La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, rechazó este jueves durante su visita a Ca n’Escandell establecer criterios de arraigo local para acceder a las 532 viviendas previstas en el barrio. «El Gobierno gobierna para todos los españoles», dijo, y cerró el debate con una frase dirigida al alcalde Rafael Triguero, que le pedía prioridad para los residentes: «Serán residentes todos los que vivan en Casa 47».
Sin embargo, el portavoz del Govern balear, Antoni Costa, le respondió al día siguiente invocando la legislación autonómica: «Las viviendas de Ca n’Escandell no van a ser para nadie más que para los ibicencos».
Justamente, la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Islas Baleares, es clara y contradice los términos de la ministra del Gobierno central.
Lo que dice la ley
El artículo 70.8 de la Ley 5/2018 de Vivienda de las Islas Baleares, incorporado en esta legislatura por el actual Govern del Partido Popular, establece con claridad: «Para poder acceder a una vivienda protegida o sometida a cualquier régimen de protección pública, el beneficiario acreditará la residencia en el territorio de las Islas Baleares, por un plazo mínimo de cinco años inmediatamente anterior, en el caso de promociones de titularidad pública, a la fecha en que se adopte el acuerdo de inicio del procedimiento de adjudicación».
Y añade un segundo nivel de preferencia: «Tendrán preferencia, en el caso de promociones de titularidad pública, los que acrediten la residencia por este plazo en el municipio donde se encuentre la vivienda».
Lo que confirma la Conselleria
Desde la Conselleria de Vivienda del Govern balear explican a este medio que la norma se aplica con independencia de quién construya o gestione las viviendas: «Al margen de quién construya, si es quien gestiona esas viviendas, sea el IBAVI o sea Casa 47, la ley autonómica lo establece».
Y añaden: «Con lo cual, todas las viviendas públicas deben ser para residentes, con cinco años de residencia en Baleares y con preferencia para los del municipio, en este caso de Ibiza».
La batalla jurídica
La afirmación del Govern de que la ley autonómica vincula a Casa 47 no es jurídicamente pacífica. En materia de vivienda, el artículo 30.3 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares atribuye competencia exclusiva a la comunidad autónoma, lo que en principio significa que la Ley 5/2018 rige en su territorio y obliga a cualquier administración que actúe en él, incluidas las entidades estatales. Ese es el argumento del Govern.
Sin embargo, el Estado dispone de competencias concurrentes que podrían colisionar con esa lectura: legislación civil, hacienda general y bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. El Gobierno central podría argumentar que Casa 47, como entidad pública estatal, actúa bajo su propio marco jurídico y que los criterios de acceso a las viviendas que gestiona los fija el Estado en ejercicio de sus propias competencias.
Ninguna de las dos administraciones ha planteado aún ese conflicto de forma explícita. Si el Gobierno decidiera ignorar el artículo 70.8 de la ley balear, el Govern tendría que impugnarlo y la disputa acabaría previsiblemente ante el Tribunal Constitucional.
Por ahora, el debate se libra en ruedas de prensa. Las llaves de Ca n’Escandell, todavía a años vista, darán tiempo a que el conflicto jurídico se resuelva o se evite.
Qué pasa con cada parcela
Ca n’Escandell se divide en tres parcelas. Dos de ellas —las manzanas 8 y 9, con 165 y 197 viviendas respectivamente— las ejecutará y gestionará Casa 47, la entidad estatal surgida de la transformación del SEPES.
La manzana 10, que contempla otras 170 viviendas, tiene una titularidad compartida: Casa 47 controla aproximadamente el 60% del suelo y el Ayuntamiento de Ibiza el 40% restante.
La ministra propuso el jueves trasladar la titularidad completa de esa parcela al IBAVI —que asumiría la construcción— mientras que el Ministerio asumiría económicamente la parte que le corresponde y recibiría después las viviendas para incorporarlas al parque estatal.
En cualquiera de los casos, según el Govern, el requisito de cinco años de residencia se aplica igualmente: «Al margen de quién construya o gestione, la ley autonómica lo establece».
