienda para los trabajadores.
“Si no se actúa, llegará un momento en que será insostenible”, concluye.
